Maria Claudia López

El manejo de los recursos pesqueros en Colombia es realmente preocupante. El problema radica entre otros aspectos en una falta de claridad sobre cuál es la entidad encargada de plantear las directrices de política y de regular estos recursos, ya que en los últimos ocho años esta responsabilidad la han tenido diferentes entidades: INPA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura), al INCODER (Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural), luego al ICA (Instituto Colombiano Agropecario), y finalmente regresó al INCODER.

Estas pendulaciones administrativas se han traducido en gran incertidumbre laboral para los funcionarios pesqueros en los municipios y en la ausencia de presupuestos mínimos para la realización de su trabajo. A raíz de esta situación, muchas comunidades pesqueras han empezado a organizarse para buscar soluciones que les permitan hacer un uso adecuado y conservar sus recursos. Por ejemplo, en ciertas comunidades del Pacífico colombiano se han establecido épocas de vedas y en la misma región otras comunidades han establecido las artes de pesca que se pueden utilizar; en el Caquetá los pescadores han realizado acuerdos de pesca en los que se plasman reglas de manejo y uso de los recursos pesqueros.

Aún cuando estas iniciativas locales han logrado suplir la labor del INCODER en algunos aspectos relacionados con la regulación de los recursos, la presencia de una entidad que genere directrices sobre temas estratégicos para el gremio pesquero resulta fundamental, ya que áreas como la acuicultura o la explotación de especies exóticas -en donde Colombia podría tener ventajas competitivas- requieren políticas e incentivos que las estimulen.

A su vez, cadenas productivas que generen valor agregado a productos ya explotados o la búsqueda de sellos verdes para algunos de éstos, serían herramientas que podrían generar mejores ingresos a los pescadores. Sin embargo, estas iniciativas son difíciles de concretar desde el ámbito local, por lo que es indispensable una entidad que no sólo esté encargada jurídicamente del tema sino que también cuente con el presupuesto y el personal necesario para cumplir con su misión.

Por Bart van Hoof

Cada día es más común encontrar noticias y publicidad sobre los avances y responsabilidades ambientales y sociales de empresas colombianas en los principales medios de comunicación. Ejemplos hay de sobra: todos quedamos sorprendidos con  el lanzamiento de la Iguana de Ecopetrol, un símbolo de la riqueza natural de los lugares donde extraie petróleo. Otro ejemplo es la reciente campaña del Éxito donde aseguran que el 80% de sus proveedores son pequeñas y medianas empresas nacionales y por ende contribuyan al desarrollo social (ver http://www.youtube.com/watch?v=JOUxLEpxSMg). Hasta la empresa Telefónica anuncia en su página principal (www.telefonica.com.co) que protege el medio ambiente a través de la modalidad de e-factura.

 

Como ambientalista estas noticias dan alegría. Parece que importantes empresas ejemplares de la economía nacional han descubierto las ventajas de las estrategias ambientales como parte integral de sus negocios. Sin embargo, como observador crítico de estas noticias, también me genera sospecha la coherencia y sustancia del mensaje que tratan de transmitir. Me surgen preguntas: ¿Cuál será el avance de Ecopetrol en términos de sostenibilidad que sustentan el símbolo de la iguana? ¿Sera que el Éxito sigue pagando a estos proveedores PYMES nacionales con plazos insostenibles para pequeñas productores de 90 días? ¿Tan significante es la contribución del ahorro al medio ambiente en e-facturas versus el impacto generado por las aproximadamente 20 antenas de transmisión ubicadas en los Parques Nacionales o las toneladas de residuos electrónicos que genera con su negocio?     

 

Las dudas de observadores críticos sobre la transparencia y sustancia de auto declaraciones y publicidad ambiental y social, se conoce en el argot popular  como “LAVADO VERDE”. A finales de los años noventa, el concepto gano su definición oficial en el diccionario ingles de referencia  “The Concise Oxford English Dictionary” (www: concise-oxford-english-dictionary.softonic.com). Desde esta época una variedad de ONG´s generalmente en países como EEUU, y Europa Occidental se han dedicado a analizar y denunciar los casos de “Lavado Verde” (ver paginas como www.corpwatch.org; www.greenwash.net; www.greenwash.es entre otros). 

 

La principal preocupación de estas organizaciones denunciantes de imprecisiones de publicidad oportunista, es el efecto de estas confusiones sobre el público. Esta lo que puede convertirse en desconfianza de los consumidores de los valores ambientales y sociales. Adicionalmente, desmerita los avances de las empresas que desarrollan esfuerzos de mayor seriedad. Las mismas organizaciones denunciantes alegan que el impacto negativo de la información oportunista puede ser aún mayor cuando esta sea utilizada en el “tire y afloja” para negociar el diseño de nueva regulación ambiental. Qué paradoja ¡!!

 

En el contexto colombiano el “Lavado Verde” tiene una connotación particular. La mayor parte del público aún no padece de una sensibilidad, ni conocimiento profundo sobre los valores ambientales y sociales. Por ende su capacidad de detectar el “lavado verde” es aún limitada. Por el contrario, los efectos de la posible confusión del público en proceso de aprendizaje, son mayores. También por las características de la política nacional, entre la cual se definen las políticas ambientales, se hace “sucio” el “lavado verde”. Especialmente cuando las prioridades se establecen generalmente más por lobby y oportunismo política, que por criterio técnico.     

 

Las empresas colombianas, y especialmente sus oficinas de comunicación y mercadeo, tienen la gran responsabilidad de transmitir información transparente, entendible y veraz  sobre sus importantes avances en desempeño ambiental y social. Sus gerencias también tienen la gran responsabilidad de dar la importancia estrategia a esta área de trabajo para no pecar por ignorantes. 

 

Por: Juan Carlos Espinosa

En las últimas semanas, el debate en torno a la creación de un área protegida o la construcción de un puerto en Bahía Málaga – en el Pacífico colombiano – ha revivido la ya trillada discusión entre conservación y desarrollo. Lo curioso de este caso es que quien tiene frenado el proceso de declaratoria del área protegida no es el Ministro de Transporte o las entidades de dicho sector; es el Ministro de Ambiente. Las comunidades negras de la zona ya avalaron la declaratoria en la consulta previa, la Academia de Ciencias ya dio concepto positivo, el Ministerio de Transporte y el DNP ya han manifestado que el gobierno no promoverá un puerto en Bahía Málaga, Parques Nacionales ya tiene lista la resolución… pero el Ministro no la ha firmado aún. Todo porque un grupo de empresarios del Valle se empecina en el proyecto portuario.

Colombia claramente requiere más y mejores vías y una mejor y más eficiente logística portuaria. Eso no está en duda, ni siquiera para los ambientalistas. Sin embargo, también es evidente la necesidad de preservar la riqueza y diversidad natural y cultural de nuestro país para las generaciones futuras. Hasta los más desarrollistas estarían de acuerdo con esta afirmación. Nuestro modelo de desarrollo deberá conciliar estos dos objetivos aparentemente excluyentes. Desde la óptica del ordenamiento ambiental del territorio y la planificación sectorial, esto implica la identificación de zonas específicas para la construcción de los megaproyectos que se estimen convenientes (con sus inevitables impactos ambientales), pero también una apuesta clara de país por la designación de áreas intangibles para cualquier tipo de intervención a gran escala.

Esta tarea ya se hizo para el subsector portuario del país. Por un lado, la política ambiental costera y oceánica dividió los litorales Caribe y Pacífico en Unidades Ambientales Costeras y Oceánicas (UACO) según sus características ecosistémicas. Y por otro lado, el Estudio de Ordenamiento Físico, Ambiental y Portuario de los Litorales Colombianos – comisionado recientemente por el Ministerio de Transporte – zonificó los litorales según su aptitud portuaria y restricción ambiental, a partir de las UACOs. En el caso de la UACO Complejo Málaga-Buenaventura, allí “conviven” una zona de aptitud portuaria (la bahía de Buenaventura) y una zona de máxima restricción ambiental (la adyacente Bahía de Málaga). Esta zonificación sentó a su vez las bases para formular el Plan Integral de Ordenamiento Portuario y el Conpes 3611 de Expansión Portuaria 2009-2011, documentos en los que ya no se hace mención al proyecto portuario de Bahía Málaga. La apuesta del sector es por Buenaventura.

A pesar de ello, los empresarios del Valle continúan argumentando que un Parque Nacional en Bahía Málaga limitaría gravemente el desarrollo portuario del país en un futuro. Su principal argumento es la insuficiente profundidad del canal de acceso a la bahía de Buenaventura, que no permite la llegada de buques de gran calado. Sin embargo, esta falencia, perfectamente subsanable con el dragado que ya ha sido previsto para los próximos años, no ha sido vista como un impedimento por las entidades del sector transporte que buscan consolidar en la bahía de Buenaventura un hub de actividad portuaria y logística de carácter internacional, ni por compañías navieras multinacionales que ya han invertido en la construcción de dos puertos al interior de dicha bahía.

En una reciente entrevista con El Espectador, el Ministro de Ambiente Carlos Costa, manifestó que no quería tomar decisiones de manera atropellada ni que afectaran a determinado sector. Ni lo uno ni lo otro: por un lado, información, análisis y estudios hay de sobra tanto para justificar la declaratoria del Parque Nacional en Bahía Málaga como para descartar el proyecto portuario. Y por otro lado, esta declaratoria no irá en detrimento de un sector. El sector ya planificó y priorizó… y no priorizó Bahía Málaga. La declaratoria puede que vaya en contra de algunos intereses particulares, y es así como debería entenderse este debate. Aquí no se está debatiendo entre conservación y desarrollo, se está debatiendo entre la ambición de unos cuantos y la conservación de una de las áreas de mayor riqueza ecosistémica del Chocó Biogeográfico. Ministro Costa, no se deje enredar… es hora de actuar.

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1.  Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia. Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia.

Cada régimen político tiene en las llamadas fuerzas de la naturaleza la mejor excusa para sus incapacidades. Si bien el terremoto de Haití o el huracán de New Orleans son fuerzas incontrolables, sus efectos sí dependen de las estructuras y dinámicas sociales previas al impacto. Reconocer el papel del cambio climático en nuestra civilización, por ejemplo, se ha facilitado por su papel explicativo de las crisis energéticas o hidrológicas recientes: para algunos gobernantes, la naturaleza sólo existe cuando les permite esquivar su responsabilidad.

La producción agropecuaria depende de un delicado balance entre clima, suelo y biodiversidad. La complejidad de los ambientes colombianos es mucho más sutil que la de otras partes del mundo, dadas las condiciones de su ecuatorialidad y relieve, pero sobre todo, de su inmensa riqueza biológica, la verdadera responsable de la regulación de las funciones ambientales relevantes para los sistemas productivos colombianos. Clima y suelo han sido relativamente integrados en el análisis de la producción, y existe una institucionalidad que produce información y recomendaciones para garantizar que el café, la papa, el plátano y la yuca sigan abasteciendo los mercados o produciendo divisas. En contraste, la biodiversidad sigue pareciendo un adorno del paisaje, también gracias a la pésima labor de los ambientalistas mediáticos que promueven el "efecto peluche" como estrategia de visibilización de “lo ecológico”, devaluando la multiplicidad de aspectos que definen las relaciones sociedad/naturaleza y creando prejuicios y conflictos entre actores.

Cultivar maracuyá, lulo o granadilla requiere cuantiosas inversiones, pero la renta es alta: hasta 20 millones de pesos por hectárea/año la última, generando tres empleos permanentes. El éxito de estos productos, cuya demanda ha crecido incesantemente y está lejos de ser satisfecha, depende de la presencia de polinizadores naturales -abejorros- que habitan en los bosques. Lo mismo le sucede a la palma de aceite, al cacao y a casi todas las demás frutas que se producen en el país. La reflexión directa que cabe, y que es aún recibida como parte de la conspiración ambientalista con la que se asocia a la ecología, es que sin bosques no hay polinizadores, no hay fruta, no hay dinero. Más extraña parece la necesidad de proteger eficazmente los humedales, los páramos o las cavernas, por los servicios ecosistémicos que proveen al país: regulación hídrica, refugio de controladores de plagas, barrera a la dispersión de epidemias y mantenimiento de la fertilidad natural, entre muchísimos otros.

Bajo estas premisas, la proverbial abundancia de nuestras producciones tropicales parece más el resultado de la gran capacidad de recuperación de unos ecosistemas tremendamente transformados, derivada de su complejidad biológica, que de la inventiva humana...

Pero el milagro está por acabarse: las pesquerías están colapsadas; las cosechas, amenazadas; la seguridad alimentaria, cuestionada; las plagas de plantas, animales y humanos, alborotadas. Si bien algunos gremios ya reconocen y afrontan el tema, la política subsidiaria del agro y la asistencia técnica están dedicadas a secundar el mercantilismo agroquímico, que se lleva a veces toda la rentabilidad financiera. Corpoica no ha logrado adecuar sus estrategias de innovación agropecuaria a los retos ambientales contemporáneos: subvalora un siglo de avances en la comprensión de las dinámicas ecosistémicas de las que depende la producción y privilegia unos pocos aspectos de su biología, con lo cual sólo logra generar nuevos riesgos y problemas. Paradójicamente, el profundo conocimiento indígena, afro o campesino, construido cotidianamente y en peligro, es aún denigrado como acientífico...

Producimos en el lugar equivocado: en un país sin ecosistemas, sin biodiversidad. Recordando el tiempo en que algunos académicos rechazaron la oferta de Galileo para mirar los satélites de Júpiter con su telescopio: si uno no mira, la realidad no existe

Por Daniel Castillo Brieva En el 2008, el Ministro de Ambiente anunció la creación de 150 mil hectáreas nuevas de áreas protegidas en el país y la inversión de 50 mil millones de pesos en investigación y facilidades para el turismo en los parques naturales (El Tiempo). Es una buena noticia, pero es probable que en la práctica se quede en el papel porque la gobernabilidad de los parques naturales no depende de la cantidad de dinero que se invierta en investigación y en incentivos turísticos. Está más relacionada con la creatividad en la exploración de estrategias de manejo. Estrategias mediante las cuales se construyan nuevas reglas que permitan entrar en el juego a las comunidades que dependen de la pesca, el bosque y en general de la biodiversidad de los parques para su sustento. Por ejemplo el estilo de manejo en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo ha sido la vigilancia y el control desde arriba. Es decir, el Estado decide, basado en criterios científicos y políticos, las actividades permitidas, lo que está prohibido, quién sí tiene acceso a los recursos y quién no, y se dedica a controlar y vigilar que se cumplan estas reglas. Pese a esto, el deterioro ambiental del parque es avanzado, y las dificultades de los funcionarios de parques para hacer su trabajo son inmensas bajo este esquema. En Colombia, hay procesos interesantes como el caso del Parque Nacional Natural Sanquianga en la costa pacífica sur, en donde la comunidad juega un papel fundamental en su manejo gracias al tipo de reglas que cobija a la población afro colombiana en la Cuenca del Pacífico (Ley 70). Ante los buenos resultados de intentos de administración compartida entre el Estado y la comunidad para alcanzar objetivos de conservación tanto en Latinoamérica como en otras regiones, sería bueno intentar este tipo de experimentos de manejo en las nuevas hectáreas adquiridas por Parques Naturales y ¿por qué no en algunas de las ya existentes? Pero el obstáculo principal para la experimentación y la creatividad es el temor que produce la posibilidad de ceder poder. Por un lado, compartir poder implica, entre otras cosas, confianza mutua entre Estado y sociedad, y de eso tenemos poco. Pero por otro, la ley no lo permite. ¿Por qué no se hacen experimentos de manejo de la mano de los habitantes locales para quienes la conservación de los recursos es vital? Se pueden tener varias respuestas pero una en especial expresada por funcionarios de Parques es: “la ley no permite este tipo de acuerdos”. Frente a esto, el lema del centro de investigación en el cual trabajo en este momento es: “el problema con cualquier ley no escrita es que no se sabe a dónde ir a borrarla”. Entonces, tenemos un buen punto de partida: En Colombia la ley ambiental está escrita.