La presente campaña electoral a la presidencia está menos polarizada, pero mucho más atomizada que en el año 2006. Paradójicamente, las posibilidades de alianza entre los aspirantes a la Presidencia de la República se desvanecen, precisamente cuando parecen haber llegado a un consenso. En una coyuntura política marcada por una clara derechización del espectro político, los aspirantes presidenciales han reconocido, con o sin reservas, ciertos logros en la seguridad y, en ese contexto, se han visto obligados a manifestar la necesidad de continuar con los aspectos fundamentales de dicha política gobiernista. No hay que olvidar que el campo opositor a una segunda reelección —representado por el ala más moderada del Polo, los tres tenores, Pardo y Vargas Lleras— comparten un punto esencial: mantener y fortalecer la ofensiva de las fuerzas armadas para la recuperación del territorio nacional. Sin embargo, tanto los reeleccionistas como los no reeleccionistas están escindidos. Por ahora, la derecha, el centro y la izquierda están divididos y la posibilidad de una alianza interpartidista es cada vez menos nítida. Cabe entonces preguntarse por qué se profundiza la división entre los candidatos, precisamente cuando hay acuerdo sobre un punto esencial. Primero, porque los presidenciables se muestran los dientes, mientras esperan que el fallo de la Corte Constitucional despeje y aclare el panorama. Segundo, porque están midiéndose el aceite. Y es que los candidatos están virtualmente empatados en las encuestas (si Uribe no se presenta). Esto significa, por un lado, que cualquiera tiene opciones de pasar a la segunda vuelta, y por el otro, que ninguno puede ganar solo. De manera que resulta muy poco probable que se hagan coaliciones interpartidistas antes del 14 de marzo, cuando los partidos y sus candidatos tendrán la oportunidad de medir sus fuerzas reales en las elecciones legislativas y las consultas internas. Antes de comprometerse en alianzas, resulta fundamental contar y pesar los votos. A diferencia de las matemáticas, en política uno más dos, no es lo mismo que dos más uno. En otras palabras, no es lo mismo que “yo me una a otro”, a que “otro se una a mí”. Esto tiene que ver con quién define las reglas: la diferencia puede ser el sometimiento o la negociación. Así, en comparación con las elecciones presidenciales de 2006, cuando la contienda se libraba principalmente entre dos fuerzas claramente definidas—la coalición uribista y el Polo Democrático antiuribista¬—, la campaña actual parece estar menos polarizada, pero mucho más atomizada. MARIA CLARA TORRES BUSTAMANTE CINEP-ODECOFI

El actual escándalo generado alrededor del tema de AGRO INGRESO SEGURO no es solamente un problema de corrupción, lo cual ya es grave, es la vez la expresión de dos viejos problemas que la sociedad colombiana a aplazado durante décadas. De un lado, el problema agrario no resuelto, que tiene su expresión en la estructura bimodal del sector agrario. Es decir, la coexistencia simultánea de un sector moderno agroindustrial y de agricultura capitalista que concentra las mejores tierras, a la par con un sector campesino minifundista condenado a situarse en tierras sin vocación agrícola y ambientalmente no sostenibles, es decir, los páramos, las laderas de las cordilleras, la Amazonía y la Orinoquía y el Andén Pacífico. Queda al descubierto cómo durante muchos años las políticas agrarias del Estado colombiano partieron del supuesto según el cual la economía campesina no es viable, ni sostenible, ni eficiente económicamente, y por eso favorecieron la agroindustria y la agricultura comercial en los años setenta y ochenta, y en los últimos años a partir de la moda de los biocombustibles. Esas políticas no solamente tenían como objetivo escamotear la reforma agraria como una vía posible para solucionar el viejo problema del sector agropecuario en Colombia. El escándalo actual es también la expresión de la íntima relación entre el poder político y el poder económico, o más bien, entre el poder político y la tenencia de la tierra a nivel local y regional en Colombia. Durante muchos años las élites regionales y nacionales han usado el Estado de manera patrimonial para favorecer sus intereses. Esa ligazón entre poder político y la tenencia y la concentración de la tierra ha implicado que tengamos unas élites más bien ambiguas. Son “neoliberales” al momento de la desregulación estatal para permitir el juego de la mano invisible, pero son profundamente estatistas y patrimoniales cuando se trata de extraer rentas, subsidios o créditos del Estado. Más claramente ven el Estado no como representante del interés público y general, sino como un “coto de caza”, o mejor, lo manejan como si fuera su finca, hacienda o plantación. Pero tal vez el equivocado sea yo, y lo que es una ambigüedad es precisamente lo que estas élites consideran su máxima virtud. Teófilo Vásquez Investigador CINEP - ODECOFI

Hace un par de horas el senador Jorge Robledo expuso de forma clara y convincente las razones por las cuáles el programa de Agro Ingreso Seguro está pensado para concentrar la riqueza en el campo. Los datos y las cifras por él mostradas no podían ser más reveladoras.
El senador Robledo empezó mostrando por qué la política agraria del gobierno Uribe ha sido un total fracaso: índices preocupantes de pobreza e indigencia, salarios por debajo del mínimo, disminución en la productividad del campo, aumento en las hectáreas importadas.
Posteriormente el senador se encargó de mostrar con varios ejemplos la forma como las cifras han sido manipuladas, magnificadas y amañadas. Insistió en que las 316000 operaciones que AIS ha realizado no son tantas como parece, que después de preguntar por la veracidad de las cifras el ministerio corrige y modifica los listados de forma exagerada, y de cómo los medianos productores no tienen nada de medianos.
Finalmente la exposición se tornó a demostrar de forma desagregada según los distintos componentes del programa AIS la concentración de los recursos. Si bien el énfasis se ha puesto en los subsidios para distritos de riegos, en los casos de los Incentivos para Capitalización Rural y los créditos a tasas bajas, la concentración es mucho más preocupante.
En el entretanto, el ministro Andrés Fernández chateaba con su blackberry, se reía y comparía pasabocas con el ministro Oscar Iván Zuluaga. No se vio ni un esferito, ni un pedacito de papel para anotar los argumentos de Robledo. Puede que sea su estilo confiado, pero de algun modo se anticipó a lo que vendría después.
La gente en las barras empezó a aplaudir y hacer bulla y el presidente del senado, Javier Cáceres, solicitó que hicieran silencio o sino serían expulsados. Un minuto después mandó a llamar a un coronel para hacer efectiva la expulsión, se fue el sonido y cuando volvió, la sesión se levantó.
Sin duda la inaudita suspensión de la sesión dejó el sabor de hacerle el favor al ministro para que preparara bien su defensa. El ministro Andrés Fernández debe estar en este momento revisando punto por punto los argumentos de Robledo, quien mostró sus mejores fichas y le hicieron conejo. Lo de las barras fue una estrategia muy burda de un básico "pago por ver".
Me pregunto si durante la aprobación del referendo reeleccionista, o de algún otro proyecto de ley con bendición presidencial, el presidente del senado se mostró tan irritado con la bulla del recinto. No creo.
Silvia Otero Bahamón - Cinep

 Aquellos que se han interesado por analizar el conflicto armado colombiano han encontrado que más allá de una guerra contra el terrorismo, el colombiano, representa un conflicto por el aplazamiento de la solución al problema agrario*.  La inequitativa concentración de la tierra –símbolo de poder político y económico– ha sido el principal detonante de la violencia política en nuestro país, incluso desde las guerras civiles del siglo XIX**.    Por lo tanto, a nadie debe extrañar que en los últimos treinta años la violencia guerrillera, paramilitar y estatal tengan uno de sus orígenes en el problema agrario.  En muchas regiones, incluso, la Violencia entre liberales y conservadores no fue más que una herramienta de despojo, concentración de tierras y consolidación del latifundio.  Las Farc, el Eln y hasta el Epl nacieron en regiones de colonización, habitadas por campesinos –en su mayoría liberales y comunistas– desplazados y despojados por la violencia desde los años 30 que se llevó al extremo durante los años 50.  Le siguieron las décadas de los 60 y 70, entusiastas con respecto a la movilización campesina representada en la ANUC, que finalmente terminó sin llevar a cabo la tan esperada reforma agraria.  Entrados los años 80, una alianza de intereses entre la fuerza pública, los narcotraficantes y élites locales y regionales, los llevó a crear una máquina de guerra capaz de defender su statu quo del accionar guerrillero.  Así se dio origen al paramilitarismo, que además de su papel antisubversivo, despojó más de 4’000.000*** de hectáreas al campesinado colombiano.  Las décadas del noventa y esta que se encuentra próxima a terminar, han registrado las cifras más altas de población desplazada en nuestra historia, poniéndonos al lado de países como Sudán, siendo el conflicto armado la principal causa del desplazamiento, el tiempo pasa y el problema por la tierra en Colombia se sigue profundizando. Diego Quiroga Investigador CINEP - ODECOFI

Aunque puede parecer contradictorio, es precisamente por la expansión de los actores armados a regiones ricas y semi-marginales que se ve la necesidad de integrarlas por medio de carreteras. En otras palabras, el conflicto abrió paso a la integración económica y a la modernización de dichas regiones.

*Un análisis más completo sobre la evolución de la infraestructura vial fue publicado en la Revista Controversia

En este año se han presentado dos masacres contra los indígenas Awá que habitan la costa pacífica nariñense, cuyo territorio se expande hasta la provincia de Esmeraldas en el Ecuador.  En febrero de este año fueron masacrados por parte del frente 29 de las Farc once indígenas en el resguardo Tortugaña Telembí ubicado en el municipio de Barbacoas.  La masacre ocasionó el desplazamiento de alrededor de 500 indígenas al predio El Verde en el corregimiento El Diviso, ubicado en la vía Pasto – Tumaco.  Recientemente el 26 de agosto fueron asesinados 12 indígenas en hechos que son objeto de investigación y cuya autoría aún esta por esclarecerse.  Estos acontecimientos necesitan una contextualización que permita entender el trasfondo histórico de las relaciones complejas entre la región y el Estado central, por eso es necesario entender que el pacífico colombiano ha sido articulado al Estado central y al mercado nacional e internacional a través de sucesivas economías de enclave: ya sea desde el establecimiento de las minas de oro con mano de obra esclava por parte de las élites de Pasto y Popayán durante la colonia; y en los siglos XIX y XX mediante los auges de la tagua y la madera. 

Para las élites blancas del interior del país, y recientemente para los intereses del capital internacional, el pacífico ha sido visto como una fuente inagotable de recursos naturales que es necesario explotar en función de las dinámicas del capitalismo.  Esa lógica ha entrado no pocas veces en contradicción con el manejo del territorio y de los recursos naturales que tienen las comunidades negras e indígenas que habitan la región.  Pero esa tensión entre actores foráneos y sus pobladores se ha visto transformada drástica y dramáticamente con la reciente inserción simultánea de las distintas fases de la economía cocalera y del conflicto armado*.  En ese contexto,  las territorialidades étnicas, colectivas y politizadas que las comunidades indígenas y afrodescendientes han logrado desarrollar en el marco de los derechos consagrados a las minorías en la constitución de 1991, se enfrentan, en condiciones desiguales, a los objetivos de control por parte de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

* Ver al respecto mi artículo: El problema agrario, la economía cocalera y el conflicto armado, publicado en la Revista Controversia No. 192.

Teófilo Vásquez
Investigador CINEP - ODECOFI

La Corte Suprema de Justicia resolvió decretar la nulidad del proceso por el cual se lleva a cabo el juicio contra William Salazar Carrascal, alias el ‘Loro’, por hechos delictivos cometidos durante su pertenencia a las autodefensas del sur del Cesar. La anulación del proceso contra el ‘Loro’ representa un fuerte campanazo de alerta sobre la actuación de la Fiscalía en el proceso de Justicia y Paz. La Corte advierte una irregularidad sustancial en la imputación de cargos hecha por la Fiscalía, la cual refleja “negligencia de dicho ente en el cumplimiento de sus funciones de investigación, comprobación y verificación y podría, eventualmente, entorpecer la garantía de verdad, justicia y reparación de las víctimas”. El organismo de justicia reclama la inclusión del delito de concierto para delinquir en la formulación de cargos contra los desmovilizados. La Sala Penal de la Corte advierte que la pena alternativa solamente puede cobijar los crímenes cometidos por los desmovilizados si previamente obra condena por concierto para delinquir. Y ello porque los beneficios contemplados en la Ley de Justicia y Paz se supeditan a la pertenencia del postulado a un grupo de criminalidad organizada. De modo que el delito de concierto para delinquir constituye una condición sine qua non para acceder a los beneficios. De lo contrario, el caso debe remitirse a la justicia ordinaria, afirma la Corte. Sin embargo, la Fiscalía solo ha impartido cargos contra el ‘Loro’ por homicidio agravado, falsedad material en documento público y extorsión. Esto es aún más grave, si se considera que éste era uno de los casos más “avanzados” en Justicia y Paz. Como consecuencia de las demoras de este organismo en la imputación completa, todavía no se ha dictado sentencia contra ningún desmovilizado. Se corre el riesgo de que los ex paramilitares cumplan el tiempo de reclusión previsto en la pena alternativa antes de que la etapa de formulación de cargos haya terminado. María Clara Torres Bustamante Investigadora Cinep-Odecofi

La red vial en cualquier país del mundo es tan vital e importante como las venas y las arterias de las personas. Por allí circulan los alimentos, el comercio, la riqueza, la mano de obra, se comunican las regiones y se construye nación. Pero esta excesiva importancia contrasta con el descuido existente en las diferentes instituciones del estado colombiano frente al registro de la construcción de carreteras. Realizando un estudio sobre política y transporte entre 1970 y la actualidad publicado recientemente en la Revista Controversia, noté que no existe una base de datos o de información oficial que reporte la evolución de la red vial para la totalidad del periodo estudiado. Los datos se encuentran desordenados, en distintos documentos, informes, libros e incluso no se cuenta con información para la mayor parte de la década de 1980. Incluso, en los últimos años hay grandes incoherencias en la información proveniente de los distintos Anuarios Estadísticos del Ministerio de Transporte. Y al parecer no se hace un conteo sistemático de los kilómetros de la red de los departamentos y los municipios. La falta de datos sobre tan importante materia es muy diciente de la supuesta importancia del sector transporte para el estado, y de la absoluta autonomía de los entes territoriales en esta materia ya que ni se les toma la cantidad de kilómetros existentes año a año. Silvia Otero Bahamón – Cinep-ODECOFI

 Jamás en mi corto paso por esta tierra había visto tanta indelicadeza para ni si quiera disimular todas las sucias jugarretas en cada uno de los trámites para la aprobación del referendo reeleccionista.  Esta es sin lugar a dudas la prueba más cruda de la alta gobernabilidad del actual mandatario que le permite llevarse por delante -por ahora- al poder legislativo.  Ahora falta el visto bueno de la Corte Constitucional, falta ver que tanto ha sido afectada por los ocho años del gobierno Uribe.  En definitiva, la democracia, llevada a sus máximas posibilidades, ha construido un líder intocable que cae de pie con cada nuevo escándalo.  Algunos hablan de totalitarismo, otros de dictadura constitucional, pero ya sea desde la derecha o la izquierda, lo cierto es que somos testigos de cómo el derecho, el Estado, la nación, la patria y la democracia no son piezas íntegras y puras, sino por el contrario, son formas y símbolos que se usan sin reparos con el fin de acaparar el poder político en una determinada sociedad.

Diego Quiroga

CINEP – ODECOFI

Esta es la versión estándar:

En un principio las autoridades policiales acusaron a bandas delincuenciales y a vecinos y padres de familia, quienes, preocupados por el expendio de drogas ilícitas en las zonas públicas y parques, habrían elaborado los panfletos.
Posteriormente ampliaron la lista de autores hipotéticos: las FARC, bandas emergentes, Autodefensas Gaitanistas, y delincuentes comunes.

Pero el panfleto en vez de anunciar "llegó la hora de la limpieza social", debería más bien decir "llegó otra vez la hora de la limpieza social". En Colombia este tipo de homicidios se han presentado desde 1979.
 

Según un estudio publicado en 1994 por Carlos Rojas, en Colombia los primeros eventos que podrían catalogarse como "limpieza social" acontecieron en Pereira en 1979. Un año después el modus operandi se había expandido a las principales ciudades. Los "escuadrones de la muerte", auspiciados por fuerzas del estado, habrían estado motivadas por el aumento en la percepción de inseguridad, la sensación de que la justicia era incapaz de actuar en contra de la delincuencia, y la invitación del General Camacho Leyva "a las gentes de bien a armarse para asumir por su mano propia su defensa".

Como sabemos, en los años noventa fueron los actores armados quienes personificaron este llamado. Guerrillas y autodefensas ejercieron en su repertorio bélico acciones de ‘limpieza social’, con el fin de mejorar los índices de inseguridad a su llegada y hacerse a la aceptación de la población.

Estos hechos dejan varias preguntas en el aire. ¿Están dadas las condiciones para que haya una nueva ola de limpieza social? ¿Quién está recorriendo éste mismo camino tantas veces recorrido?

Silvia Otero Bahamón - Cinep

 Después de más de dos meses de espera el Presidente Uribe súbitamente cambia de opinión y tratando de mostrar audacia y compromiso “humanitario” permite, pero a la vez condiciona la mediación de la senadora Piedad Córdoba exigiendo la entrega de todos los secuestrados en poder de la guerrilla.  No es extraño que el gobierno presente pomposamente propuestas sin futuro que con seguridad van a recibir un no como respuesta de la contraparte: léase cercos humanitarios, liberar guerrilleros presos y reubicarlos en el exterior o exigir que en las posibles zonas a desmilitarizar la guerrilla no concentre tropas, por nombrar tan sólo algunos ejemplos.  Y como siempre, saldrá un comunicado diciendo que el Gobierno dio todas las garantías e hizo todo lo posible pero bla, bla, bla y todo siga igual. 

Tampoco es extraño que aquellos interesados en la paz y la reconciliación sepan aprovechar estos efímeros y precarios momentos de lucidez de la Casa de Nariño para traer más colombianos a la libertad.  Ahora empieza una compleja puja política en la que tanto Gobierno como las Farc tienen que ceder: El Gobierno al que le cae de perlas una pequeña distracción en medio de la recesión y un sinnúmero de escándalos de gran calado; y a la guerrilla que sin medir los costos de sus acciones y su terquedad se encuentra hundida en el fango.

Diego Quiroga

CINEP - ODECOFI

Se supone que debemos creer que la serpiente que se “arrastra moribunda” resucitará de la selva si se lleva a cabo la liberación del hijo del caminante, Pablo Emilio Moncayo, en poder de las Farc hace más de diez años.  Por lo menos esto es lo que asegura el presidente Uribe, quien en su característico tono de campaña, rechazó la participación de la senadora Piedad Córdoba y de la comunidad internacional en la operación de liberación, porque según él, todo se convertirá en un show mediático de la guerrilla. 

¿Pero acaso Uribe no ha hecho lo mismo los últimos 8 años?   En cada consejo comunitario, gira, alocución, etc., las Farc han sido uno de los platos principales de su discurso, imagen y electorado.  Lo que queda claro es que la liberación o no de los secuestrados, más que ser un asunto humanitario es un espacio de disputa política donde los cautivos llevan la peor parte.  Nuevamente, el acuerdo humanitario se encuentra atrapado por los intereses de la Seguridad Democrática, cuya táctica es la reciclada y tristemente útil diferenciación nosotros – ellos.

Diego Quiroga

CINEP - ODECOFI