Economía pública vs. Finanzas públicas. Round 3487.

Por: Christian Jaramillo
 
Las medidas que tomó el Gobierno sobre el POS en el marco de la emergencia social han recibido una fuerte crítica en virtud de los recortes en el aseguramiento.  La discusión que ha seguido refleja una tensión secular al interior de la economía: la tensión entre la economía pública y las finanzas públicas. Entre las razones para gastar y las razones para no gastar. Entre las razones para la actividad económica del Estado y sus límites.
 
Una observación me preocupa. Los defensores de las razones para gastar cuentan con sorprendentemente pocos economistas en sus filas. Yo me pregunto, si la tensión se da al interior de la economía, ¿por qué es que entre los defensores de la nivelación del POS hay tan pocos economistas? ¿Por qué los economistas se ponen tan fácilmente el sombrero del Ministro de Hacienda (finanzas públicas) y no tanto el del economista público?
 
Por supuesto, una razón plausible es que el desbalance fiscal en esto del POS es abrumador. Y así es, un recorte de gasto era necesario. Pero es que el sesgo no se limita al tema de la salud sino que es generalizado. ¡Baje los parafiscales como sea! ¡Desregule! ¡Privatice! ¿Le suena?
 
Yo propongo otra explicación (que no excluye la anterior): en el fondo éste es aún un país de macroeconomistas. Las razones del gasto público se suelen encontrar en la microeconomía, no en la macro. Temas como desigualdad de ingreso, bienestar y fallas de mercado se reflejan sólo muy limitadamente en los modelos macroeconómicos. El agente representativo no conoce la desigualdad. Su bienestar se ve si acaso en consumo, que en el largo plazo va con la capacidad de producción: de ahí el énfasis en crecimiento. Fallas de mercado, sólo las generalizadas –desempleo, inestabilidad de precios (inflación) y de sector financiero: ¡Precisamente las que atañen al Ministro de Hacienda!
 
Los modelos –y por lo tanto el Estado– de los macroeconomistas se enfocan en esas variables; las soluciones que proponen los macroeconomistas inevitablemente se refieren a esas variables. Lo central es el crecimiento; el gasto público sólo se justifica si ayuda a crecer. Dentro de esa lógica el gasto en salud o aquel en cultura, o la regulación, son lujos que se da el Estado porque –qué calamidad– la otra gente que opina en política no entiende la economía. El resultado es, francamente, un Estado estéril y sin una idea de sociedad. Un Estado incapaz de proponer una dirección de desplazamiento, de desarrollo.
 
Este no es un status quo deseable: ni para el Estado ni para la economía, ni mucho menos para la sociedad. Las dimensiones del Estado que los economistas ignoran sólo encuentran eco en otros formuladores de política, aquellos cuyo entrenamiento no necesariamente los alerta a la importancia del balance fiscal o a los riesgos de exagerar la regulación. Los juristas, digamos, defienden el gasto; los economistas se quejan del despilfarro. La decisión de igualar los POS contributivo y subsidiado es ejemplar para los unos e irresponsable para los otros.
 
Me contaba un amigo chileno que en Chile también fue así: hubo una época en que todos los economistas eran macro. El sueño de los que estudiaban economía era ser ministro de hacienda. Eso de ser experto en un mercado particular era como menos. Y además innecesario, porque los macroeconomistas sabían de todo en la economía: ningún mercado les quedaba grande. (O pequeño.) Las prescripciones regulatorias, por ejemplo, reflejaban fielmente el pensamiento macroeconómico en boga. Era como si todos los músicos fueran directores de orquesta y no se considerara necesario que algunos se especializaran en violín, trompeta o percusión.
 
Según mi amigo eso cambió cuando se logró una masa crítica de economistas dedicada al estudio de mercados específicos. (Él tiene también una teoría de cómo se logró esa masa crítica, pero no viene a cuento aquí.) Es decir, cambió cuando hubo suficientes economistas analizando de cerca el rol microeconómico del Estado en el desarrollo y defendiéndolo en la discusión de política. 
 
No sé si lo que dice mi amigo chileno que pasó en Chile se puede sustentar con cifras; la conversación nuestra fue como de café y galletas. Y los dos nos consideramos microeconomistas, así que no somos precisamente imparciales. Pero me suena plausible. ¿Será que en Colombia vamos también para allá? Ojalá. De pronto así entendemos mejor nosotros los economistas lo que nos dicen los demás, esos que infortunadamente también opinan en la discusión de políticas públicas.