Mucho se habla del impacto de la reelección en el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución de 1991. Se repite que el presidente reelecto esta en capacidad de nombrar un Procurador cercano y lograr mayorías en la Corte Constitucional y en la junta directiva del Banco de la República. Se habla mucho de instituciones, de frenos al poder, de leyes y poco de las alternativas que tienen los poderosos para evadir esas talanqueras, para subvertirlas a su gusto.

John Mcmillan escribió hace un tiempo un documento titulado “Como subvertir la democracia: Montesinos en Perú”, en el que analizó los registros contables dejados por Vladimiro y sus amigos. El exjefe de inteligencia, como buen funcionario, mantenía registros y pedía “recibidos” cada vez que sobornaba. Según sus datos, comprar magistrados, dueños de periódicos, funcionarios y políticos de la oposición era barato. Cuando no sucumbían ante sumas irrisorias para un presupuesto nacional, se los doblegaba presionandolos con investigaciones disciplinarias o con favores en las altas esferas del poder. Poco o nada importaba el cargo que desempeñaran, sus funciones, o los procedimientos que reglaban su nombramiento; tarde o temprano fueron "disciplinados".
 
Tener la televisión bajo su bota era otra cosa, los sobornos debían multiplicarse por cien o más, la batalla por su control era dura y sobretodo, cara. De acuerdo con los datos de Mcmillan, el Gobierno de Fujimori destinaba cerca de trescientos mil dólares mensuales para sobornar a los jueces, funcionarios y políticos de la oposición, mientras que para controlar la televisión, giraba más de tres millones de dólares al mes. Esto sin contar los montones de complots, amenazas y otros instrumentos a los que tuvieron que recurrir para mantener en línea a los directores de televisión que no estaban interesados en bailar al son de Fujimori.
 
La lección es clara. Cuando un Presidente quiere concentrar el poder, hay que poner los ojos en el televisor.