Las 10 razones por las que Santos no debería ternar al Procurador

Porque el Procurador no ha sido contundente frente a la parapolítica
Aunque el Procurador ha destituído a muchos políticos, frente a la parapolítica -que es el máximo grado de corrupción- ha sido suave. El Procurador dijo a La Silla Vacía que “en el 70 por ciento de los conceptos de la Procuraduría por procesos de parapolítica se ha pedido condena y en el 30 por ciento se ha discrepado”. Esto puede ser cierto cuando se aplica a todo el universo de políticos. Pero en un reporte de la Procuraduría sobre sus sanciones disciplinarias de mayo de 2012 se demostró que mientras la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había condenado a 44 congresistas por sus vínculos con paramilitares, en la Procuraduría solo se habían producido 11 sanciones disciplinarias por los mismos hechos. De hecho, la Procuraduría pidió absolver a Mario Uribe, a Javier Cáceres, a Eric Morris y Jairo Merlano, a Humberto Builes, a Álvaro Araújo, a Ciro Ramírez, Luis Humberto Gómez Gallo, Miguel Pinedo, Oscar Reyes y Juan Pablo Sánchez. Todos ellos ya fueron condenados por la Corte.

Pero, además, como lo contó La Silla, Ordóñez considera que el delito por el que están procesados - concierto para delinquir agravado - “no tiene relación con la función de los miembros del parlamento” y que por lo tanto, los procesos no solo debían quedarse en la Fiscalía y no pasar a la Suprema sino que en muchos casos no hay razón para la actuación de la Procuraduría por lo que cerró varios casos disciplinarios.

Porque Santos ha dicho que los opositores no se pueden estigmatizar, y el Procurador ha utilizado un rasero diferente contra ellos
Como lo contó en su momento la Silla, la investigación que le abrió Ordoñez al senador Jorge Enrique Robledo, del Polo, por Farcpolítica se hizo sobre evidencias del computador de Raúl Reyes que si algo demostraban era que las Farc consideraban a este senador un enemigo de su lucha armada. En el computador lo tildaban incluso de uribista. El trámite de la indagación preliminar estuvo lleno de irregularidades y sospechosamente coincidió con la visita de Uribe a Canadá y la Unión Europea para discutir los respectivos TLC y poco después de que Robledo hubiese estado allí haciendo lobby en contra. Dos meses después, el Procurador le cerró la investigación por falta de pruebas en su contra.

La Corte Suprema, al archivar la investigación por Farcpolítica contra el ex representante Wilson Borja dijo que no se cumplieron con los protocolos de la cadena de custodia del computador de Reyes y que las Fuerzas Militares no tenían competencias judiciales. El Procurador apeló este fallo que dejaría sin piso su destitución de Piedad Córdoba.
“Las decisiones entre la Corte y la Procuraduría podrán ser disímiles, por razones interpretativas, jurídicas y procesales. No obstante, ello no implica que ni la Corte ni el Procurador actúen con sesgo ideológico”, dijo el Procurador a La Silla.  Recientemente, Ordoñez dijo que se debería investigar penalmente a Piedad Córdoba por sus declaraciones en el Cauca en lo que sería un típico delito de opinión y a pesar de que ya no siendo funcionaria pública está por fuera de la órbita de la Procuraduría.

En uno de sus libros, Alejandro Ordoñez se refirió a la interrupción voluntaria del embarazo como “acción homicida” y desde que asumió su cargo, inició una cruzada contra la sentencia de la Corte que permite el aborto en tres casos excepcionales. Como lo contó La Silla, su reticencia a cumplir con la sentencia obligó a la Corte a pedirle públicamente al Procurador que si frente al tema del aborto tenía objeciones morales, se apartara y permitiera que otro funcionario de su organismo cumpliera con los requisitos que exigía la Corte.

El Procurador ha ido más lejos. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el entonces Ministro de Protección Social Diego Palacio y el director de Salud Pública Lenis Urquijo por la reglamentación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en noviembre del 2009, una acción que hace pensar dos veces a cualquier funcionario que quiera hacer cumplir la ley (laica y no religiosa) en este tema. En una circular del 13 de mayo de 2009 a los funcionarios públicos dijo que el “aborto no hace parte de los derechos sexuales y reproductivos” y les ordenó proteger los derechos del no nacido. Esto a pesar de que la Corte Constitucional en su sentencia del aborto jamás mencionó los derechos del no nacido y ha repetido que el aborto en casos excepcionales sí hace parte de los derechos sexuales.
En la misma línea, la procuradora delegada para la Mujer en marzo de 2010 le envió una carta al Superintendente de Salud en la que lo “invitaba” a ajustar una de sus circulares externas ya que no siendo la interrupción voluntaria del embarazo un derecho, la Super no estaba en la obligación de remover los obstáculos para que las mujeres practicaran el aborto en los casos que indicó la Corte, lo cual contradecía la sentencia que despenalizaba el aborto en los tres casos.

Porque el Procurador ha antepuesto sus convicciones religiosas a contarle la verdad a los ciudadanos en los temas que él considera que son pecado
La Procuraduría de Ordoñez ha tergiversado deliberadamente conceptos de la Organización Mundial de la Salud que ponen en duda su función como garante de la moralidad pública y la transparencia administrativa, dos conceptos que el presidente Santos ha dicho que valora. Como lo contó La Silla en abril de 2011, la Procuraduría conminó al Ministro de Protección Social para que no incluyera el Misoprostol dentro del Plan Obligatorio de Salud por ser un abortivo y para respaldar su solicitud editó convenientemente el documento en el que la OMS aclara su postura respecto del uso del Misoprostol. La procuradora María Eugenia Carreño ignoró la primera parte del concepto de la OMS que recomienda el Misoprostol como un medicamento esencial para interrumpir el embarazo y que elogia su seguridad y efectividad y uso la argumentación para el caso de la hemorragia post-parto como si fuera contra el uso de Misoprostol para interrumpir el embarazo.

El 27 de octubre de 2009, en su intervención en una acción popular, el Procurador también dijo que las píldoras del día después eran abortivas y que por lo tanto deberían ser retiradas del mercado, contrariando una sentencia del Consejo de Estado de un año antes en las que esta corporación ratificaba que no eran abortivas, sino anticonceptivas.
En el caso de la dosis personal, el Procurador también ha hecho afirmaciones que van en contra de la evidencia empírica.

Porque le pareció que la reelección de Uribe era válida cuando la Corte luego encontró múltiples irregularidades en su aprobación
En enero de 2010, el Procurador solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la ley que le daba vía libre al referendo reeleccionista porque no encontró ningún vicio de procedimiento que diera pie a su inconstitucionalidad. La Corte, sin embargo, encontró que los vicios incurridos en el trámite de la iniciativa reeleccionista eran insalvables. Frente a la financiación, comprobó que el Comité Promotor del Referendo "se aprovechó" de la Fundación Primero Colombia para conseguir la financiación (tema por el que ya las cabezas fueron llamados a juicio); que se habían violado los topes; que el Comité hizo una triangulación; que no se adjuntó la certificación del Registrador; que el Congreso excedió sus facultades al cambiar la pregunta del referendo del 2010 al 2014, que el voto de los 5 congresistas tránsfugas de Cambio Radical violó la ley de bancadas, entre otras cosas. En fin, el Procurador pasó por alto todos estos vicios que la Corte concluyó que no sólo violaron la ley, sino “el proceso democrático”.

Frente a este punto, el Procurador dijo a La Silla sus consideraciones “fueron razones jurídicas basadas en la Constitución y en la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, que indicaban con claridad la posibilidad de la reelección sin que se sustituyera la Carta Política. Es un concepto, puede ser acogido o no por la instancia judicial".

Ha sido durísimo con los Alcaldes y suave con los altos mandos militares que están siendo investigados por la Fiscalía
El Procurador ha destituido a 188 alcaldes en ejercicio. Al Alcalde de Medellín Alonso Salazar lo destituyó e inhabilitó durante 12 años por haber dicho que grupos al margen de la ley estarían obligando a los ciudadanos a votar por el entonces candidato a la Alcaldía Luis Pérez. Según la Procuraduría, sí existió constreñimiento, pero opinó que éste se presentó en todo el país, y no en campañas específicas y que al haber filtrado esa información a los medios "Salazar decidió influenciar el proceso electoral”. Al Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina lo suspendió por seis meses  por no asistir a varias sesiones del Consejo Municipal de Política Social (COMPOS), donde se discutían aspectos de protección integral a los niños, niñas y adolescentes. Fue una sanción mucho más severa que la que le aplicó al entonces Jefe del Estado Mayor de la Primera Brigada de Infantería de Marina, Coronel Carlos Alberto Sánchez García, porque a pesar de que “tenía conocimiento de los hechos” no dispuso de medidas urgentes y suficientes para proteger a la población” de El Salado que era atacada por las Autodefensas, que masacró a 53 personas. La sanción para Sánchez fue una suspensión de 50 días. Al General Rodrigo Quiñonez, quien tanto Mancuso como el paramilitar Pantera han dicho que fue cómplice de la masacre, fue absuelto por la Procuraduría.

A junio de 2012, la Procuraduría General ha sancionado con destitución e inhabilidad a 82 miembros de las Fuerza Pública por su participación en casos de "falsos positivos" por el que la Fiscalía investiga a más de 1500 miembros de la Fuerza Pública. Frente a otros altos mandos militares que están siendo investigados por la Fiscalía como el general Mario Montoya la Procuraduría no lo encontró responsable por la Operación en la Comuna 13 de Medellín. A Iván Ramírez tampoco lo encontró responsable por los hechos del Palacio de Justicia. En este último caso, un juez le dio la razón a la Procuraduría.

Frente a la condena de Plazas Vega, el Procurador Ordoñez ha sido muy activo: apeló la sentencia de primera y segunda instancia; acudió a casación; como última estrategia pidió que se revocara la sentencia alegando que el testigo ‘estrella’ había sido suplantado, presentandolo como una “nueva prueba”. Como lo contó La Silla, la prueba no era nueva y la Fiscalía confirmó el viernes que Edgar Villamizar no fue suplantado.

Ha concedido cuotas en la Procuraduría a congresistas que lo podrían reelegir
Un informe de Caracol Radio indica que entre el 15 de enero de 2009 y febrero de 2012, en la Procuraduría fueron nombradas 354 personas de alto nivel: 23 procuradores delegados, 28 procuradores regionales y provinciales, 126 procuradores administrativos y 198 entre procuradores penales agrarios de víctimas, judiciales, familia, civiles y de restitución. Y entre el 6 de febrero y el 8 de mayo de este año, aparecen 15 nombramientos.
La Silla Vacía logró establecer en este artículo que varios de los nombramientos de procuradores en las regiones tienen el nombre propio de un senador, que muy seguramente votará por él si Santos lo terna.

A la hermana del representante tolimense Alfredo Bocanegra, María Luisa, la nombró el año pasado procuradora en Ibagué durante unos meses con lo cual esta ex juez se pudo jubilar con una pensión de más de diez millones triplicando la pensión que habría tenido como juez de circuito que había sido hasta ese momento.

Podría utilizar la Procuraduría como plataforma de lanzamiento de candidatura presidencial en 2018, incluyendo acciones como perseguir eventuales contendores.
Alejandro Ordoñez ha dicho que no está interesado en ser candidato presidencial. Sin embargo, copartidarios suyos del Partido Conservador han dicho que él sería un excelente candidato.

Precisamente porque se cree que sí aspira a la Presidencia, su indagación preliminar por parapolítica contra el ministro Vargas Lleras fue leída con sospecha por algunos porque el Ministro sería un contendor fuerte de Ordoñez en el 2018 más allá de si hay indicios para abrirla o no. Lo mismo sus acciones frente a Gustavo Petro, a quien la Procuraduría inició un proceso disciplinario para determinar las circunstancias en las que fue nombrado, a comienzos de año, el gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Polo Ávila, quien carecía de los requisitos para ocupar el cargo.