Mínimo vital de agua en Medellín: un impulso al
Referendo del Agua

Después de que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes le diera recientemente la razón a los promotores del referendo del agua y tumbara la modificación introducida por el gobierno al texto firmado por dos millones de colombianos, la iniciativa vuelve a empezar su carrera en el Congreso con el texto original.

Pero desde ya, el trabajo de los promotores del Referendo está dando los primeros frutos en Medellín. El viernes pasado, el alcalde Alonso Salazar anunció que implementaría el mínimo vital de agua potable, la principal batalla del referendo por el agua.

Esta es una buena noticia para los estratos bajos de la capital antioqueña, pues cada persona recibirá 2500 litros de agua gratuita al mes. Inicialmente la cobertura será para diez mil familias de estrato uno, con un costo aproximado para la ciudad de 35 millones de pesos mensuales. Pero también es un espaldarazo para los promotores del referendo que el 13 de marzo de 2008 se pusieron la camiseta para defender el agua y hoy están mostrando que la participación ciudadana sí da resultados.

El Referendo por el Agua -una de las más grandes movilizaciones que se han hecho en país- logró reunir el trabajo de 700 organizaciones. Durante casi un año, los promotores de la iniciativa navegaron los cinco principales ríos de Colombia y recogieron dos millones de firmas de ciudadanos.


Durante estos viajes, pudieron darse cuenta de la situación de muchos lugares de Colombia: en el Cauca, la pérdida de humedales es dramática pues los cultivos de caña de azúcar demandan gran cantidad de agua para su sostenimiento. En el Magdalena, la pesca ha disminuido por la contaminación del río y las personas que viven a la orilla no tienen agua potable. En todo el país, se han alterado los cauces de los ríos para extender las tierras de ganadería. Amazonas sólo tiene acueducto en Leticia, en el resto del departamento los indígenas toman agua de las quebradas, así como en Chocó. Sólo Quibdó tiene acueducto, pero es de mala calidad. Todo este panorama se suma a las basuras, desechos y aguas negras que se vierten en los principales ríos y fuentes hídricas del país.

El referendo busca consagrar como un derecho constitucional el mínimo vital gratuito de agua, es decir, la cantidad de líquido mínima necesaria para subsistir y que en caso de que una persona no lo pueda pagar, el Estado se lo proporcione gratis; la prestación del servicio de agua por parte del Estado o entidades sin ánimo de lucro; y la protección de páramos y reservas naturales que son fuentes de agua.

El argumento principal es que el agua es indispensable para la vida y por lo tanto no puede ser un negocio.

Los promotores del Referendo, autores de numerosos estudios sobre el tema de agua, saben que este recurso escasea. “Y precisamente ahí está la oportunidad para hacer negocio. Con el agua hay dos caminos: venderla o convertirla en un bien público, el Gobierno optó por venderla”, dice Rafael Colmenares, Vocero del Comité Promotor del Referendo.

Cosa distinta piensa el Gobierno que se ha convertido en el más férreo opositor del referendo. El Gobierno ha argumentado que su aprobación significaría un retroceso en los logros de las empresas prestadoras del servicio de agua, pues gracias a ellas hay un mejor nivel de prestación del servicio y mayores coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo. Todo eso ha incidido positivamente en los indicadores de salud pública. Lea los argumentos del Gobierno.

El conflicto que se ha desatado alrededor del Referendo del Agua expresa las dos principales peleas por el agua que se están dando entre el Ejecutivo y la ciudadanía en varios lugares del país.

La pelea por el agua 1: Acueductos

En el municipio del Banco, Magdalena, en enero de este año, todo el pueblo se puso de acuerdo para protestar contra la empresa Operagua. Se tomaron la sede y con una manifestación en la que participó hasta el Obispo del pueblo Jaime Enrique Duque, hicieron sentir su descontento por las irregularidades del contrato que hizo Ministerio del Medio Ambiente con esta empresa. El agua que suministra Operagua está contaminada y la sede del acueducto está en pésimas condiciones. Esta situación da origen a conflictos en otras regiones alrededor de la política de agua del gobierno que consiste en firmar planes departamentales de agua para asegurar que los recursos destinados al agua, no se inviertan en otro fin. Estos planes buscan llevar agua potable a regiones que no contaban con este servicio por eso se conoce como la Revolución del Agua. Hasta ahora el Gobierno ha llevado agua potable a tres departamentos. El conflicto más común por el control del agua se da con los acueductos veredales que corresponden al 25% de los acueductos del país. En muchas regiones, sus habitantes no quieren que el agua sea administrada por empresas privadas pues aumentaría el costo del servicio. Gracias a que el Gobierno ha llevado agua potable a tres departamentos, los Planes Departamentales de Agua, que involucran empresas privadas, hay comunidades que se oponen. A partir de la ley 142 del 94 aumentaron los costos en las tarifas de agua, pues empresas privadas o mixtas entraron a prestar el servicio. Esta ley obliga a las empresas públicas a hacer de la prestación del servicio de agua un negocio que genere ganancias. Sin embargo el gobierno defiende esta ley pues cuenta con un esquema de solidaridad que subsidia hasta el 70% de la factura para el estrato 1, el 40% en el estrato 2 y 15% en el estrato 3. Pero según los promotores del referendo la población que vive en condiciones de pobreza extrema no puede pagar estas tarifas. Muestra de ello son las 400 mil familias a las que les cortaron el servicio de agua por falta de pago. Más de 200 mil están en Bogotá. Para los promotores del referendo del agua el problema de la desconexión se da por el monopolio de empresas públicas y privadas que imponen precios que las familias pobres no pueden pagar.

 

La pelea por el agua 2: reservas naturales

Otro tipo de conflictos que se presentan por el agua son las concesiones que entrega el Gobierno a empresas privadas para la exploración y explotación de recursos en zonas como páramos, ríos, lagunas y humedales. Es el caso de la minería en páramos como Sisavita, en Norte de Santander, El Almorzadero, en Santander y Cajamarca, en Tolima. A pesar de las protestas de numerosos grupos de ciudadanos, detener estos permisos para explorar o explotar minas en reservas naturales no es tarea fácil. Por eso la iniciativa del Referendo es reformar la Constitución Política para que consagre la protección de ecosistemas necesarios para el agua y que estos se usen prioritariamente para garantizar su disponibilidad y preservación. La mina la  Colosa se ha convertido en un motivo de pelea entre el Gobierno y la comunidad que se opone a la explotación minera en esa zona.

La Defensoría del Pueblo denunció recientemente que que 13 millones de colombianos no tienen acceso a agua potable y que uno de cada tres no tiene red de acueducto o la tiene, pero el agua está contaminada. El país tiene cifras como estás a pesar de ser la octava reserva de agua en el mundo. 

Es difícil anticipar si al final el pulso por la mejor solución para este problema lo ganarán los promotores del referendo o el gobierno. Sólo se sabrá en el segundo semestre de este año cuando se termine de debatir la iniciativa en el Congreso. Hagan sus apuestas.