La Corte Suprema de Justicia resolvió decretar la nulidad del proceso por el cual se lleva a cabo el juicio contra William Salazar Carrascal, alias el ‘Loro’, por hechos delictivos cometidos durante su pertenencia a las autodefensas del sur del Cesar.

La anulación del proceso contra el ‘Loro’ representa un fuerte campanazo de alerta sobre la actuación de la Fiscalía en el proceso de Justicia y Paz. La Corte advierte una irregularidad sustancial en la imputación de cargos hecha por la Fiscalía, la cual refleja “negligencia de dicho ente en el cumplimiento de sus funciones de investigación, comprobación y verificación y podría, eventualmente, entorpecer la garantía de verdad, justicia y reparación de las víctimas”. El organismo de justicia reclama la inclusión del delito de concierto para delinquir en la formulación de cargos contra los desmovilizados.

La Sala Penal de la Corte advierte que la pena alternativa solamente puede cobijar los crímenes cometidos por los desmovilizados si previamente obra condena por concierto para delinquir. Y ello porque los beneficios contemplados en la Ley de Justicia y Paz se supeditan a la pertenencia del postulado a un grupo de criminalidad organizada. De modo que el delito de concierto para delinquir constituye una condición sine qua non para acceder a los beneficios. De lo contrario, el caso debe remitirse a la justicia ordinaria, afirma la Corte.

Sin embargo, la Fiscalía solo ha impartido cargos contra el ‘Loro’ por homicidio agravado, falsedad material en documento público y extorsión. Esto es aún más grave, si se considera que éste era uno de los casos más “avanzados” en Justicia y Paz.

Como consecuencia de las demoras de este organismo en la imputación completa, todavía no se ha dictado sentencia contra ningún desmovilizado. Se corre el riesgo de que los ex paramilitares cumplan el tiempo de reclusión previsto en la pena alternativa antes de que la etapa de formulación de cargos haya terminado.

María Clara Torres Bustamante
Investigadora Cinep-Odecofi