Una de las imágenes usuales de la Justicia es la de una señora que viste una toga, esgrime una espada y se encuentra vendada por decisión propia. Cada uno de estos elementos tiene una poderosa carga simbólica. Los hábitos talares, según una tradición muy antigua, son privativos de quienes administran Justicia (así escrito, con mayúsculas, para denotar majestad). La espada alude al poder de que goza; puede descargar todo el peso de la Ley contra quien la ha transgredido, lo cual todavía incluye, en algunas partes del mundo, la tortura y la muerte del reo. Por último, la privación voluntaria de la vista. ¿Se pretende que la ilustre dama no vea el crimen? No, por cierto. La idea es que, viéndolo, para pronunciar el veredicto no se deje influenciar por factores ajenos a su labor, tales como la presión popular a favor o en contra del acusado.
Todos esto hace parte de los principios de respeto a los derechos humanos de los sindicados e imparcialidad en la función judicial que han sido adoptados en casi todo el mundo desde el siglo XIX gracias al aporte de intelectuales de la época de la Ilustración tales como Cesar Becaría. Por supuesto, la "Justicia revolucionaria" o los tribunales conducidos por fanáticos religiosos no son neutrales, aplican normas creadas ad hoc, o cuyo contenido no obedece a principios de razón, todo lo cual hace casi imposible defenderse.
Mucho temo que el espectáculo mediático que se ha montado, con la aparente complacencia del Procurador General, en torno a los servidores estatales a los que se imputa haber participado en el denominado "Cartel de la contratación" en Bogotá, ha creado un ambiente de exaltación que puede afectar la calidad del proceso disciplinario. Yo espero que se establezcan con celeridad los culpables de unas conductas que mucho daño han hecho, pero no quisiera que el producto que obtengamos sea una colección de "chivos expiatorios". La Ley no dice que las audiencias que, en ciertos casos, puede convocar el Procurador en su condición de autoridad disciplinaria deban ser públicas; podrían -convendría, en mi opinión- que fueran privadas. Las decisiones, por supuesto, requieren amplia difusión.
Como en este contexto se ha mencionado que el Alcalde Moreno puede tener responsabilidad, es factible que, en ejercicio de una potestad legal incuestionable, el Procurador decida suspenderlo preventivamente mientras se adelanta la investigación. A ese respecto me limito a anhelar que actúe con exquisita prudencia. El Alcalde de la capital de Colombia es un funcionario de alto rango, elegido por el voto popular y perteneciente a un partido político por el cual -para decirlo con delicadeza- es probable que el Dr. Ordóñez no tenga especial simpatía.
Si decidiere suspenderlo de manera preventiva, estaría, en la práctica, forzado a condenarlo. En el evento de que lo absolviere, especialmente si ello sucede después de realizados los comicios, el Polo Democrático diría, con razón, que se le ha causado un daño político irreparable e injusto. Que lo sería también para el sistema democrático: no puede haber democracia sin que los diferentes partidos emulen, en condiciones de igualdad, por obtener el respaldo popular.
En este país pocos ciudadanos pagan impuestos o, más precisamente, se dan cuenta de que los pagan; esta circunstancia explica la notable indiferencia popular por la forma como ellos se gastan. Por eso hay que llamar la atención sobre una modalidad de despilfarro que tiene que ver con el asunto que aquí se examina. Me refiero a que, en numerosas ocasiones, se adelantan procesos de manera simultánea en la Procuraduría y en la Fiscalía por los mismos hechos. En tales casos, cuando la Fiscalía abra el proceso, la Procuraduría debería suspender el suyo mientras aquella decide. La Fiscalía tendría competencia para imponer las sanciones que al delito y las faltas disciplinarias corresponda. Solo si no hay lugar a responsabilidad penal, el asunto regresaría a la Procuraduría "para lo de su competencia"; es decir, para definir la responsabilidad disciplinaria. Pero, por favor, no tiremos el dinero de la comunidad a la alcantarilla.