En este año se han presentado dos masacres contra los indígenas Awá que habitan la costa pacífica nariñense, cuyo territorio se expande hasta la provincia de Esmeraldas en el Ecuador.  En febrero de este año fueron masacrados por parte del frente 29 de las Farc once indígenas en el resguardo Tortugaña Telembí ubicado en el municipio de Barbacoas.  La masacre ocasionó el desplazamiento de alrededor de 500 indígenas al predio El Verde en el corregimiento El Diviso, ubicado en la vía Pasto – Tumaco.  Recientemente el 26 de agosto fueron asesinados 12 indígenas en hechos que son objeto de investigación y cuya autoría aún esta por esclarecerse.  Estos acontecimientos necesitan una contextualización que permita entender el trasfondo histórico de las relaciones complejas entre la región y el Estado central, por eso es necesario entender que el pacífico colombiano ha sido articulado al Estado central y al mercado nacional e internacional a través de sucesivas economías de enclave: ya sea desde el establecimiento de las minas de oro con mano de obra esclava por parte de las élites de Pasto y Popayán durante la colonia; y en los siglos XIX y XX mediante los auges de la tagua y la madera. 

Para las élites blancas del interior del país, y recientemente para los intereses del capital internacional, el pacífico ha sido visto como una fuente inagotable de recursos naturales que es necesario explotar en función de las dinámicas del capitalismo.  Esa lógica ha entrado no pocas veces en contradicción con el manejo del territorio y de los recursos naturales que tienen las comunidades negras e indígenas que habitan la región.  Pero esa tensión entre actores foráneos y sus pobladores se ha visto transformada drástica y dramáticamente con la reciente inserción simultánea de las distintas fases de la economía cocalera y del conflicto armado*.  En ese contexto,  las territorialidades étnicas, colectivas y politizadas que las comunidades indígenas y afrodescendientes han logrado desarrollar en el marco de los derechos consagrados a las minorías en la constitución de 1991, se enfrentan, en condiciones desiguales, a los objetivos de control por parte de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

* Ver al respecto mi artículo: El problema agrario, la economía cocalera y el conflicto armado, publicado en la Revista Controversia No. 192.

Teófilo Vásquez
Investigador CINEP - ODECOFI