Violencia en las comunas de Medellín: No futuro

Medellín atraviesa por una crisis humanitaria. En palabras de la personera delegada para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, Ana Patricia Aristizábal, lo que se vive en varias de sus comunas, especialmente en la 13, con el desplazamiento, los enfrentamientos armados, los asesinatos y las amenazas retrata ese panorama.

Las alertas fueron activadas por la Personería, con un informe donde se da cuenta del aumento del 20 por ciento en los homicidios de la ciudad (1.057 entre enero y junio), todo por una guerra sin cuartel que libran bandas de hombres con armas de largo alcance y que obligan a los habitantes de estas zonas a vivir bajo sus leyes y escondidos. Esa zozobra está en el día a día de quienes viven en por lo menos 52 sectores de la ciudad. (Ver mapa de los enfrentamientos por comunas, elaborado por la Corporación Convivamos)

Las bandas se enfrentan por el control del territorio y de los sitios de distribución de drogas, y obedecen, según las autoridades, a jefes de organizaciones narcotraficantes conformadas por antiguos paramilitares.

No son pequeños grupos. El Comandante de la Policía de Medellín dice que hay 123 estructuras criminales identificadas que agrupan a 3.600 hombres.

Pero no solo se enfrentan entre ellos. Por el dominio territorial afectan a los civiles y prueba de ello es la deserción escolar, que según la Personería alcanza los 938 estudiantes habían abandonado sus colegios por evitar las represalias originadas en los límites territoriales impuestos por los grupos armados en los barrios, las amenazas y los señalamientos de ser integrantes de algunas de la estructuras en disputa.

También la cifra de niños asesinados, pues según el informe, entre enero y junio sumaron 103, pero además las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que ya no son solo utilizados para mensajería e inteligencia sino que es alarmante la vinculación directa de los niños como participantes en los enfrentamientos.

Una líder barrial le dijo a la agencia IPC que la comunidad está cansada de denunciar y que las cosas no cambien, que la pobreza y la violencia sigan igual. Su historia se hizo conocer mundialmente en el documental "La Sierra".

Este es uno de los fenómenos más difíciles de entender, pues en esta zona se han hecho inversiones millonarias durante las últimas alcaldías sin que la violencia se reduzca. Por el contrario, se nota un círculo vicioso en que el dominio territorial lo logra alguno de los grupos, hasta que se hace un gran operativo militar y la paz se mantiene un corto tiempo hasta que otro grupo más poderoso llega a pelear de nuevo el poder.

El secretario de gobierno municipal, Juan Felipe Palau, afirmó que el control por parte de las autoridades es total. Pero hace diez días, cinco viviendas de un barrio de la Comuna 13 sufrieron averías durante un enfrentamiento entre dos bandas a plena luz del día. Después de horas de cruce de fuego, 150 hombres del Ejército entraron a la zona y lograron hacer huir a los protagonistas de la balacera.

El alcalde Alonso Salazar se ha quejado incansablemente de la falta de justicia, igual que los representantes de la Policía y el Ejército, que alegan que de las personas a quienes capturan son muy pocos quienes resultan judicializados.

“Medellín ya no aguanta más comisiones, más discursos. Aquí estamos muy solos, necesitamos medidas extraordinarias para la ciudad”, dijo hace unos días el Alcalde quien también pidió la intervención del Gobierno nacional.

Sin embargo, el recuerdo de esas intervenciones no es el mejor. Durante 2002 hubo más de diez intervenciones que culminaron con la Operación Orión, la primera toma del poder de las autoridades en las comunas de Medellín, donde fueron más los desaparecidos y las quejas por violaciones a los Derechos Humanos que los resultados de recuperación del poder de las armas por parte del Estado. Gran parte de esos enfrentamientos se divulgó en el libro de Ricardo Aricapa, “Comuna 13: crónica de una guerra urbana”.

Después de Orión, que intentaba sacar a la guerrilla, se dio vía libre a los paramilitares que dominaron por años esas zonas, hasta la desmovilización, cuando se abrieron en bandas y ahora dejaron por lo menos 12 peleas territoriales.

Se realiza la Operación Contrafuego, acción conjunta de la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado. En ésta se realizaron 63 allanamientos, fueron capturadas 31 personas y murieron cinco personas que fueron presentadas por las autoridades como milicianos.

Operación Mariscal que tuvo como origen la solicitud impetrada por las autoridades y llevó al allanamiento de 34 viviendas localizadas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Esta operación fue dirigida por los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón. La Operación Mariscal comenzó a las 3 de la madrugada del señalado 21 de mayo de 2002 y duró aproximadamente 12 horas y media. Murieron nueve civiles, cuatro de ellos menores de edad, hubo 37 heridos y 55 personas más fueron detenidas.

Operación Antorcha, realizada en la madrugada, conjuntamente por la IV Brigada del Ejército, la Policía Metropolitana, la Fuerza Aérea, la Fiscalía y el DAS. En el reporte de esta operación se dio cuenta de 37 personas heridas.

Operación Orión. Fuerzas combinadas de Ejército, la Policía, el CTI, la Fuerza Aérea, el DAS y la Fiscalía ingresaron a la comuna 13 para recuperar el territorio tomado por aquel entonces por las milicias del ELN, las Farc y un grupo conocido como Comandos Armados del Pueblo, CAP. Fue ordenada directamente por el ex presidente Álvaro Uribe. Después de los tres días de acciones fueron reportadas las muertes de cuatro militares, diez supuestos milicianos, un civil y fueron detenidas más de 400 personas. Posteriormente, en el proceso de Justicia y Paz varios líderes paramilitares de la zona reconocieron que habían participado de la operación y que muchos de los desaparecidos que fueron reportados estaban enterrados en fosas comunes, en el sector rural de Medellín.

Se da cuenta de un rebrote de violencia, originado por la “Oficina de Envigado” y que en solo una semana dejó 31 muertos en medio de enfrentamientos. El Presidente Uribe encabeza un consejo extraordinario de seguridad y determina que 500 militares y 6.800 policías deben patrullar permanentemente los barrios más peligrosos. pero para octubre, el Comité Metropolitano de Derechos Humanos de Medellín, integrado por varias organizaciones no gubernamentales de la ciudad, expresaron su preocupación por el incremento que venía registrando el desplazamiento forzado en esta comuna, generado en parte por la presión de los grupos armados a reclutar a niños, niñas y adolescentes.

Un enfrentamiento entre dos bandas se mantuvo por más de tres horas en la Comuna 13. Ciento cincuenta uniformados controlaron la situación.