Los recicladores encuentran un competidor inesperado en el negocio de la basura: los hijos de Uribe.

“Imagínese si alguien le niega la basura al hijo del presidente”, dice Nora Padilla, líder de la Asociación de Recicladores de Bogotá.

Con la reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender el proceso de licitación del servicio de aseo en Cali mientras dicta una sentencia definitiva en respuesta a una tutela interpuesta por los recicladores del botadero de Navarro se abre un nuevo capítulo en la desigual puja por el negocio del reciclaje de la basura.

Es una competencia que lleva varios años, que se está dando en las grandes ciudades del país y cuyos contendores no podrían ser más distintos: de un lado están las 70 mil familias de recicladores, personas que ganan entre dos mil y 20 mil pesos diarios por escarbar, separar y revender la basura que encuentran en la calle o en los botaderos. Del otro, los concesionarios de basura, un puñado de empresas altamente tecnificadas de aseo que desde hace cinco años vienen ganando las licitaciones en las grandes ciudades. A ellos se le suma un nuevo y poderoso jugador: los hijos del Presidente Uribe.

Con la entrada al negocio de la empresa Residuos Ecoeficiencia S.A., de Tomás y Jerónimo Uribe, el negocio de reciclaje ha dado un vuelco, pues cada vez más industrias le entregan a los Uribe el monopolio de sus residuos.

Ecoeficiencia nació cuando Jerónimo y Tomás aún estaban en la universidad, pero ya cuentan con más de doscientos empleados y tienen entre sus clientes grandes empresas como Coca-Cola, Bavaria y otras de las zonas francas, que antes entregaban su basura a los recicladores y ahora prefieren que Ecoeficiencia haga un manejo integral de todos sus residuos: reciclaje de las basuras, tratamiento de aguas negras y mediciones de ruido.

“Un grupo de recicladores llevaba cinco años haciendo la recolección de basura en las zonas francas, pero en un mes llega una empresa a hacer ese trabajo, y a las 40 personas que trabajaban les dicen que no vuelvan. Así nos damos cuenta directa que es la empresa de los hijos del Presidente”, dijo Nora Padilla, una de las líderes de la Asociación de Recicladores de Bogotá. 

Padilla es recicladora desde los 7 años, como lo fueron su mamá y su abuela. Pero ella se ve ante todo como una empresaria.

Y como empresaria, discutió cara a cara con Tomás Uribe lo que ella veía como una competencia desleal: “Tomás nos dijo que no querían afectarnos, que quieren integrarnos al negocio. Yo le propuse que en la zona franca contrate el segmento de residuos con la cooperativa de recicladores. Dijo que lo iba a pensar”. Eso fue hace dos meses.

En Cali, los recicladores viven una situación similar. Las empresas más grandes de la ciudad, incluídas las tecnoquímicas, le están dando las basuras a Ecoeficiencia. “Como los hijos del Presidente tienen la influencia, las empresas guardan los materiales y se los venden a los hijos”, dijo a La Silla Vacía Espólito Murillo Aguirre, delegado nacional de los recicladores por el Valle del Cauca. “La desventaja es grande porque tienen toda la plata y pueden vender más barato”.

Para los empresarios resulta más cómodo y les ofrece mayor seguridad que una sola empresa monte toda la operación de manejo de residuos con un equipo uniformado de empleados, montacargas y básculas a entregarle una parte de sus residuos a los recicladores y quedarse con el problema del resto de los residuos. Y sí además, a través de este negocio, tienen línea directa con los hijos del Presidente, ¡tanto mejor!

La frustración de los recicladores con esta situación es grande. Sobre todo porque se suma a varias normas expedidas en los últimos años que apuntan, coincidencial o deliberadamente, a sacarlos del negocio de reciclaje precisamente cuando el mundo comienza a descubrir el potencial económico de las basuras y la misma Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) establece un incentivo económico al que haga aprovechamiento de las basuras.

El primer golpe fue la ley de servicios públicos de 1994, que privatizó el servicio de aseo y exigió como requisito para concursar en las licitaciones de aseo que las sociedades estuvieran constituídas por acciones, demostraran solidez financiera y experiencia en grandes ciudades. Las cooperativas de recicladores que tenían a su cargo el servicio de recolección de basura en Chiquinquirá, La Plata, La Virginia y algunos barrios de Bogotá se quedaron viendo un chispero.

Luego vino la decisión de transformar los botaderos de basura en rellenos sanitarios, una medida necesaria desde el punto de vista ambiental, pero que no logró integrar a los recicladores en el nuevo esquema. Primero lo hizo Medellín. Bogotá siguió el ejemplo y luego, otras ciudades como Barranquilla y Neiva.

Precisamente, la tutela que actualmente estudia la Corte Constitucional (ver recuadro) fue interpuesta por los recicladores caleños a raíz del cierre del basuro de Navarro, del cual dependían más de 620 familias. Este botadero de basura que contaminaba el Río Cauca, proveedor del agua de millones de caleños, ha sido reemplazado por el relleno de Yotoco, adjudicado a Interaseo, del empresario antioqueño William Vélez.

Y por último, el 18 de diciembre pasado, salió una nueva ley que prohíbe sacar basura de las bolsas dejadas en la calle, transportarla en vehículos no apropiados y acopiarla sin cumplir con los requisitos sanitarios.

“Prácticamente, ahora los recicladores no podemos ni sacar la basura, ni transportarla ni acopiarla”, dice Padilla. “Manejamos la basura cuando tenía un bajo costo y ahora que tiene un gran costo nos la quitan.¨

Civisol, una fundación que trabaja para cambiar normas culturales y jurídicas generadoras de exclusión y que intervino ante la Corte Constitucional en defensa de los recicladores de Navarro, pone en duda el interés de protección al medio ambiente que subyace estas normas porque “el país ni siquiera tiene una política seria de separación de desechos entre los reciclables y los que no lo son”, dice Adriana Ruiz, su fundadora. Ella también ayudó a los recicladores de Bogotá a poner una tutela contra la licitación de las basuras en el 2003.

En ese entonces, la Corte estudió la tutela cuando ya la licitación había sido adjudicada, pero ordenó en todo caso incluir en las futuras licitaciones acciones afirmativas a favor de los recicladores que garanticen su inclusión en el negocio.

Como estas acciones no fueron respetadas por la Superintendente de Servicios Públicos cuando adjudicó la licitación del servicio de aseo en Cali, los recicladores confían en que la Corte les de ahora la razón y tumbe todo el proceso.

“Nosotros reclamamos nuestro derecho a la empresa ¨, insiste Padilla. “La gente está muy dolida porque hace esfuerzos y esfuerzos y nadie valora esos esfuerzos. A mí que me diga alguien de manera racional que yo no tengo derecho a comer pero que este señor tiene derecho a tener yates.”