Quería pedirle, señor Presidente, que me contrate como espía. El problema es que no soy ni estudiante paisa ni taxista caleño y su propuesta parece limitada a esos grupos de la población. Me pregunto si será necesario limitar tan buena idea a estudiantes y taxistas. ¿No cree Usted que debe haber más de un profesor agazapado tramando acciones sospechosas? Usted no se alcanza a imaginar la cantidad de opositores que Usted tiene dentro de la academia. Yo podría desde mi trinchera ayudarlo a combatir esas fuerzas oscuras. Desde ya sueño con el nuevo letrero a la entrada de mi oficina: Marc Hofstetter, profesor, investigador, espía. Dentro de unos años, cuando hayamos (ya hablo en plural, como si hubiera aceptado mi solicitud) derrotado la violencia podré jubilarme de espía. ¿Se imagina la cara de asombro que pondrán mis hijas el día que les cuente que su papá era un espía?
Quería discutir algunos detalles del contrato; primero, creo que como profesor debo ganar más que un estudiante. ¿Le parece si fijamos el contrato en 200.000? En segundo lugar, ¿me van descontar parafiscales de esa suma? ¿Me toca inscribirme en la PILA? Como esto es un servicio, ¿debo además pagar IVA? Si las respuestas a las preguntas anteriores son positivas, tal vez debía pagarme 300.000; de lo contrario poca cosa me va aquedar de este servicio a la patria. Finalmente, ¿cómo funciona el tema de las pensiones para los espías? Lo digo porque yo dedico mi vida laboral a dictar clases y escribir artículos en revistas académicas, capítulos en libros, etc. ¿Será que podemos pensar en un régimen pensional como el de los congresistas, es decir, que nos valgan las publicaciones como años adicionales de servicio a la patria?
Finalmente, ¿habrá forma de mantener este pago secreto? Fíjese que si no lo escondemos es posible que me declaren “pudiente” y por tanto, a la luz de los decretos de la emergencia social, van a echar mano de mis ahorritos para pagar los gastos de mis posibles enfermedades futuras. A menos, claro está, que explotemos mis habilidades de espía y las aprovechemos para desenmascarar a los médicos irresponsables que proponen tratamientos caros. Los que hagamos parte de los ‘espías por la patria’ podríamos delatar a esos médicos y la multa que paguen según lo dispuesto en la bien pensada emergencia social, iría en un porcentaje (¿le parece 50%?) a las arcas del espía. Si Usted logra meter ese articulito en la emergencia, retiro mi solicitud de mantener secretos mis pagos.
La población desplazada: ¿beneficiarios menesterosos o ciudadanos con deberes y derechos?
Ana María Ibáñez
El gobierno anunció con su usual grandilocuencia una inversión de $1.5 billones de pesos para la población desplazada en el año 2010 (http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/noviembre/19/10192009.html). Anuncio que celebro. Pero, al analizar algunos detalles de la política, surgen dudas de la verdadera efectividad de esta inversión para lograr su fin último: sacar a la población desplazada de la pobreza, promover su contribución como personas productivas a la sociedad y reparar su condición de víctimas.
Me explico. Tres etapas comprenden la asistencia a la población desplazada: la prevención, la ayuda humanitaria de emergencia y la estabilización socioeconómica. La atención humanitaria de emergencia, como su nombre bien lo indica, debe ser de emergencia, de corto plazo y atender a la población mientras se transita a los programas de estabilización económica. El éxito de la estabilización económica depende del Estado, que provee programas que permitan al desplazado recobrar su capacidad productiva, y de la persona desplazada, que se debe comprometer con su proceso de recuperación. Una vez se logra la estabilización socioeconómica, cesa la condición de desplazamiento y la familia recibe las ayudas usuales del Estado.
Esta responsabilidad compartida se desdibuja con la reciente modificación de la ayuda humanitaria de emergencia. La nueva ayuda otorga subsidios monetarios trimestrales (cheques) que van desde $910.000 a un poco más de $1.3 millones, dependiendo del tamaño de la familia. Si a esto se suman las ayudas de Familias en Acción, una familia desplazada de 5 miembros podría recibir ayudas trimestrales mayores a $1.5 millones, es decir mensualmente percibiría 87% de un salario mínimo (Aclaro que estas cifras no son exactas pues ha sido imposible conseguir un documento escrito de la política).
Esta política de corte asistencialista, tan conveniente en año electoral y que parece ha frenado la avalancha de tutelas, no es coherente desde un punto de vista económico y mucho menos desde la óptica de la reparación de las víctimas del conflicto. Por un lado, elimina los incentivos de la población desplazada para generar ingresos autónomos, crea una dependencia estatal poco conveniente y genera incentivos para posponer el tránsito hacia la cesación de la condición de desplazamiento. Desde la óptica de la reparación, una ayuda meramente asistencialista no dignifica a la población desplazada, ni los convierte en ciudadanos activos del país.
El Gobierno Nacional debe dejar de tratar a la población desplazada como beneficiarios menesterosos y mirarlos como ciudadanos con deberes y derechos. Sólo así iniciaremos un proceso de reconciliación entre ciudadanos en igualdad de condiciones.
Economía pública vs. Finanzas públicas. Round 3487.
Por: Christian Jaramillo
Las medidas que tomó el Gobierno sobre el POS en el marco de la emergencia social han recibido una fuerte crítica en virtud de los recortes en el aseguramiento. La discusión que ha seguido refleja una tensión secular al interior de la economía: la tensión entre la economía pública y las finanzas públicas. Entre las razones para gastar y las razones para no gastar. Entre las razones para la actividad económica del Estado y sus límites.
Una observación me preocupa. Los defensores de las razones para gastar cuentan con sorprendentemente pocos economistas en sus filas. Yo me pregunto, si la tensión se da al interior de la economía, ¿por qué es que entre los defensores de la nivelación del POS hay tan pocos economistas? ¿Por qué los economistas se ponen tan fácilmente el sombrero del Ministro de Hacienda (finanzas públicas) y no tanto el del economista público?
Por supuesto, una razón plausible es que el desbalance fiscal en esto del POS es abrumador. Y así es, un recorte de gasto era necesario. Pero es que el sesgo no se limita al tema de la salud sino que es generalizado. ¡Baje los parafiscales como sea! ¡Desregule! ¡Privatice! ¿Le suena?
Yo propongo otra explicación (que no excluye la anterior): en el fondo éste es aún un país de macroeconomistas. Las razones del gasto público se suelen encontrar en la microeconomía, no en la macro. Temas como desigualdad de ingreso, bienestar y fallas de mercado se reflejan sólo muy limitadamente en los modelos macroeconómicos. El agente representativo no conoce la desigualdad. Su bienestar se ve si acaso en consumo, que en el largo plazo va con la capacidad de producción: de ahí el énfasis en crecimiento. Fallas de mercado, sólo las generalizadas –desempleo, inestabilidad de precios (inflación) y de sector financiero: ¡Precisamente las que atañen al Ministro de Hacienda!
Los modelos –y por lo tanto el Estado– de los macroeconomistas se enfocan en esas variables; las soluciones que proponen los macroeconomistas inevitablemente se refieren a esas variables. Lo central es el crecimiento; el gasto público sólo se justifica si ayuda a crecer. Dentro de esa lógica el gasto en salud o aquel en cultura, o la regulación, son lujos que se da el Estado porque –qué calamidad– la otra gente que opina en política no entiende la economía. El resultado es, francamente, un Estado estéril y sin una idea de sociedad. Un Estado incapaz de proponer una dirección de desplazamiento, de desarrollo.
Este no es un status quo deseable: ni para el Estado ni para la economía, ni mucho menos para la sociedad. Las dimensiones del Estado que los economistas ignoran sólo encuentran eco en otros formuladores de política, aquellos cuyo entrenamiento no necesariamente los alerta a la importancia del balance fiscal o a los riesgos de exagerar la regulación. Los juristas, digamos, defienden el gasto; los economistas se quejan del despilfarro. La decisión de igualar los POS contributivo y subsidiado es ejemplar para los unos e irresponsable para los otros.
Me contaba un amigo chileno que en Chile también fue así: hubo una época en que todos los economistas eran macro. El sueño de los que estudiaban economía era ser ministro de hacienda. Eso de ser experto en un mercado particular era como menos. Y además innecesario, porque los macroeconomistas sabían de todo en la economía: ningún mercado les quedaba grande. (O pequeño.) Las prescripciones regulatorias, por ejemplo, reflejaban fielmente el pensamiento macroeconómico en boga. Era como si todos los músicos fueran directores de orquesta y no se considerara necesario que algunos se especializaran en violín, trompeta o percusión.
Según mi amigo eso cambió cuando se logró una masa crítica de economistas dedicada al estudio de mercados específicos. (Él tiene también una teoría de cómo se logró esa masa crítica, pero no viene a cuento aquí.) Es decir, cambió cuando hubo suficientes economistas analizando de cerca el rol microeconómico del Estado en el desarrollo y defendiéndolo en la discusión de política.
No sé si lo que dice mi amigo chileno que pasó en Chile se puede sustentar con cifras; la conversación nuestra fue como de café y galletas. Y los dos nos consideramos microeconomistas, así que no somos precisamente imparciales. Pero me suena plausible. ¿Será que en Colombia vamos también para allá? Ojalá. De pronto así entendemos mejor nosotros los economistas lo que nos dicen los demás, esos que infortunadamente también opinan en la discusión de políticas públicas.
Las medidas restrictivas deben ser temporales para facilitar la solución a problemas estructurales. Ahora que el debate se ha reabierto en navidad con motivo de la retirada temporal de la medida en Bogotá, cabe preguntarse cuál es el objetivo del Pico y Placa en el largo plazo. Después de más de diez años con la medida, el trancón en Bogotá aumenta, y la preocupación sobre el futuro de la movilidad en la ciudad oscurece.
Hay una realidad, y la política bogotana, impregnada de Peñalosismo desde hace diez años, sigue resistiéndose a aceptarla. No importa que se construyan los transmilenios y metros optimistamente proyectados, en Bogotá cada día habrá más carros. Es simple consecuencia de la mejora de ingresos de su población. Pero además, en Bogotá no se construye lo proyectado. Hoy, la fase 3 del transmilenio debería estar ya en funcionamiento, pero apenas se está construyendo, y va retrasada. No hablemos del metro, apenas una línea de metro proyectada, cuya construcción aún no es segura, y que aún construyéndose no solucionará el problema estructural. En Bogotá habrá más carros, habrá más trancón.
Actualmente se prohíbe la circulación del 40% de carros particulares cada día. Y el trancón se mantiene. Oficialmente se dice que en Bogotá circulan 1.4 millones de vehículos. Con una población estimada por el DANE para el 2010 de poco más de 7.3 millones de habitantes, el número de carros por 1000 habitantes es de apenas 163. En 2008, Sevilla, España tenía 630 vehículos, mientras que Madrid, la capital, llega a 620 por cada 1000 habitantes[1]. Países como Alemania, Dinamarca o Francia tenían hace diez años 515, 341 y 424 carros por mil habitantes respectivamente[2]. No digamos ya Estados Unidos donde se supera los 650 carros por mil habitantes. Aquí han pretendido convencernos que hay muchos carros, que la solución es el sistema de transporte público. Con esa premisa se desarrollo el sistema Transmilenio. Pero este tiene corredores cerca del colapso, como el de la autopista norte que conecta con la Caracas. Y a cambio el desarrollo vial ha sido escaso, casi nulo. El resultado, no hay vías, tampoco hay transporte público eficiente, y nos vemos avocados a que se aumente la restricción vehicular al 50%, luego al 60% y así hasta el 90%. Y seguirán culpando al aumento del ingreso de la población que termina en compra de carros. Nunca a la ineficacia oficial para entender el problema, y abordarlo en su integridad. Cómo ya mencioné anteriormente en este blog, entre 1978 y hoy apenas se han construido mil nuevos kilómetros de vías. El problema es evidente.
Uno se pregunta por qué la administración, ésta y las pasadas, no han comenzado por el principio. Se imaginan sistemas de transporte público utópicos para la realidad bogotana y desprecian las soluciones simples. ¿Por qué no sincronizan semáforos? ¿Por qué permiten giros haciendo dos o tres filas? ¿Por qué permiten que ambulancias, taxis, buses y vehículos particulares estacionen en frente de clínicas, centros comerciales o pasos de cebra obstruyendo la circulación? ¿Por qué no construyen bermas (ejemplo NQS, autonorte, autosur, etc) para que cada que un taxi pare o que algún vehículo se vare no se obstruya la circulación? ¿Por qué siempre hay una hilera de taxis parqueados en frente de las estaciones de transmilenio, y sin berma? ¿Por qué no se les ocurrió hacerlas? ¿Por qué no se diseña una política de movilidad empezando por el principio: educar a los bogotanos a circular?
La próxima campaña a la alcaldía requiere de propuestas novedosas, agresivas, inteligentes y que se salgan de la guerra entre transporte público vs particular en que nos metieron hace diez años. Hay que preguntarse lo siguiente, ¿Si hoy en día, con el trancón actual, la población con carro lo prefiere usar, será por qué le gusta aguantarse el trancón? Quizás, por ejemplo, lo mejor sea construir la primera línea de metro por donde más se necesita, por la vía autonorte – Avda. Caracas. Sería asumir que el transmilenio fue una excelente solución de mediano plazo, pero que ya ha cumplido su ciclo. A cambio lo quieren construir desde la 100 con once con la esperanza de que “desfogue” el TM de la Caracas. ¿No es mejor atacar los problemas directamente? No puede aceptarse el argumento de algunos radicales que argumentan que la construcción de vías es una equivocación porque se incentiva el uso del carro particular. Lo que hay que incentivar es una mejor movilidad, entendiendo el precepto básico: ¡cuánto más riqueza tengan los bogotanos, más carros habrá!
Por Juan Camilo Cardenas
La terrible tragedia en Haití ya nos va dando lecciones para maravillarnos con la naturaleza humana y las posibilidades de la tecnología y las redes sociales. La tragedia de Haití también nos debe aterrar por las muertes y pérdidas que podemos atribuir a la pobreza y a las débiles instituciones, pero ese no es el motivo de esta entrada al blog. Es la primera parte, la de esa posible armonía entre la tecnología y las redes sociales.
Expertos estimaban que a través de mensajes de texto (SMS) en el 2009 se recaudarían alrededor de $2 millones de dólares en EEUU en donaciones para causas altruistas y que la cifra en 2008 fue de apenas USD $350,000.
En apenas tres días desde el sismo en Haití, y a través de principalmente dos campañas (la campaña de mGive.com con un mensaje de texto al número 90999 que transfiere fondos a la Cruz Roja Americana, y la campaña de Yele.org con el 501501, se habrían recolectado en EEUU mas de $10 millones de dólares al final del viernes 15 cuando escribo esto. El crecimiento de semejante esfuerzo colectivo pareciera ser exponencial en sus primeras horas. Por ejemplo, las donaciones por esta vía a la Cruz Roja Americana comenzaron a las 8 de la noche del 12 de enero y a las 9am del jueves 14 se habían recaudado $3 millones de dólares. El fenómeno se vuelve interesante cuando se comparan los porcentajes de donantes por estado con un 16% de los Californianos donando por esta vía y apenas un 0.1% en el estado de Sara Palin.
La agencia de emergencias italiana reporta en su página que han recaudado cerca de 3 millones de euros por esta vía celular, con donaciones de 2 euros cada una. Sigan sumando pequeñas acciones individuales
Para contrastar estas cifras, por ejemplo, la Cruz Roja de Estados Unidos había iniciado su atención a la emergencia con $200,000 dólares de sus fondos propios. La Cruz Roja Colombiana también está haciendo su parte y declara que el operativo de ayuda tiene un valor de $100,000 dólares.
Las lecciones: sabiendo que las donaciones están limitadas a unos pocos dólares o euros por mensaje, estamos hablando de un par de millones de personas que hacen este pequeño esfuerzo económico a través de su factura de celular y generan una donación considerable para la atención de la emergencia.
Aquí apenas vislumbramos el poder de las redes sociales en el efecto de rebaño o de moda que tiene en cada uno lo que nuestros vecinos conocidos hacen y que despierta algo de identidad (de oveja, de soldado o de co-equipero, llámenlo como quieran) y que en agregado tiene impactos que apenas comenzamos a conocer y a aprender. Los usuarios de facebook podrían hacer un ejercicio sencillo, hagan una búsqueda de grupos o causas recientemente creadas para ayudar o conectar ayudas para la tragedia en Haiti y encontraran apenas una de ellas con 200,000 amigos, un grupo mas de menos de 100,000 y varias otras de unos pocos miles. Si refinan la búsqueda a los grupos que promueven el uso del mensaje de texto que generó los $10 millones de dólares encontraran muchos grupos de muy pocas personas. El punto es que estos grandes números resultaron de fenómenos no planificados centralmente pero si como resultado de esos pequeños vecindarios de amigos y conocidos que nos convencen indirectamente de que una pequeña acción individual se puede traducir en un impacto sustancial.
Queda una pregunta: será que esto solo funciona ante estas tragedias? Y esas otras causas tan igualmente importantes?
El punto central es que los precios de sectores regulados son los que tuvieron mayor crecimiento durante el año anterior. Los precios de los servicios públicos subieron por encima del 5% y los de educación por encima del 6% (tres veces la inflación total). La medicina prepagada (que no está regulada, aunque la mayoría del sector salud sí lo está) subió 8,83%. Algo está fallando en la regulación de estos servicios.
Para este año, mi factura de medicina prepagada ya subió 8% (sin IVA) ¿Por qué las empresas de medicina prepagada suben tanto los precios? Se me ocurren dos causas. Primero, no hay información pública de precios y obtenerla es costoso. Segundo, existen costos altos de cambiarse de empresa debido a los servicios que se manejan por antigüedad y pre-existencia. La primera causa se podría controlar fácilmente y a bajo costo si la Supersalud obligara a las empresas prestadoras de los servicios a reportar claramente sus tarifas en sus páginas web (Ninguna lo hace y sugieren contactar a un comercial). Este tipo de experimentos ha funcionado muy bien en otros lugares y sectores para controlar precios. El tema de la antigüedad y la pre-existencia es más complejo ¿alguna idea?
Pregunta adicional: Si cuenta con el servicio ¿Cuánto subió su factura de medicina prepagada?
Escasez de agua: multando los hogares de alto consumo
Por Marcela Eslava
Dice El Tiempo en una nota reciente que, dada la actual coyuntura de escasez de agua, el Viceministerio de Agua estudia la posibilidad de imponer multas a los hogares que consuman el líquido “en exceso”. Las multas se impondrían a los hogares que consuman en un mes más de un cierto nivel límite. La nota también trae datos interesantes sobre características de la demanda por agua. Dice que el promedio de consumo a nivel nacional es de 18 metros cúbicos al mes por hogar, que un hogar de dos personas consume en promedio 8 metros cúbicos y que un nivel de consumo mayor a 40 metros cúbicos se considera suntuario. Consumos superiores a ese nivel “suntuario” generarían cobro de la mencionada multa.
Presumiblemente, la política intenta generar incentivos para reducir el consumo de agua, que es a lo que deberíamos apuntarle en las actuales circunstancias, para evitar tener que acudir a la intensificación de medidas drásticas como los racionamientos. Desincentivar el consumo por medio de cambios temporales en los precios me suena bien como medida para frenar el agravamiento de la escasez de agua. Los detalles que se han publicado sobre cómo se planea diseñar estas multas, sin embargo, parecen susceptibles de sustanciales mejoras. La primera pregunta evidente es si es justo penalizar a los hogares más grandes: los datos mencionados arriba en efecto sugieren, como era de esperarse, importantes diferencias en el consumo derivadas del tamaño del hogar. Juzgando por esos datos parecería improbable que un hogar de dos personas llegue a pagar la multa, aún si sus miembros se dedican a lavar el carro a manguerazo limpio todos los días. Más importante, sin embargo, me parece preguntarse si este diseño de la política es el más eficaz para lograr el objetivo de reducir el consumo mientras se supera la emergencia. Multar a quienes consumen más de X litros de agua sólo genera incentivos para ahorrar en aquellos hogares que suelen sobrepasar ese límite; en el caso colombiano parecería que con un nivel límite de 40 metros cúbicos pocos hogares estarían en esta situación.
¿No será mejor un esquema que premie a los ahorradores y castigue a los que no hacen el esfuercito de cerrar la ducha más rápido en estos días de calor decembrino? ¿Qué tal por ejemplo una tarifa algunos pesos más barata para los hogares que reduzcan su consumo en un cierto nivel con respecto al mes anterior? ¿Qué tal lo anterior complementado con un incremento del precio para los que aumenten su consumo? El incremento podría no se fijo, sino depender del ahorro de agua y del nivel de consumo previo, para maximizar los incentivos a ahorrar entre aquellos que más agua gastan. Dado el objetivo de obtener una reducción coyuntural en el consumo, incentivos basados en cambios con respecto al consumo previo parecen mejores que unos basados en niveles absolutos de consumo. Si se insiste en multas por consumos absolutos, como mínimo el diseño debería hacer que los límites dependan del tamaño del hogar. Un ejemplo de un programa de multas con base en niveles de consumo considerados excesivo, el que se implementa en Queensland Australia, en efecto incorpora el tamaño del hogar como una consideración para juzgar si un consumo por encima de un cierto nivel es excesivo. Los australianos, sin embargo, usan este diseño porque su objetivo es mantener un nivel de consumo razonable. Un objetivo ciertamente deseable y que debe estudiarse, pero que no corresponde a la urgencia que las multas en discusión en Colombia pretenden solucionar.
Mucho se ha discutido acerca de si el producto interno bruto por habitante es un buen indicador de desarrollo económico. Si bien el PIB per cápita captura una dimensión de este intrincado proceso (el tamaño promedio del pedazo de la torta que le toca a cada habitante), no captura otros aspectos como su distribución y sus usos. En los últimos años se viene discutiendo sobre la pertinencia de usar indicadores de felicidad[1], reportados individualmente en las encuestas, para medir el nivel de bienestar de la población. En esta corta nota no quiero ahondar en los problemas y beneficios de este indicador, sino más bien señalar una posible disyuntiva inter-temporal entre que deben enfrentar los individuos entre los dos indicadores, felicidad y PIB per cápita.
Es muy simple pero poco se ha explorado. El proceso de crecimiento económico implica costos de corto plazo que los individuos deben enfrentar si quieren aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, en épocas donde se observan tasas altas de progreso tecnológico, el retorno al trabajo y a la acumulación de capital humano crecen y esto hace que los individuos quieran trabajar y estudiar más (pero disfrutar menos del tiempo libre). Esto probablemente se refleja en caídas de los indicadores de felicidad y aumentos en los niveles del PIB por habitante. El punto concreto que quiero hacer es que si bien los individuos pueden enfrentar una disyuntiva de corto plazo entre felicidad e ingreso, la verdadera disyuntiva en la que se debería concentrar el análisis es entre felicidad hoy o felicidad mañana (o, como tradicionalmente se ha visto, ingreso hoy vs. ingreso mañana). ¿Pero, porque enfocarse en el análisis de la segunda disyuntiva y no de la primera? A mi juicio, porque el segundo deja claro que para crecer (o ser más feliz) hay que tomar decisiones que implican sacrificios. La primera no lo hace.
[1] Ver, por ejemplo, la columna de Fernando Carrillo hoy en El Espectador.
Elinor Ostrom y Oliver Williamson acaban de presentar en Estocolmo sus conferencias de aceptación del premio en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel. Son cortas y claras.
Mientras tanto en nuestro país andamos enfrascados en una discusión entre lo legal y lo criminal de un evento desafortunado que se dio en Facebook a propósito de un estudiante universitario que utilizó este espacio colectivo para manifestar su rabia y su descontento con un gobierno y con su realidad. De entrada, creo que este estudiante se equivocó en su uso legítimo de su derecho a la libre expresión pero como lo ha dicho tanta gente en estos días recordando las palabras de Voltaire, debemos defender el derecho de esa persona a expresarse.
Conectemos las dos cosas.
Lo que quiero abrir aquí es la discusión sobre el manejo de la sanción por parte de entes acusadores, el manejo por parte de las comunidades virtuales y la energía que ahora se gastará del sistema judicial, periodístico y del bolsillo de varios. Uno de los legados del trabajo de Elinor Ostrom es el proponer una serie de principios de diseño institucional para el manejo exitoso de los recursos comunes.
Los espacios virtuales de expresión donde no hay un “gran gobernador”, incluido Facebook, son espacios comunes donde podemos beneficiarnos de las contribuciones de los demás y donde nuestras contribuciones o silencios pueden aumentar o destruir el beneficio que obtenemos de usarlos. Cada cual juzgará si la creación de estos grupos de odio en Facebook aportan o no al bienestar común. Además tenemos el derecho a salirnos también y escoger otros espacios virtuales. El disentimiento bien articulado y argumentado en general hace parte de lo que contribuye a estos beneficios para todos y cada cual juzgará qué tanto destruye o construye el evento en mención al bien común.
Uno de los principios que propone Elinor Ostrom es el de las “sanciones graduadas” y aquí definitivamente se equivocan quienes creen que a fallas menores se deben implementar sanciones enormes y desproporcionadas. De acuerdo a este principio las comunidades exitosas usan sanciones proporcionales aplicadas por los mismos miembros o por el ente gobernante o por los dos. Cuánto contribuye a las comunidades de libre expresión que se apliquen judicializaciones de semejantes proporciones? Facebook probablemente no entregará los datos tampoco, pero me pregunto cuántos colombianos al día siguiente del anuncio de la captura de este estudiante fueron a retirarse de grupos de disentimiento o de opinión por el miedo a la chuzada virtual.
La destrucción de los espacios colectivos de disentimiento hacen parte mínima de cualquier sociedad civilizada. Las comunidades de esos espacios tienen responsabilidades en crear los sistemas de monitoreo & sanción de los que habla Ostrom para que sus miembros contribuyan en mantenerlos. Una vez mas, las intervenciones erradas de los sistemas centralizados del estado pueden destruirlos.
A este paso solo queda la posibilidad de unirse a unos cuantos grupos que ahora están buscando miembros en facebook: “Si N personas se unen a este grupo…. NADA VA A PASAR”; curiosamente entre mas grande N mas miembros tienen!.
p.d. ah! Y si les quedan dudas sobre los aportes de académicos a nuestros debates cotidianos, miren el trabajo del otro galardonado, Williamson, sobre los “costos de transacción” y algún día alguien por favor haga una tesis o investigación de los costos y beneficios de llevar a estrados judiciales el caso de este estudiante.
Los impuestos sobre los vehículos en Colombia se calculan de acuerdo a una tabla de depreciación, que hace que a medida que los vehículos envejecen paguen menos impuestos. Desde el punto de vista tributario es mejor tener un carrito viejo que uno nuevo. Hay varias razones para pensar que eso no es necesariamente la mejor forma de poner a tributar a los dueños de los vehículos.
Los que vivimos en Bogotá descubrimos con gran frecuencia que al comienzo de una interminable trancón hay un carro viejo varado. Evidentemente, los carros particulares viejos tienen derecho a circular. Pero desde el punto de vista social y de la jerga de la economía pública, sería deseable que “internalizaran” el costo que le imponen al resto de la sociedad cuando se arma un interminable trancón por el carrito viejo varado. Mirando sólo ese efecto, lo deseable sería que los vehículos viejos tributaran más que los nuevos.
Al margen de la edad del automóvil hay otras consideraciones relevantes a la hora de pensar en la tabla de tributos vehiculares. En la legislación actual, pagamos impuestos sobre el vehículo sin importar cuánto lo usamos. Cuando usamos nuestro carro generamos dos costos que no “internalizamos”: por un lado, contribuimos al trancón; por otro lado, generamos emisiones de CO2. ¿No sería mejor tener un sistema de impuestos a los vehículos en los que el pago sea proporcional al uso del mismo, a la congestión y contaminación que generan? ¿Haría un sistema de este estilo innecesarias las restricciones por placa? ¿Deberíamos por tanto también poner a tributar a las motos, que hoy en día no lo hacen?
Como siempre que se habla de tributos, “el demonio está en los detalles”. Estos hay que pensarlos muy bien, más en un caso como el nuestro donde los vehículos no necesariamente están matriculados en el municipio de residencia del dueño; pero vale la pena echarle cabeza.
Para nutrir el debate: los holandeses acaban de aprobar un sistema de cobro de impuestos a vehículos por kilómetro recorrido. La tecnología GPS permite que el monitoreo sea relativamente sencillo. En Londres, los vehículos que quieran acceder a partes centrales de la ciudad pagan 8 libras (alrededor de 26.000 pesos) al día por hacerlo. La verificación se hace a través de cámaras.
Era la campaña presidencial del 2002. Alvaro Uribe Vélez, un candidato con pocas posibilidades en su momento, presentó su programa de gobierno, titulado como Manifiesto Democrático, con 100 puntos que reflejaban sus objetivos en los cuatro años de gobierno. (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85269_archivo_pdf.pdf ). Su tercer objetivo o “sueño” rezaba “Sueño con un País democrático en lo político y en lo económico. Con oportunidades para todos. Con un País de Propietarios, con una revolución de impulso a la micro, pequeña y mediana empresa”. Hoy, siete años después de su primera elección, quiero preguntarme si Colombia es realmente un país de propietarios y, en particular, si la distribución de la propiedad rural es equitativa.
La evidencia circunstancial parece ser contundente. Cuarenta años de conflicto y millones de desplazados han generado la usurpación de más de 1.8 millones de hectáreas a campesinos con pequeñas y medianas propiedades. Los procesos de restitución de tierras van lento y lejos de ser seguros. Las prioridades y los afectos del Gobierno Nacional parecen estar fijados en promover la agroindustria, en otorgar subsidios a grandes productores, no necesariamente eficientes, y en asignar tierras, como Carimagua, a los mismos. El programa de Reforma Agraria se concentró en otorgar baldíos de mala calidad y alejados de los centros productivos.
La respuesta a las preguntas iníciales son entonces obvias. Colombia si es un país de propietarios, pero de propietarios grandes con tierras de buena calidad y localizados en los centros productivos. Y esto lleva a una serie de preguntas que espero discutir en otra oportunidad: ¿Es la concentración extrema de la propiedad rural un obstáculo para alcanzar la eficiencia productiva? ¿Cuáles son las implicaciones para el desarrollo económico de largo plazo de esta distribución? Además de no ser eficiente, ¿es equitativo defender y tener una distribución tan desigual de un activo de producción?
Este blog es el resultado de una vecina que me convenció.
La teoría del goteo (“trickle down”) dice que al crecer el producto se van a beneficiar todos, ricos, y pobres; que aunque inicialmente los frutos de un mayor crecimiento le lleguen a un grupo de la población, eventualmente van a gotear al resto. Este ha sido implícita o explícitamente el argumento de los economistas que defienden que el Estado se concentre en agrandar el pastel más que en repartirlo mejor. No es que la mejor repartición no importe, es que viene solita si el pastel crece.
Mejor dicho, ERA el argumento. La vecina de marras (vecina de oficina en la Universidad) me hizo notar hace poco a punta de recortes de periódico que en Colombia se ha ido configurando un neoconservatismo económico vocal (y hasta vociferante, metafóricamente hablando), similar al de los halcones del Partido Republicano de los EEUU. Un neoconservatismo que dice abiertamente que lo del goteo puede o no ser, pero que no importa. Que el crecimiento es un tren al que cada uno se tiene que montar. Que el que no se monta, de malas. Que el Estado debe hacer de árbitro imparcial, sin intereses propios en el devenir económico y sin defender a los perdedores: para qué si los únicos que cuentan son los que aportan al PIB.
Que lo que pasa es que el crecimiento se logra ayudando a los ricos. Que es problema de los pobres si son pobres: que aprendan a ser productivos.
Ojo, lo nuevo no es que exista esta corriente neoconservadora, es que ahora articula explícitamente y sin excusas su opinión. Es evidente, por ejemplo, en las declaraciones del exministro Arias en defensa de AIS y en algunas columnas de opinión económica de los periódicos nacionales.
Desde mediados de los años noventa, Microsoft ha venido recibiendo continuas andanadas de reguladores en todo el mundo debido a acciones que tomó y que son consideradas ilegales por obstaculizar la libre competencia. Ya en ese entonces, la inmensa mayoría de computadores en el mundo utilizaban como sistema operativo el Windows. Pero era Netscape quien dominaba ampliamente el incipiente mercado de navegadores de internet. Era herramienta indispensable para poder acceder a los contenidos del World Wide Web, el (o la) Internet. La multinacional de Richmond, por supuesto, también disponía de un navegador propia: el Internet Explorer (IE).
Fue entonces cuando diseñaron la estrategia que eventualmente llevaría a que el IE fuese el navegador preferido por prácticamente la totalidad de usuarios de Internet. Decidieron que por defecto (o default) el IE sería el navegador preinstalado en todo computador que se vendiese con el sistema operativo Windows. Microsoft no prohibía, no impedía, no vedaba que cualquier usuario libremente descargase el Netscape y decidiese navegar con éste y no con el IE. Sin embargo, más de una década de litigios en todo el mundo después, está práctica de obstruir la libre competencia fue declarada ilegal. En la actualidad, en Europa, el acuerdo entre Microsoft y la Unión Europea es que en el recientemente lanzado Windows 7, el usuario pueda, la primera vez quelo utilice, elegir entre diferentes navegadores: IE, Firefox (heredero del Netscape), Opera, Chrome o algún otro.
En Colombia, actualmente sucede algo similar, si bien en otro mercado totalmente diferente. Recientemente la transmisión, la publicidad y un equipo de fútbol quedaron en manos de la misma organización empresarial. RCN ha sido los últimos años el encargado de transmitir los partidos del fútbol colombiano. Hay intereses directos en los resultados deportivos del torneo mediante el Club Atlético Nacional. Y ahora, por intermedio de Postobon se patrocina, no sólo la Copa Colombia, sino también, la hasta ahora denominada Copa Mustang.
El efecto directo es que se ha cerrado el acceso de la competencia, por ejemplo Coca Cola, a una difusión masiva a través de una empresa ligada con la principal competencia de la multinacional de Atlanta como es Postobon. Además, a través de RCN, se tiene la capacidad de limitar la exposición de equipos cuyo patrocinio este ligado con empresas de la competencia. Por otro lado, aunque el dinero del patrocinio al fútbol se reparte de acuerdo a criterios establecidos por la Dimayor, es un hecho que la exposición en televisión está directamente correlacionada con el valor.
Finalmente, la ventaja deportiva es potencialmente importante pues decisiones trascendentales no son posibles tomarlas de manera objetiva. Recientemente el Pasto descendió debido a tres puntos que perdió en el escritorio fruto de una drástica aplicación del reglamento. Semanas antes, directivos del Nacional asustaron al mundo del balón cuando dieron a entender que medidas disciplinarias en contra de la institución podría tener implicaciones con el patrocinio de la Copa Colombia.
Como en el caso de Microsoft ni se está prohibiendo ver otro canal, ni se está impidiendo tomar otra gaseosa, ni se está manipulando árbitros. Pero el resultado final puede ser ontraproducente para el libre desarrollo de un sector que mueve miles de millones y genera miles de empleos: el fútbol. Quizás valga la pena pensar un poco sobre eso.
Por Juan Camilo Cardenas.
Joseph Stiglitz hablará hoy (Nov.20.09) en un foro de la Fundación Carlos Lleras Restrepo y esto es lo que quiero preguntarle, mientras les pregunto también a nuestros lectores de Blogoeconomía:
¿Tenemos políticas públicas por un lado, y preferencias sociales por otro, que parecieran ser bastante tolerantes al incremento de la desigualdad, en aras de la eficiencia? y si es así, ¿hasta dónde es deseable o aguantable tanta desigualdad para un país?
Lo pregunto por dos razones, una, que Colombia de manera desvergonzada continúa su carrera ascendiente para alejarse en su primer lugar de desigualdad en la región.
Segundo, porque ademas de los hechos recientes de discusión y "aprobación" a una de las políticas para el sector agropecuario, tenemos un ejercicio experimental con una muestra (sesgada y no representativa, pero una muestra que no debemos ignorar) de ciudadanos que pronto votarán. Estos datos sugieren que sí hay una fracción considerable de personas que toleran o prefieren resultados inequitativos incluso sobre resultados socialmente eficientes. Abajo está la parte técnica si al lector le interesa, o simplemente hagan el ejercicio con sus parientes, compañeros de trabajo, o vecinos, y nos cuentan.
Supongamos solo por un minuto, que el resultado de la votación a la moción de censura al ministro de agricultura no es mas que un reflejo real de las preferencias de una mayoría mínima necesaria de los ciudadanos representada en los parlamentarios. En otras palabras, que la democracia si está funcionando y el congreso si representa al país y una mayoría mínima necesaria está de acuerdo con un modelo económico como el que el programa de AIS promueve, y probablemente otras políticas que pasarán por la mente de los lectores.
Ahí queda la pregunta para Ustedes y para Stiglitz.
Apéndice “técnico” para el que tenga curiosidad.
El experimento era este: 128 estudiantes de la Universidad de Los Andes entre los 17 y 24 años participaron en el siguiente juego que se hacía en parejas y de manera simultánea. Cada persona debía decidir entre jugar X o Y, bajo estos incentivos:
Si Usted juega Y y el otro Y, Usted se gana $1,000
Si Usted juega Y y el otro X, Usted se gana $30,000
Si Usted juega X y el otro X, Usted se gana $10,000
Si Usted juega X y el otro Y, Usted se gana $0
Qué jugaría Usted y porqué?
Si ambos eligen X producen $20,000 y se distribuyen equitativamente. Si ambos escogen Y se quedan con $1,000 cada uno. Pero si uno elige Y y el otro X, el primero se gana $30,000 y el otro gana $0. Valga la aclaración, este no es un dilema de los prisioneros, aunque se parecen. Este es un juego en el que en términos de eficiencia la torta mas grande se da cuando uno se gana $30,000 y el otro nada y no cuando los dos se ganan $10,000.
El primer dato es que solo el 24.6% de ellos eligió jugar X. Las otras tres cuartas partes eligieron Y, por dos posibles razones. Una, que efectivamente si quisieran jugar X para producir $20,000 bien repartidos pero creyeron que el otro iba a jugar Y y por tanto no quieren quedarse en ceros. Eso daría mucha piedra. La otra razón, que querían ganarse los $30,000 y no les preocupó o molestó dejar al otro en ceros.
Debo aclarar que cualquiera de las dos opciones, X o Y, es “legal” en el juego, hace parte del reglamento.
Lo interesante es que cuando les pedimos que ordenaran los cuatro posibles escenarios del juego del más deseable al menos deseable, encontramos que el 54% de los participantes prefería la distribución de $30,000/$0 sobre la distribución $10,000/$10,000. Hasta aquí podría entenderse que los $30,000 son mas eficientes que $20,000 y que alguna figura redistributiva podría crear un impuesto al que ganó $30,000 para transferirlo al perdedor y así mantener una “senda de crecimiento” como dicen algunos colegas.
Sin embargo, en el mismo ejercicio les asignamos un nuevo juego en que las ganancias de $30,000 se bajaban a $17,000, es decir, la torta de $20,000 (10+10) era superior a la torta de $17,000 (17+0). Sorpresivamente también en esta ocasión un 57% de los jugadores preferían la distribución de $17,000/$0 a la distribución de $10,000/$10,000. O sea que se privilegia la segunda explicación: quieren ganar mas que el otro, y no les importa si es incluso peor en términos de eficiencia social.
La tragedia está en que tres cuartas partes de personas querían jugar Y. Así hay muy pocos trompos de poner para lograr los $17,000 o los $30,000. Al final muchos terminan con $1,000 cada uno.
¿Quién responde en el Ejecutivo por los errores de política pública?
Por: Oskar Nupia
La respuesta para Colombia parecería ser: Nadie.
Ningún cargo político rodó por causa de los falsos positivos. Nada parece indicar que alguien asumirá la culpa por la mala contratación de El Dorado. Seguramente el Ministro de Agricultura lo seguirá siendo (después del escándalo AIS) y también el de Transporte (Después del fracaso del RUNT). En estos momentos no hay cupos suficientes para que los estudiantes de las universidades puedan presentar sus pruebas ECAES. El ejecutivo las volvió obligatorias para obtener el grado, las citó para noviembre y no se aseguró de tener cupos suficientes para que los estudiantes las hagan y puedan graduarse (y ganar más). Seguramente no pasará nada por los lados del Ministerio de Educación ni del ICFES por ésta falta de planeación.
En cualquier empresa, cuando un empleado es ineficiente y genera pérdidas grandes, éste es despedido o simplemente renuncia por dignidad. Si los ciudadanos evadimos impuestos, nos multan o nos mandan a la cárcel. En el ejecutivo colombiano, todas estas pérdidas se socializan. Los contribuyentes pagamos con impuestos los errores evitables de política pública y en principio (esperar qué pasa con todas la elecciones que vienen) ni el Presidente ni sus Ministros asumen costos directos por esto ¡Qué vergüenza!
Lo peor de todo, es que es muy factible que este ejecutivo continúe por otros cuatro años. Es decir, el votante no le pasará factura. Nadie niega que la política de Seguridad Democrática tiene contento al votante mediano ¿Será que a este votante le importa un carajo el resto de políticas públicas necesarias para que la sociedad funcione bien y el costo que está afrontando por esto?
Un grupo de profesores de economía de la Universidad de Los Andes debate temas económicos y discute sus investigaciones en un estilo al alcance de todos.