Ana María Ibáñez

El gobierno anunció con su usual grandilocuencia una inversión de $1.5 billones de pesos para la población desplazada en el año 2010 (http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/noviembre/19/10192009.html). Anuncio que celebro. Pero, al analizar algunos detalles de la política, surgen dudas de la verdadera efectividad de esta inversión para lograr su fin último: sacar a la población desplazada de la pobreza, promover su contribución como personas productivas a la sociedad y reparar su condición de víctimas.

Me explico. Tres etapas comprenden la asistencia a la población desplazada: la prevención, la ayuda humanitaria de emergencia y la estabilización socioeconómica. La atención humanitaria de emergencia, como su nombre bien lo indica, debe ser de emergencia, de corto plazo y atender a la población mientras se transita a los programas de estabilización económica. El éxito de la estabilización económica depende del Estado, que provee programas que permitan al desplazado recobrar su capacidad productiva, y de la persona desplazada, que se debe comprometer con su proceso de recuperación. Una vez se logra la estabilización socioeconómica, cesa la condición de desplazamiento y la familia recibe las ayudas usuales del Estado.

Esta responsabilidad compartida se desdibuja con la reciente modificación de la ayuda humanitaria de emergencia. La nueva ayuda otorga subsidios monetarios trimestrales (cheques) que van desde $910.000 a un poco más de $1.3 millones, dependiendo del tamaño de la familia. Si a esto se suman las ayudas de Familias en Acción, una familia desplazada de 5 miembros podría recibir ayudas trimestrales mayores a $1.5 millones, es decir mensualmente percibiría 87% de un salario mínimo (Aclaro que estas cifras no son exactas pues ha sido imposible conseguir un documento escrito de la política).

Esta política de corte asistencialista, tan conveniente en año electoral y que parece ha frenado la avalancha de tutelas, no es coherente desde un punto de vista económico y mucho menos desde la óptica de la reparación de las víctimas del conflicto. Por un lado, elimina los incentivos de la población desplazada para generar ingresos autónomos, crea una dependencia estatal poco conveniente y genera incentivos para posponer el tránsito hacia la cesación de la condición de desplazamiento. Desde la óptica de la reparación, una ayuda meramente asistencialista no dignifica a la población desplazada, ni los convierte en ciudadanos activos del país.

El Gobierno Nacional debe dejar de tratar a la población desplazada como beneficiarios menesterosos y mirarlos como ciudadanos con deberes y derechos. Sólo así iniciaremos un proceso de reconciliación entre ciudadanos en igualdad de condiciones.