Sin embargo, hoy cinco años después, las bandas criminales que son estructuras criminales salidas de los paramilitares se han convertido en el mayor enemigo de la seguridad nacional, según el General Óscar Naranjo, comandante de la Policía Nacional.

El ministro de Defensa Rodrigo Rivera admitió que de los miembros de esas bandas capturados hasta ahora el 12 por ciento son paramilitares desmovilizados, y que la mitad de los jefes de las Bacrim eran paras.

Según admitió el mismo Gobierno esas bandas están controlando regiones enteras. Entonces, la desmovilización paramilitar que se convirtió en uno de los mayores éxitos del uribismo está hoy en duda.

Según las cifras del anterior gobierno, con este programa se logró superar la situación de pobreza de cinco millones de personas.

Sin embargo, el Gobierno de Santos comenzó un desmonte gradual de este programa, que en los últimos años fue criticado por muchos economistas por no estar bien focalizado. El Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Gobierno de Juan Manuel Santos ante el Congreso reduce el monto de los recursos para entregar a través de este programa en un 25 por ciento. Con esto se excluirían más de 500 mil familias beneficiarias.

Ya posesionado Santos, con la mini reforma tributaria que aprobó el Congreso al final de la legislatura pasada se desmontó la exención al impuesto de renta por reinversión de utilidades. El gobierno también metió en el congelador la política de los pactos de estabilidad y no ha firmado todavía los que fueron solicitados el año pasado.
 

Con la decisión de Juan Manuel Santos de invitar a su coalición de Unidad Nacional al Partido Liberal y a Cambio Radical, el ala uribista del Partido Conservador no solo perdió protagonismo burocrático sino también peso ideológico en el rumbo del gobierno. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras presentada por Santos ha contado con el rechazo soterrado de una buena parte del Partido Conservador que la critica principalmente por su costo fiscal.

Santos también ha tumbado de facto la política de la prohibición de la dosis mínima, otro de los caballitos de batalla del uribismo en su alianza con los conservadores.

Y para terminar de golpear este pilar del uribismo, el nuevo espacio abierto por el presidente Juan Manuel Santos a ex funcionarios del gobierno de Pastrana, le han permitido al ex presidente -crítico declarado de Uribe- recuperar el espacio perdido dentro del Partido Conservador.

Como uno de los ejes del uribismo fue aspirar a una hegemonía política, el expresidente Uribe trató de debilitar a estos dos partidos quitandoles burocracia y deslegitimándolos en los medios.

Pero tan pronto como Juan Manuel Santos fue elegido como Presidente, llamó a la Unidad Nacional a los liberales y Cambio Radical.  Estos dos partidos no solo son los principales impulsores de las políticas de Santos sino que además gran parte de las políticas propuestas por sus candidatos presidenciales durante la campaña -Rafael Pardo y Germán Vargas Lleras- hacen parte de las políticas de Estado como la Ley de Víctimas, la Ley de Primer Empleo y la Reforma Judicial.

Actualmente, si bien Cambio Radical ha negado que haya planes de fusión con otros partidos, ya se ven los primeros acuerdos para las elecciones regionales. Rafael Pardo, director del Partido Liberal, y Germán Varón, codirector de Cambio Radical, acordaron una coalición para las gobernaciones de Cundinamarca, Santader, San Andrés y Risaralda y para las alcaldías de Medellín, Barranquilla, Pereira, Popayán, Bucaramanga e Ibagué.

Hasta el último día de su Presidencia, Álvaro Uribe criticó al presidente de Venezuela Hugo Chávez y lo acusó de cubrir a los líderes de las Farc que estarían asentados en el territorio del país vecino. Alrededor de las políticas socialistas de Chávez, Uribe armó una cruzada internacional para acusarlo de cubrir el terrorismo.

Es más, los cables de Wikileaks revelados por El Espectador demuestran que el ex Presidente estaba dispuesto a adelantar estrategias clandestinas en Venezuela para enfrentar a la guerrilla de las Farc.

Pero apenas tres días después de posesionarse como Presidente, Juan Manuel Santos se reunió con su homólogo venezolano y en “cuatro horas” solucionaron el problema bilateral. Y un mes después, el 7 de noviembre pasado, luego de una reunión entre Santos y Chávez en Caracas, el presidente colombiano calificó a Chávez como su “nuevo mejor amigo”. También se restablecieron las relaciones diplomáticas con Ecuador. Y Santos ha revalorizado la interlocución con los países sudamericanos y con Unasur y por lo menos al nivel del discurso, le ha quitado protagonismo a la relación con Estados Unidos.
 

La decisión de Uribe, que se mantuvo en secreto hasta cuando ya era un hecho, generó un debate latinoamericano que llegó incluso a instancias de Unasur y una nueva ruptura de las relaciones con Venezuela.

Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible el tratado y con ello lo declaró “inexistente”. Esto ya ocurrió en el gobierno de Juan Manuel Santos quien se mostró tranquilo sobre el fallo y aunque en su momento dijo que se analizaría la situación la verdad es que decidió no reabrir el tema con Estados Unidos.

El tratado fue aprobado por el Congreso colombiano el 14 de junio de 2007 y desde esa época el gobierno colombiano espera que el Congreso estadounidense dé también su aprobación. Los sindicatos colombianos y estadounidenses han logrado bloquear en el Congreso de E.U. la aprobación del tratado, a pesar de que el gobierno de Uribe -para quien el TLC era un eje de su política comercial- logró mostrar una disminución importante en las muertes de sindicalistas.

Con la llegada del nuevo gobierno, la prioridad sobre el TLC cambió (por lo menos de labios para afuera). El presidente Juan Manuel Santos aseguró que si el TLC no se aprueba durante 2011, su gobierno no insistirá más.

Y el vicepresidente Angelino Garzón dijo que el TLC debe firmarse en igualdad de condiciones, pero admitió que si no existen facilidades “no nos vamos a sentar a llorar”. Y dijo que los negocios que no se hacen con un país se hacen con otro.

Sin embargo, los cables de WikiLeaks revelados esta semana mostraron que Uribe calculaba que las Farc se sentarían a negociar antes de terminar su mandato y aspiraba a que así fuera. Uno de los cables relata una reunión entre el ex Presidente y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Charles Shapiro, a quien le asegura que antes de cinco años todos los grupos armados del país tomarán el camino de la negociación.

Y si en efecto, como todo parece indicar, el Gobierno negoció con 'César', el carcelero de Ingrid Betancourt, la liberación de ella, los contratistas gringos y otros secuestrados en poder de las Farc liberados con la Operación Jaque, el principio de no negociar por nada con las Farc también quedó en entredicho.