El proyecto de implementación del TLC es un nuevo capítulo en una lucha global entre los protectores de los derechos de autor en línea y los abogados de la neutralidad de la red, que ya tiene a algunas páginas bloqueadas por contenido ilegal y con una imagen como esta en portada.

La "nueva Ley Lleras" le hace juego a la pelea gringa por internet

Hoy se votará en el Congreso el proyecto de ley que ha sido tildado como el sucesor de la "Ley Lleras" y lo más probable es que los congresistas, como lo hicieron en los primeros debates, lo aprueben "a pupitrazo" para estar a tono con las exigencias del TLC antes de la visita de Obama a Cartagena.

Aunque este proyecto no apunta a exactamente lo mismo que la "Ley Lleras", sí es una rama de la maquinaria que se está moviendo en todo el mundo, impulsada por el lobby que hacen en Estados Unidos los grandes conglomerados afectados por la piratería en línea (como los pertenecientes a las industrias discográficas y cinematográficas) para buscar que se regulen los contenidos de internet.

La pelea global

La batalla se está dando en todo el mundo entre quienes buscan regular cómo se comparten contenidos en la red, para que los productores de contenido puedan lucrarse de su obra y quienes piensan que internet debería ser libre o, en cualquier caso, que la preocupación por la propiedad intelectual no debería primar sobre algunos derechos fundamentales en línea, como la libertad de expresión, o el derecho al debido proceso.

Así que, tanto la legislación para regular los contenidos que se comparten en internet, como las protestas para mantener la neutralidad de la red (es decir, la ausencia de regulaciones por parte de proveedores de internet y de gobiernos), continúan, no sólo en Estados Unidos, sino en el mundo entero.

Ya, por ejemplo, en España hubo enfrentamientos y discusiones por la "Ley Sinde" y en Francia por la "Ley Hadopi". Esas legislaciones ya han bloqueado páginas como la española Roja Directa, las de la empresa basada en Hong Kong Megaupload y partes de la argentina Cuevana (y han metido a la cárcel a algunas de las cabezas de estos sitios). En algunos casos las medidas han sido muy polémicas pues la justicia de un país se ha estirado hasta sitios en línea de otro.

Por su parte, algunas protestas se han convertido en un flame war, es decir, en una seguidilla de acusaciones sin fundamento.

Ayer, por ejemplo, comenzó a correr el rumor en twitter de que Netflix, un servicio de alquiler de películas a través de internet, estaba formando un PAC, o Political Action Commitee (que permite recaudar fondos ilimitados para apoyar, u oponerse a candidatos, o a temas legislativos) para apoyar iniciativas polémicas de regulación de internet como ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect Intellectual Property Act). El rumor fue patrocinado por Anonymous, quienes utilizaron el hashtag #OpBoycottNetflix para referirse a su ataque informático contra este servicio de alquiler de videos.

Por estas acusaciones, varias personas anunciaron que cancelarían su suscripción al servicio, a pesar de que medios especializados en tecnología y el mismo Netflix -que siempre fue neutral en el debate de SOPA y PIPA- confirmaron que la compañía de hecho está creando un PAC, pero no para apoyar este tipo de legislaciones.

Esta pelea es, en parte, la que ocupará hoy al Congreso colombiano.

La legislación gringa

Como ya lo ha dicho La Silla Vacía, durante las negociaciones del TLC, Colombia se comprometió con Estados Unidos a promulgar una legislación para regular los contenidos de internet y velar por la protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual en línea.

Por eso, el año pasado, mientras se acercaba la discusión de este tratado de comercio en el Congreso de Estados Unidos, en el Congreso colombiano surgió la propuesta de la "Ley Lleras", que pretendía regular la circulación de contenidos en internet al permitir que se bloquearan ciertas páginas que fueran sospechosas de alojar contenidos que infringieran la ley. Esa propuesta de ley enfrentó tantas críticas y generó tanta oposición, que finalmente sus ponentes decidieron retirarla. Pero el acuerdo que suscribió Colombia con Estados Unidos sigue en pie y por eso el afán para aprobar la nueva ley esta semana.

Desde este viernes el presidente estadounidense, Barack Obama, estará en Cartagena para la Cumbre de las Américas y, aunque el tema central del encuentro no girará alrededor de la legislación sobre internet, ni sobre las políticas de implementación del TLC, sí podrá ser un buen escenario para demostrarle al primer socio comercial del país que Colombia está cumpliendo sus 'tareas'.

Estados Unidos también ha estado intentando legislar sobre los contenidos de internet en casa. Esto se ha debido, principalmente, a la presión que ejercen grupos de lobbyistas enviados por industrias de contenidos que buscan una manera de acabar con la piratería que está desangrando sus negocios. Así que por el Congreso estadounidense han pasado varios proyectos de ley que buscan regular lo que se hace en internet, como SOPA, PIPA y ACTA.

Sin embargo, estas propuestas han causado gran malestar entre la comunidad de internet, pues en pos de evitar la piratería, proveían que páginas enteras de internet podrían ser cerradas sin un debido proceso previo. Así que, después de una protesta ciudadana, a la que se unieron algunos de los portales de internet más grandes del mundo -como Wikipedia, Facebook, Twitter y Google-, SOPA y PIPA perdieron el apoyo de la mayoría de congresistas y del mismo Obama, y su votación fue pospuesta y eventualmente olvidada por el Congreso.

Pero, como cuenta T. C. Sottek, un ex lobbyista del Congreso estadounidense, en The Verge, muchos de los congresistas que apoyaron este tipo de legislaciones terminaron trabajando en puestos de alto rango con las compañías que impulsaron estos proyectos de ley.

Ahora la Casa Blanca dijo hace dos semanas que estaba buscando una nueva legislación con la que pudiera "atacar las páginas infractoras" por fuera de sus costas y la semana pasada se radicó en la Cámara de Representantes gringa un proyecto llamado CISPA (o Cyber Intelligence Sharing and Protection Act), que pretende ser una herramienta de defensa contra hackers, pero que algunos activistas han criticado porque lo ambiguo de su lenguaje podría llevar a que se viole el derecho de privacidad en internet.

Esta ambigüedad en el lenguaje es la misma que se le critica al proyecto que será discutido hoy en el Congreso colombiano.

El proyecto

Para esta tarde están convocadas ambas plenarias del Congreso y en ambas está agendada la votación del Proyecto de Ley 201, o de Implementación del TLC con Estados Unidos que, por algunas de sus provisiones sobre el manejo de contenidos en internet, ha sido llamada la "Ley Lleras Recargada" o "Ley Lleras 2.0".

El debate en Cámara está agendado para las 2 P.M., mientras que en el Senado la Plenaria está citada para las 3 P.M. (el debate de este proyecto está de cuarto en el orden del día). Y, puesto que en comisiones segundas de ambas cámaras el proyecto de ley fue aprobado "a pupitrazo", se espera que los debates de mañana se aprueben con la misma celeridad ya que el Gobierno, a través de sus ministros del Interior, de TIC y de Comercio, Industria y Turismo, radicó el proyecto con mensaje de urgencia.

Este proyecto de implementación fue sobrenominado "Ley Lleras Recargada" tras una intervención en el Congreso del senador del Polo Camilo Romero, quien ha sido uno de sus mayores opositores y uno de los pocos que ha hablado en contra.

Sin embargo, el Ministerio del Interior ha dicho, a través de un comunicado, que esta no es una nueva "Ley Lleras", pues el nuevo proyecto de ley "busca poner a tono la legislación de Colombia con los compromisos y estándares internacionales existentes en derecho de autor, mientras que la mal llamada 'ley Lleras' buscaba retirar material infractor de derechos de autor de los sistemas informáticos y regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet (ISP). El Proyecto de implementación del TLC no incorpora, ni siquiera tangencialmente, ninguno de estos temas".

Es decir, que mientras que la "Ley Lleras" le entregaba a los proveedores de internet la responsabilidad de actuar en caso de una infracción al derecho de autor, o la propiedad intelectual en internet, este nuevo proyecto se ocupa, en cambio, de comenzar a delimitar un marco legal sobre cómo se manejarán estos aspectos jurídicos en línea. Y, aunque es verdad que el proyecto no tiene el mismo alcance que planteba la "Ley Lleras", sí intenta regular algunos aspectos de los contenidos de internet.

Son varios los artículos que han causado molestias pero, principalmente, lo han hecho el artículo 13, que prohíbe "la retransmisión a través de Internet de señales de televisión (...) sin la autorización del titular o titulares del derecho del contenido de la señal y, si es del caso, de la señal" y el 14, en el que se establece la posibilidad de multas para infractores en internet al derecho de autor.

Sobre el primero de estos artículos, el senador Romero le dijo a La Silla Vacía que temía no poder seguir transmitiendo en su página sus debates en el Congreso. Y, por este mismo artículo, se ha especulado que algunos canales de televisión estén detrás de la ley. Pero las cadenas televisivas nacionales han estado pensando en una estrategia de medios que incluya también internet. Por ejemplo, el Canal Caracol ha promocionado fuertemente las transmisiones de fútbol europeo a través de su página de internet y el Canal RCN suele transmitir en su página las audiencias judiciales de interés nacional. 

Este proyecto de ley también ha causado molestias entre el grupo de "hacktivistas" Anonymous, quienes tumbaron la página del Senado hace dos semanas y la del Ministerio TIC este fin de semana en protesta a lo que ven como un nuevo intento de censurar la red.

La molestia, sin embargo, es generalizada porque no se le ha dado suficiente discusión a este proyecto de ley, que no ha sido concertado con nadie. Pero, como esta nueva legislación hará parte de un proyecto de "implementación" de un acuerdo ya suscrito, el Congreso no piensa socializar los puntos y, como dice el blóguer de La Silla Carlos Cortés en su entrada más reciente, corremos el riesgo de que, "para demostrarle a Obama que somos serios", terminemos haciendo "una chambonada".

Si el proyecto termina perjudicando a los usuarios de internet, habrá que esperar para ver si los grupos de activistas en internet pueden armar una resistencia efectiva a la nueva legislación.

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