Tanto se ha dicho y escrito a favor y en contra de las corridas de toros y espectáculos semejantes, que no resulta fácil escribir algo nuevo que aporte al debate y contribuya, de algún modo, a la eliminación definitiva de prácticas que vulneran la vida de los animales y denigran a la misma humanidad.

Por parte de los taurinos (toreros, aficionados, ganaderos y empresarios) se escuchan argumentos vergonzosos como los que ligan religión y tauromaquia –razón de más para entender por qué la iglesia dejó hace tiempo de ser un referente moral en Occidente-; otros esnobistas y arrogantes como los que pretenden erigir la matanza de animales al nivel del arte –nombre que en la modernidad se le da cualquier cosa-; el más común que apela a la tradición –godo argumento que condena al inmovilismo-; o el que haría de los taurinos, según ellos mismos, verdaderos filántropos por dar a los toros ‘una muerte digna en la batalla’, a diferencia de la muerte infame y en cadena a la que son sometidos los demás animales.

Recientemente se han puesto de moda, además, las que apelan a la necesidad de mantener las corridas de toros para construir hospitales para pobres –perversa lógica que da valor a la vida de unos y aniquila literalmente la de otros–, o al altruismo innato de los taurinos por ayudar a preservar una raza inventada por ellos mismos para su propio divertimento cruel. ¡Ahora resulta que son ambientalistas!

De parte de quienes defendemos a los animales y reivindicamos el derecho que nos asiste a todos los seres sintientes de vivir y morir dignamente –no la dignidad de la muerte de la que hablan los taurinos en sus masacres disfrazadas con discursos sobre batallas y combates, sino la de verdad, la que todos los mortales comprendemos cuando hablamos de la vida–, también escuchamos una diversidad de razones que, a diferencia del variopinto espectro argumental de los defensores de su fiesta, concluyen, al final, en una sola, contundente y suficiente por  su misma obviedad.

La razón a la que hago referencia no es otra que la sintiencia (sentience) del toro: la capacidad que comparte con todos los seres vivos, dotados de un sistema nervioso, de experimentar placer, dolor y sufrimiento y que lo hace sujeto de consideración moral.

Ante esta aseveración suelen decir los taurinos: ‘ya vienen los antitaurinos con su sensiblería’. Ojalá todos los ciudadanos del mundo fuéramos sensibles cuando de respetar la vida se tratara.

Apelando a nuestra cordura y humanidad, esta razón debería ser suficiente para reconocer que la ética y los límites que ella impone a cualquier actividad humana -más aun cuando es la vida de otro ser sintiente la que está en juego sin su voluntad- se impone como argumento a las justificaciones espurias y arrogantes de quienes quieren su fiesta a toda costa, alegando libertades y derechos absolutos sobre el resto de las criaturas o banalizando la discusión a una mera cuestión de gustos particulares y repugnancias íntimas.

Ni siquiera el arte –concedámosle este rotulo a las masacres taurinas- está eximido de responsabilidades éticas. ¿O es que acaso un artista tiene derecho a torturar a un animal salvaguardándose en su supuesta ‘inmunidad artística’?

Es más, consintamos que en el arte es legítimo realizar cualquier fantasía por perversa, violenta o controversial que resulte, mientras se trate de una representación. Pero lo que sucede en el ruedo no es una representación: son seis toros que mueren ahogados en su propia sangre tras ser torturados, envilecidos, al clamor de una tonta muchedumbre cada vez más distante de su propia humanidad compasiva.

Admito que dejar de torturar animales quizás coarte la libertad de los taurinos de pasar una tarde de domingo en la Plaza de Toros rodeados de gente linda y con clase, pero a pesar de este argumento, tan de peso, la vida de un animal –y de cualquier ser vivo- siempre valdrá más.

La ética es sólo una. No es una opción personal, es un imperativo vinculante. Por ello, el respeto a la vida de los animales y de los más vulnerables será siempre el termómetro que mida cómo se plantea la ética una sociedad.

Ha empezado nuevamente la temporada taurina y ésta, coincidiendo con la inauguración de nuevos gobiernos locales, ha recibido las críticas y los aplausos propios de una actividad que nunca ha dejado de ser polémica. Esto es normal y entendible: este tipo de discusiones son precisamente las que ocurren en una democracia.

Sin embargo, lo que llama la atención es la confusión conceptual acerca de muchos de los elementos de la discusión, que en vez de enriquecer lo que debería ser un debate argumentativo lo distorsionan al favorecer interpretaciones sentimentales y efectistas.

Lo primero sería aclarar que en Colombia impera, por lo menos desde 1989, el concepto del bienestar animal  (animal welfare) que en resumidas cuentas establece que los animales son seres sintientes que deben ser tratados considerando su bienestar físico y psicológico.

¿Quiere esto decir que los animales tienen derechos? No. Los seres humanos tenemos deberes sobre los animales, por ejemplo de criarlos sin maltratos y de sacrificarlos sin un sufrimiento excesivo, pero ellos no tienen derechos. El tema es muy simple: si tuvieran derechos tendrían derecho al derecho fundamental por excelencia, el derecho a la vida. Y no lo tienen. ¿Tiene derecho el zancudo a que no lo aplasten de una palmada? No. ¿Tiene derecho el pollo a que no lo rosticen? No. ¿Tiene derecho el atún a que no se lo coman crudo en un sushi? No.

No existe ninguna constitución en el mundo que prohíba el sacrificio de animales para volverlos hamburguesas, jamón, sushi, zapatos, chaquetas, sillas y lo que se quieran imaginar, hasta comida para otros animales.

Segundo, que el bienestar animal en Colombia, como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-666/10, tiene excepciones. Estas pueden ser  de carácter cultural, religioso o científico. En otras palabras, no solamente podemos los colombianos matar animales para aprovecharlos sino que la Constitución Nacional nos permite hacerlo de manera cruel,  tratándose de espectáculos con arraigo cultural, como las corridas de toros, o si se trata de actos de carácter religioso o de un experimento científico.

O sea que el problema de las corridas no es constitucional, como tampoco resulta un problema legal. El reglamento taurino nacional  es una norma clarísima en su contenido, llegando inclusive a obligar a las autoridades locales donde existen plazas permanentes, como Bogotá por ejemplo, a cumplir lo que en él se consigna.

Por lo tanto, estamos realmente frente a un tema netamente político, o  de política pública, si se quiere, que en últimas se sustenta en una apreciación moral subjetiva.  Las autoridades locales que se oponen a las corridas de toros lo hacen porque sencillamente no les gustan. Así de simple. No porque sea un tema de derechos de los animales, que no los tienen, o por un tema de bienestar animal, que la constitución colombiana exceptúa, o por un tema legal, que lo permite ampliamente.

Ahora bien, las decisiones políticas valen, así sean por definición, subjetivas y coyunturales. De hecho en la misma semana en la que el alcalde de Bogotá anunció su voluntad de suspender el patrocinio de la plaza de toros por parte de empresas distritales extendió el plazo para prohibir el tránsito de vehículos de tracción animal.

Entendida esta como una decisión política no hay contradicción alguna. Resulta para la actual administración distrital inaceptable la tortura de un toro de lidia durante quince minutos para desarrollar “una expresión artística del ser humano” (así es como define la ley colombiana la tauromaquia)  pero tolerable la tortura durante años de un caballo que tira de una pesada carreta en medio del caos vial bogotano.

En otras palabras, a los poderes distritales les parecen mal las corridas de toros y bien (por lo menos durante un rato que hasta ahora es indefinido) las zorras en las calles. Apreciación que por demás –y en esto quiero ser reiterativo- es absolutamente legítima y corresponde al privilegio propio de una autoridad administrativa, que se coloca con esta decisión exclusivamente en el terreno de las responsabilidades políticas, más no constitucionales, legales o humanitarias, las cuales permitirían cualquier tipo de posición.

Para finalizar algo sobre la decadencia de las corridas de toros.  Ya sobre este tema se había referido Ernest Hemingway por allá en 1925, lamentando la decisión de Primo de Rivera de ponerle aperos a los caballos: “Decadencia es una palabra difícil de usar porque se ha vuelto poco más que un término abusado por los críticos de las cosas que no entienden o que parecerían diferir de sus conceptos morales”.

Como siempre Papa Hemingway dando en el clavo de la naturaleza humana.

El autor reitera que las anteriores opiniones son enteramente de carácter personal y que no comprometen de manera alguna la entidad pública que representa.