El Quimbo: la paradoja de Petro

Gustavo Petro llegó a la Alcaldía el año pasado. De los dolores de cabeza que le dejó Samuel Moreno, no se imaginó que la construcción de la represa El Quimbo sería uno de los más grandes. Foto: Juan Pablo Pino

Aunque las protestas contra la construcción de El Quimbo arrancaron en 2009, fue este año que pasaron a nivel internacional. El grupo de 'hack-tivistas' Anonymous ya ha anunciado acciones en solidaridad con la comunidad afectada y ha habido movilizaciones en Washington, Miami y Nueva York.

Cuando Gustavo Petro tomó posesión como Alcalde de Bogotá, su discurso giró alrededor de los derechos ambientales y el acceso a agua potable. Y ahora deberá resolver uno de los problemas más complejos de agua en el país, pero muy lejos de la Sabana de Bogotá. Se trata de la hidroeléctrica El Quimbo (Huila), un proyecto que ha levantado cientos de voces de protesta desde hace un mes.

El Quimbo es una represa sobre el río Magdalena cuyo proyecto arrancó en 2008 y terminará su construcción en 2014. Para hacerla se planea inundar 8 mil 800 hectáreas de tierra (desviando el río Magdalena) en los municipios de Gigante, La Jagua, El Agrado y Garzón. Se tiene previsto que El Quimbo produciría el cinco por ciento de la energía de Colombia. El Ministerio de Minas dice que este proyecto permitirá alumbrar todo el Eje Cafetero.

Las protestas contra el proyecto han sido duras. Emgesa, la empresa encargada de la construcción, ha prometido indemnizar a las 3 mil personas que viven en las zonas que se van a inundar o que dependen del río Magdalena. Pero organizaciones sociales y ambientales han criticado la forma como la empresa ha tratado a las comunidades (ver detalles). El 14 de febrero pasado, por ejemplo, la policía antidisturbios se enfrentó a la Organización Asoquimbo que buscaba frenar la construcción del proyecto. Hubo gases lacrimógenos y heridos. El periodista independiente Bladimir Sánchez Espitia difundió un video en las redes sociales sobre los abusos (ver video) y días después salió del Huila por amenazas en su contra. La Fundación para la Libertad de Prensa y la ONG ‘Comitee to Protect Journalists’ escribió sobre su caso . Con esos hechos, el debate sobre El Quimbo pasó de lo local a lo nacional.

“Somos conscientes que las asociaciones y otros actores pueden ejercer su derecho a la protesta pacífica, y a manifestar sus intereses”, respondió Emgesa al video. “No obstante la empresa debe velar porque durante ese proceso no se afecte ni la seguridad del personal vinculado al proyecto, ni de sus instalaciones. Por ello, no dudamos en acudir a las instituciones del Estado” (leer comunicado completo)

La idea de construir la represa El Quimbo fue inicialmente del Ministerio de Minas y Energía durante el Gobierno de Álvaro Uribe, como manera de aumentar la producción de energía en el país.

Tras una subasta pública, en 2008 Emgesa se ganó el proyecto. Esta es una empresa cuyo mayor accionista es la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), con el 51 por ciento. El otro 49 por ciento lo tiene Endesa, una multinacional española (pero cuya mayoría es de la italiana Enel) que lidera la producción de energía en España y que también ha hecho negocios en otros países latinoamericanos. Endesa ya tiene trayectoria en críticas por el mal manejo ambiental y social que le ha dado a otros proyectos.

A su vez, el Distrito es dueño de poco más del 80 por ciento de las acciones de la EEB. Por eso, y por ser la EEB la accionista mayoritaria, la voz y el voto de Petro tiene un peso importante en las decisiones que tome Emgesa.

Cuando Emgesa se creó, se acordó que si bien la EEB tenía la mayoría accionaria, Endesa sería quien nombraría el presidente de la compañía. Se nombró entonces al español Lucio Rubio que trabaja desde el 1992 para Endesa, y desde el 1997 vive en Colombia como director de Codensa, la empresa comercializadora de energía.

Pero Rubio no puede tomar todas las decisiones de forma autónoma, sobre todo las de importancia estratégica para la empresa que, como es lo usual en las grandes compañías, deben pasar por la junta directiva. Y el futuro de El Quimbo es una de estas decisiones.

“Para tomar cualquier decisión,se necesita el acuerdo del cien por ciento de los miembros de la junta directiva”, explicó a La Silla Mónica De Greiff, actual presidente de la EEB y quien tiene asiento en la junta. En esta junta directiva de siete miembros están sentados el distrito y la empresa española.

El descontento social ya llegó a los oídos de Petro. Por eso hoy en la tarde recibirá el informe que le ordenó a una comisión de cuatro expertos escogidos por él y que debía dialogar con las comunidades afectadas. Según supo La Silla Vacía, el informe critica la forma como Emgesa ha tratado a campesinos y pescadores en la zona. Después de recibir el documento, el Alcalde se reunirá esta tarde con la junta directiva de la EEB. El tema de discusión será El Quimbo.

La presión para el Alcalde es alta. Según De Greiff, a través de Emgesa la EEB ya se ha comprometido con 400 millones de dólares en El Quimbo. Y si esa plata se queda en el aire o se demora en dar rendimientos, las finanzas del Distrito se verían afectadas. “Perder esa inversión afectaría el flujo de caja de dividendos para Bogotá”, dijo de Greiff. 

Lo paradójico es que Petro, un hombre que se gestó en la izquierda, que incluso armó barrios obreros en Zipaquirá y que ha hablado de participación ciudadana y cabildos abiertos para gobernar, podría terminar poniendo los 400 millones de dólares que implica la participación del Distrito en El Quimbo, por encima de los conflictos sociales, para utilizar los rendimientos en su plan de gobierno.

Otra paradoja es que, cuando fue senador, denunció cómo la la represa de Urrá en Córdoba desplazó a la comunidad indígena emberá en la zona, y cómo la Corporación Autónoma Regional estuvo aliada con paramilitares para desviar el río Sinú. “Hay que descontaminar y recuperar la navegabilidad de los ríos de Colombia”, dijo Petro como candidato presidencial. Habló de empoderar a las comunidades en el manejo de sus recursos hídricos y de recuperar del río Magdalena. Ahora Petro deberá pasar del dicho al hecho y El Quimbo es su oportunidad.

José Antonio Vargas Lleras preside la junta directiva de Emgesa y es el hermano del Ministro del Interior Germán Vargas Lleras.

La pregunta clave es si realmente Petro puede dar la pelea para frenar la construcción de El Quimbo, como lo quieren varios ambientalistas. “Sin lugar a dudas Petro se va a ir contra El Quimbo”, dijo a La Silla uno de sus asesores. Pero de hacerlo, Petro tendría que enfrentarse con dos grandes problemas.

El primero, es jurídico. “El proyecto compitió en una subasta pública, en la cual se acuerdan unas garantías con el gobierno de que se va a proveer una energía que exigió el Ministerio de Minas”, explicó a La Silla Vacía Tomás González, viceministro de Minas.

Por este compromiso, la EEB no sólo perdería la plata que ha invertido en la construcción, sino que el Ministerio de Minas le reclamaría a Emgesa los 400 megavatios que tenía que generar para el país y que finalmente no generó. Esto implica entrar en una pelea jurídica con el Gobierno, con quién Petro hasta el momento no ha tenido roces. 

Y el segundo problema es político. Aunque la EEB es la mayor accionista de Emgesa, no es la única y Petro no puede hacer y deshacer sobre el proyecto como si fuera el dueño del proyecto. Primero, tiene que tener en cuenta de que casi el 20 por ciento de la EEB no es del Distrito, sino de inversionistas privados que no necesariamente están dispuestos a sacrificar las inversiones de la empresa.

Pero, sobre todo, tiene que ponerse de acuerdo con Endesa, la empresa española, quien finalmente tiene casi la mitad de las acciones de Emgesa. Para parar la construcción de la represa - o al menos cambiar drásticamente su rumbo- tendría que convencer a los otros accionistas.

Y hay un plus. La junta directiva de Endesa es dirigida por José Antonio Vargas Lleras, hermano del actual ministro del Interior Germán Vargas Lleras. Aunque se ha dicho que por esta razón Emgesa tiene un conflicto de intereses, para quienes defienden el proyecto este argumento puede caerse por varias razones: Vargas Lleras no fue quien adjudicó el proyecto en 2008, y él no está a cargo de las carteras de Ambiente o de Minas, que son las que tienen que vigilar la construcción de la empresa.

Para quienes han estado en las protestas, no es cierto que el Ministerio del Interior no tenga velas en este entierro. Según le contó a la Silla Miller Dussán, el líder de la asociación Asoquimbo que se opone a la contrucción del proyecto, el alcalde Norberto Palomino de Paicol -uno de los municipios dónde se desarrolla el proyecto- denunció que el desalojo en esta zona por parte de la policía antidisturbios fue ordenado por el Ministerio del Interior y no por la Alcaldía, que inicialmente no quería llevarla a cabo.

Pero más allá de su relación con el Ministro del Interior, José Antonio Vargas Lleras ha comenzado a ser cuestionado por su pasado. José Antonio fue gerente de la EEB del 2002 al 2006 y luego pasó a Endesa, la empresa española. Es director de su junta directiva y también de la de Codensa, la empresa de energía de Endesa y la EEB que distribuye y comercializa energía eléctrica. Y, en representación de Endesa, también es presidente de la junta directiva de Andesco (el gremio que reúne a todas las empresas privadas de servicios públicos).

“Hay muchos cuestionamientos por esta puerta giratoria. Se dice que entregó contratos a las empresas que luego pasó a dirigir”, dijo a La Silla uno de los asesores cercanos al alcalde Petro. La Silla Vacía intentó contactar a José Antonio Vargas para discutir este tema pero no recibió respuesta.

Así que si Petro quiere realmente liderar el tema de El Quimbo y no dejar pasar la oportunidad para demostrar que es un verdadero líder en temas ambientales y sociales, no sólo tiene retos económicos y jurídicos que enfrentar, sino también políticos, que podrían costarle un enfrentamiento directo con el Gobierno. Pero si decide no enfrentar el tema, como lo esperan algunos funcionarios, perdería credibilidad en su discurso social y ambiental.

Petro también puede jugar una tercera carta: esperar. La semana pasada, la Fiscalía decidió estrenar su nueva Unidad de delitos ambientales con el caso de la construcción de esta represa: una comisión de Fiscales determinará si hubo o no irregularidades en el contrato para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.

Y el Procurador Alejandro Ordoñez también anunció la semana pasada una revisión a la forma cómo se ha desarrollado el proyecto, y que investigará a la Corporación Autónoma del departamento del Huila. Petro podría esperar lo que digan las ‘ías’ frente a este tema para blindarse jurídicamente. Pero, sin duda, perdería el “momentum” de liderar el tema de El Quimbo, que le daría la oportunidad de perfilarse a nivel nacional y le ayudaría en una eventual candidatura presidencial.

¿Aprovechará Petro la oportunidad?

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