Comisión asesora de política criminal vuelve trizas proyecto de cadena perpetua

 

La senadora Gilma Jiménez ha trabajado de manera incansable desde antes de ser elegida por la aprobación de este proyecto. Y, a punta de esfuerzo, consiguió que fuera aprobado en el Senado. Pero le falta el trámite en la Cámara. Y ya el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras le dijo a los de la Comisión Asesora que estaba de acuerdo con sus argumentos de rechazo a esta iniciativa. Si el Ministro dice hacia afuera lo mismo que sostuvo a puerta cerrada, el proyecto de Jiménez se quedará sin el impulso del gobierno.

El proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños es irracional, es altamente inconveniente y es inconstitucional, esa es la conclusión de la Comisión Asesora creada por Germán Vargas Lleras para aconsejar al Gobierno en política criminal. A puerta cerrada, Vargas Lleras dijo que estaba de acuerdo con los argumentos de la Comisión. Si el Ministro sostiene hacia afuera esta misma posición, quiere decir que el proyecto de la senadora Gilma Jiménez se quedó sin el respaldo del Gobierno.

Esta comisión, integrada por los juristas Yesid Reyes, Iván González, Rodrigo Uprimny, Camilo Sampedro, Carlos Guillermo Castro, Julissa Mantilla y Fernando Velásquez, estudió el proyecto de ley de referendo impulsado por la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez con el respaldo de más de dos millones de firmas ciudadanas. Y su evaluación es funesta para la iniciativa.

La Comisión critica el proyecto de cadena perpetua tanto en la forma como en el fondo.

En la forma, rebate el argumento de que, por ser una iniciativa de referendo el Congreso, debe respetar la voluntad de las dos millones de firmas y aprobarlo sin examinar su constitucionalidad o conveniencia. 

“[El Congreso] debe reflexionar sobre la pertinencia, la conveniencia y la justicia de las iniciativas, y no simplemente aprobarlas con el argumento de que tienen amplio respaldo popular.”

También señala la paradoja que atraviesa el proyecto: si el Congreso lo aprueba con el texto que le presentaron a los ciudadanos que firmaron a favor del proyecto, este sería totalmente inconstitucional puesto que le impondría automáticamente la cadena perpetua al que matara, violara, maltratara severamente, secuestrara o explotara sexualmente a menores de 14 años o a menores de 18 años discapacitados.

“Una pena imperativa y automática de ese alcance para esos delitos es del todo irracional, pues —sin importar las circunstancias en que se cometan, el grado de culpabilidad del autor, o la diversidad misma de las conductas punibles señaladas—, siempre habría lugar a imponer la cadena perpetua”.

La Comisión concluye esto de manera categórica puesto que, hace exactamente un año, la Corte Constitucional tumbó una norma que era prácticamente idéntica con estos mismos argumentos.

Pero si el Congreso –en palabras de la Comisión– “intenta reducir su irracionalidad”, modificando el texto para que diga que la pena para esos delitos puede ir “hasta” la cadena perpetua para que no se aplique de manera automática a todos los casos y respete esa proporcionalidad y gradualidad, entonces también sería inconstitucional. Puesto que ya la Corte ha dicho que no se puede alterar de manera sustancial el texto con base en el cual fueron recogidas las firmas y es claro que la gente que firmó quería la cadena perpetua para los violadores y no que fuera el juez el que juzgara la gravedad de la pena que se merecía cada caso.

No solo lo dijo la Corte cuando tumbó el referendo que permitía la segunda reelección de Uribe sino también cuando declaró inexequible la ley que en 2009 permitía la cadena perpetua para violadores -y sobre la cual la iniciativa de la senadora Jiménez es calcada-, ya que en ese caso también decidieron modificar el texto que le habían presentado originalmente a los ciudadanos.

“Por ambas vías, entonces, la conclusión que se impone es que este Proyecto de Ley 206 de 2010 debe ser archivado por inconstitucional. La Comisión Asesora estima que el Congreso de la República debería, de una vez por todas, evitar el desgaste que para el país implica aprobar un Proyecto que, todo lo indica así, va camino a ser declarado inconstitucional, porque pisotea la entraña misma de la Carta Fundamental”.

La crítica anterior apunta a que los promotores de este referendo no hicieron una mínima investigación previa de las sentencias de la Corte para evitar que se cayera en el examen constitucional por el mismo error que las iniciativas anteriores. Pero, según la Comisión, tampoco hicieron un esfuerzo por sustentar la iniciativa desde el punto de vista de la política criminal.

“La Comisión Asesora considera que esa propuesta tampoco es fruto de una política criminal sustentada, que realmente proteja a los niños, niñas y adolescentes en Colombia, contra esos crímenes”.

Dice que, salvo unas “referencias muy generales y poco desarrolladas” sobre cómo la cadena perpetua enviaría el mensaje a la sociedad sobre el valor de proteger a los niños y disuadiría a los violadores, la mayoría de los ejemplos comparados que presenta son inexactos.

“La precariedad de las justificaciones esgrimidas para legitimar una sanción penal tan retardataria y severa, a cuyo efecto se acude a la reforma de la Constitución, representa en sí misma un hecho muy problemático porque muestra —sin ninguna duda— que se está legislando en una materia tan grave sin fundamento en ninguna evidencia empírica seria sobre la posible eficacia de una medida tan drástica”.

Y luego van rebatiendo cada uno de los argumentos esgrimidos no en la ponencia, ni en la exposición de motivos (ya que dicen que estos no están allí), sino los defendidos en los medios.

Frente al argumento de que los autores de estos delitos son personas incapaces de controlar sus impulsos, la Comisión concluye que esto no está científicamente demostrado:

"Las investigaciones más documentadas enseñan que las tasas de reincidencia en estos crímenes son menores de lo que la opinión pública usualmente plantea".

Y cita un estudio reciente de Human Rights Watch que examina 29.000 casos de personas condenadas por crímenes sexuales y que fueron liberadas y concluye que la tasa de reincidencia (tomando un período muy amplio de 15 años) era del 24 por ciento. Es decir, al menos 3 de cada 4 condenados no reincidió y esta tasa baja si la persona recibe tratamiento y ayuda sicológica.

También rebate el argumento de que los violadores o asesinos de niños no pueden ser rehabilitados médicamente porque son incapaces de comportarse en forma correcta. 

“Si se aprobara la cadena perpetua para violadores, se debe ser consciente de que si fuera cierto que los autores de estos delitos no pueden controlar sus impulsos sexuales, se podría afirmar que muchos de ellos jamás irán a prisión porque van a ser declarados inimputables por un juez penal y remitidos a centros de tratamiento médico especializados”.

En la misma línea desmiente el argumento que la cadena perpetua impide que el condenado regrese a la vida social. Y demuestra que una revisión de derecho comparado demuestra que las condenas a cadena perpetua suelen ser revisadas en los países donde existe después de períodos que oscilan entre los diez y los 15 años de prisión y si se considera que está rehabilitado y es apto para vivir en sociedad, se le deja en libertad.

"La finalidad de impedir que el condenado regrese a la vida social es incompatible con la función resocializadora que, de acuerdo con los tratados internacionales, la Constitución Política y la ley penal, ha de tener la pena privativa de la libertad.”

Uno de los argumentos que ha utilizado la senadora Jiménez es que, si se aprueba este proyecto, los condenados a cadena perpetua no tendrán derecho a beneficios jurídicos. Sin embargo, la Comisión recuerda que esta prohibición ya existe desde 2006 para crímenes cometidos contra menores y que por lo tanto “en este aspecto el Proyecto no aporta nada nuevo.” Pero que, además, la prohibición de beneficios jurídicos podría conducir no solo a que los violadores, entre otras cosas, extremaran las medidas para evitar ser descubiertos (por ejemplo matando al menor), sino que además impediría que los delincuentes tuvieran un incentivo para colaborar con la justicia.

Por ejemplo, Garavito, el símbolo de la maldad que inspira de alguna manera esta ley, terminó confesando la mayoría de sus delitos. Lo mismo el violador de la 26, a partir de cuya captura y confesión han podido esclarecer las autoridades unas 50 violaciones.

“Conviene aclarar que frente al caso específico de Luis Fernando Garativo, el eventual establecimiento de la cadena perpetua no tendría frente a él ninguna incidencia, pues no podría aplicársele por los crímenes que cometió dado que sería una pena retroactiva, totalmente incompatible con los principios de legalidad."

La Comisión también ofrece argumentos en contra del más fuerte que ofrecen los promotores y es que con la aplicación de la cadena perpetua los violadores y asesinos de niños no pueden reincidir. Dice que si se acepta este argumento entonces el Estado estaría renunciando al caracter resocializador de la pena, a la idea básica de nuestro Estado de Derecho de que la cárcel le permite a la gente reconocer su error y su culpa y dejar de ser delincuente.

Los otros argumentos de la Comisión son en relación con la inconveniencia del proyecto. Los juristas cuestionan la conveniencia de que los ciudadanos, a través de firmas, pueden variar la política criminal del Estado. Porque, por ejemplo, podrían vía referendo legalizar el tráfico de drogas o decidir que comprar videos piratas no debe ser sancionado o incluso dejar sin castigo la evasión de impuestos .

Frente al argumento de que la cadena perpetua reducirá de manera apreciable este tipo de delitos, la Comisión ironiza:

“Si fuese verdad que con la amenaza de la cadena perpetua se logra intimidar a la sociedad —¡algo que ninguna investigación empírica ha podido demostrar!—, en forma tal que desaparezcan o se reduzcan notablemente los delitos contra los menores de edad (como se asume en el Proyecto de referendo), entonces lo que el Estado debería hacer es consagrar como única pena para todos los delitos la cadena perpetua, para —de esa forma—acabar con el delito en Colombia o, cuando menos, reducirlo de manera considerable”.

Por último, la Comisión concluye que "la cadena perpetua es una pena inhumana que desdeña toda la tradición ilustrada en torno a la cual se edifica la Constitución de 1991, por lo cual no tiene cabida en el ordenamiento punitivo.”

“Estas medidas suelen ser bastante populares a nivel de la opinión pública y dan buenos réditos políticos a quienes las defienden, pero no sólo tienen una eficacia limitada y discutible para prevenir los crímenes, sino que pueden agravar muchos de los problemas del sistema penal, como el hacinamiento carcelario de la cadena perpetua. Pero un odio generalizado, por más explicable que sea, no constituye una razón”.

Su recomendación es más bien esforzarse por incrementar la eficacia del sistema penal en cambio de incrementar las penas.

“Es mejor, entonces, perfeccionar la investigación de esos crímenes contra los niños, niñas y adolescentes, para reducir su impunidad, en vez de plantear la cadena perpetua. La iniciativa debatida no es, entonces, la expresión de una buena política criminal acorde con los postulados propios de la democracia, sino una forma de populismo o de demagogia punitiva.”

Aunque el proyecto de ley ya fue aprobado en sus dos primeros debates en el Senado, es improbable que logre sobrevivir los dos que le faltan en la Cámara si los congresistas se toman en serio este documento. No solo porque los argumentos de política criminal son contundentes, sino sobre todo porque en el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras estuvo de acuerdo con la posición presentada por esta comisión asesora a pesar que durante el trámite en el Senado había apoyado la iniciativa. Y sin el empuje del Gobierno, por más que ahora los Verdes sean de la Unidad Nacional y que sea un proyecto altamente popular con la mayoría de la población, es difícil que pueda salir adelante.

Este documento es un duro golpe contra la senadora Gilma Jiménez, que ha dedicado los dos últimos años, a impulsar esta polémica iniciativa. Si se hunde la ley, lo que se habría ganado gracias a su esfuerzo es poner el tema de la violencia contra los niños en el primer plano de la agenda nacional para que, como dice la Comisión, ahora sí se reenfoque el debate en aquello que realmente sirve para protegerlos.

Ver documento de la Comisión