Con el permiso de exploración a la multinacional AngloGold Ashanti, mineros y arroceros quedan en empate técnico. La pelea continúa.

Proyecto La Colosa, Cajamarca. Foto: Cortesía Revista Ambiental Catorce 6

Hace dos años, alrededor de la eventual explotación de la mina de oro de la Colosa arrancó la confrontación ambiental más grande de los últimos años en Colombia. En ella se puso de presente la contradicción de intereses entre la agricultura y la minería. Es la pelea entre el agua y el oro.

Lo que está en juego no es poca cosa.

Por un lado, está una inversión gigantesca, empleo y regalías.

Anglogold Ashanti, la multinacional minera encargada del negocio, ha dicho que invertiría entre 1.200 y 2 mil millones de dólares, lo que sería la mayor inversión extranjera directa en los próximos tres años.

También se crearían unos tres mil empleos directos en la fase inicial y otros mil cuando ya arranque la explotación, la mayoría de ellos de mano de obra no calificada, en el departamento cuya capital, Ibagué, tiene la tasa de desempleo más alta del país.

Y aunque las regalías son solo del 4 por ciento, al país le entrarían unos diez mil millones de dólares en los próximos 25 años sobre un valor estimado de 13 millones de onzas de reservas que tendría la mina, que se cree es una de las más grandes del mundo.

Pero la cara negativa es igualmente impresionante. Además de la vida cotidiana de 19 mil habitantes en Cajamarca, está en peligro el distrito de riego más grande del país, el del río Coello, que abastece más de 25 mil hectáreas en el plano del río Magdalena en el Tolima y cubre cinco municipios dependientes de los cultivos de arroz, sorgo y ganadería, principalmente.

Como hay tanto en juego, la decisión sobre si dejar o no explorar la zona por parte de Anglogold Ashanti ha sido muy polémica y ha enfrentado desde los poderes regionales del Tolima hasta el Procurador y los ministros de Medio Ambiente y Minas.

Ayer, después de más de un año de espera, el Ministerio de Medio Ambiente, con un ministro recién estrenado en el cargo, tomó una decisión: fue salomónica.

El Ministerio sustrajo temporalmente una superficie de 6,39 hectáreas de reserva forestal para el desarrollo de los estudios exploratorios mineros solicitados por Anglogold con una serie de condicionantes.

La primera es que el área es sustraída de la reserva forestal solo temporalmente, no les da un derecho automático para explotar los minerales y excluye explícitamente la intervención en áreas cubiertas de bosque de niebla así como manantiales o nacederos de agua.

Lo segundo es que le exige a la multinacional realizar estudios específicos para determinar la biodiversidad y la cantidad de agua de la zona y contratar una veeduría técnica conformada por científicos para que vigilen la exploración.

Por último, le exigen a la minera como compensación por afectar la reserva forestal sembrar árboles y mantener un área equivalente en otro lado de la cuenca del río Coello.

Con esta decisión, el Ministerio de Medio Ambiente equilibró las cargas.

Le concedió a Anglogold la posibilidad de continuar la exploración que había sido suspendida por Cortolima hacía más de un año ya que nunca habían pedido permiso para hacerlo. Y cedió ante los ambientalistas, al reducir el área de exploración de las 515 hectáreas que pedía la minera a un poco más del uno por ciento protegiendo las fuentes de agua. Pero más importante aún, metió en todo el proceso una veeduría técnica para los estudios que la empresa realice.

El municipio de Cajamarca será uno de los más afectados por la exploración. Foto: Cortesía Revista Ambiental Catorce 6

¿Qué sigue?

Pese a que todos ganaran un poco, la pelea aún no ha terminado. Aunque Anglogold tendrá que responder y pagar una multa que el Ministerio no especifició públicamente por haber iniciado la exploración sin contar previamente con el permiso de Cortolima, los opositores a la explotación de oro en la zona siguen sin estar satisfechos.

Creen que esta licencia abre la puerta de entrada - “ es la puntica”, dicen- para la explotación, la que sí tendría efectos ecológicos y humanos más profundos.

Por eso desde ya, cada uno de los interesados está preparando su siguiente paso.

La Procuraduría apelará la decisión del Ministerio de Medio Ambiente porque ya manifestó que el permiso de exploración viola la Constitución.

Usucoello, que agrupa a los usuarios del distrito del río Coello, presentará una acción popular para impedir la sustracción de la reserva.

Y la ONG Pax Christi, que ha acompañado todo el proceso, está pidiendo la participación de comunidades y técnicos independientes en los estudios de seguimiento y veeduría de la exploración de la mina. Esta organización holandesa quiere que Anglogold cumpla los acuerdos de “principios voluntarios” que firmó en Oslo en 2007 comprometiéndose a adelantar su trabajo sin violar los derechos humanos de las comunidades alrededor de la explotación.

En conclusión, la pelea será larga. En el primer asalto, hubo empate.