Lo más visible del crimen organizado es la violencia. En la fantasía colectiva es violencia racional, es decir, violencia que busca unas ventajas (económicas) concretas. Así se han presentado las masacres recientes, en especial la de Santa Rosa de Ostos. Y como en el pasado, la acción del gobierno ("también caerán") se dirige a hacer que la violencia conlleve un costo excesivo para las organizaciones criminales. Así se ha hecho en los últimos 20 años, y así se dio la "donbernabilidad" de Medellín cuando la Oficina de Envigado centralizó, y controló, el uso de la violencia al servicio del crimen.
No es una estrategia insensata.
Sin embargo es apenas una respuesta de emergencia frente a un problema que se alimenta no de sangre, sino de dinero.
Locos hay muchos. Hay más muchachos desesperados por el dinero y el status que dan cargar, y usar un arma. Pero sin plata para pagar, y armar, a los muchachos no hay las famosas bandas. Sólo quedan los locos, y los muchachos a la espera de propuestas mejores.
Así como ha sido enérgica la respuesta del gobierno a la masacre de Santa Rosa, ha sido flácida hasta ahora la respuesta del Estado ante el lavado de activos. Y no es sólo un problema de la sorprendente, y persistente, corrupción e ineficiencia en el proceso legal de extinción de dominio e investigación por lavado de activos. Es también un problema de tolerancia generalizada con las formas que tiene la plata ilícita de entrar en Colombia, tolerancia que viene desde la época de "la ventanilla siniestra" y que posiblemente ha sido una ventaja comparativa del país cuando de narcos se trata. Y aunque la globalización obligó a los bancos a cerrar algunas modalidades de legalización de dineros sucios, persiste y crece el enorme enriquecimiento del crimen organizado.
Este enriquecimiento viene de la mano de muchos negocios. El más visible quizá, por lo menos en el campo, son los títulos de tierra habidos con plata y plomo, y que el gobierno parece incapaz de desmontar aunque dice querer hacerlo. El lavado también se ve, a ojos de buena ciudadana, de la mano de un negocio inmobiliario desbordado donde por lo menos en Cartagena despierta una enorme sospecha la forma como se construyen con afán torres y más torres que se cobran en millones de dólares y que permanecen en buena parte vacías, incluso en temporada alta. Y seguro habrá otros millonarios negocios donde se pueda invertir la buena plata que viene de venderle pasta de coca a los mexicanos en diversos puertos colombianos, así como de sacarla a Europa vía Venezuela. Esto sin hablar de otros negocios buenos para invertir excedentes de plata, como el de la minería con retroexcavadoras, sicarios y pocos permisos, el control de los juegos del chance, y el negocio de las oficinas de sicarios para el cobro de extorsiones varias.
La estrategia colombiana frente al crimen organizado ha sido atacar a los más violentos y mantener pequeñas las organizaciones criminales, o por lo menos, poco visibles desde Bogotá. Y del resto hacerse más o menos los tontos con la plata que entra, considerando, supongo, que así se hace en otras partes del mundo. Lo cual primero, no es necesariamente cierto, pues muchos éxitos han tenido en Europa y Estados Unidos con el desmonte del crimen organizado, desmonte que pasa por cortar el chorro de plata. Y segundo, incluso si en otras partes del mundo se permite el lavado de dineros, es por lo general en lugares donde la plata no se dedica a pagar el sueldo a los asesinos a sueldo, como acá.
Perseguir la plata sucia no suena sexy. Menos en un país tan ávido de plata. Se le ha puesto poca atención en los medios a las reformas del gobierno en ese sentido con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Pero para los que estamos cansados del plomo, quizá es el punto crítico del fin de la violencia: porque sin plata, no hay (tanto) plomo.