Lo que no dijo: una de las razones principales para que el Consejo de Estado se retirara es que en agosto había presentado su propia reforma constitucional a la Justicia, que básicamente fue ignorada tanto por el Gobierno como por el Congreso.

La reforma aumentaba considerablemente -algunos expertos dicen que "descaradamente"- el propio poder del Consejo de Estado, en detrimento del poder actual de la Corte Constitucional.

Por ejemplo, duplicaba los días que tenían para estudiar y decretar la pérdida de investidura de congresistas; aumentaba las oportunidades del Consejo de Estado de conocer las demandas de nulidad por inconstitucionalidad de los actos de Gobierno restringiendo aquellas de competencia de la Corte Constitucional; excluía la competencia de la Corte Constitucional para conocer tutelas contra sentencias de las altas cortes.

Y metía un artículo muy polémico que obligaba constitucionalmente al Gobierno a destinar cada año el 5 por ciento del Presupuesto General de la Nación a la justicia, sin incluir el presupuesto destinado a la Fiscalía. Esto equivaldría a cuadruplicar los recursos que actualmente recibe la Rama Judicial, que oscila alrededor de los dos billones de pesos anuales sin contar los 1,7 billones que recibe la Fiscalía anualmente.

En el Congreso se aprobó que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigencia del esta reforma, el Gobierno asignará un fondo de un billón de pesos que se desembolsará en cuantías de 200.000 millones de pesos en cada año y se destinarán a procesos de descongestión judicial.
 

Lo que dijo: El 6 de diciembre, Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunció
que su corporación se retiraba del debate sobre la Reforma a la Justicia. Según el comunicado, para la Corte Suprema la reforma a la justicia "atenta contra la estructura del Estado democrático que inspira la Constitución Política de 1991, al concentrar el Poder Público en las ramas ejecutiva y legislativa. En consecuencia, rompe el balance de pesos y contrapesos, puesto que sustrae el origen de los órganos de control de la participación del poder Judicial". Y agregó que "la reforma de la justicia se podría convertir en un instrumento de revancha o retaliación ante el cumplimiento de la función judicial".

Lo que no dijo: para la Corte Suprema de Justicia era clave resolver en la reforma el "choque de trenes" por la tutela contra sentencias. La Corte intentó negociar que la Comisión Primera del Senado metiera la prohibición de que la Corte Constitucional revisara las tutelas contra sentencias de las otras cortes, que ha sido un punto de honor para los magistrados de la Suprema. Sin embargo, perdió esta pelea, con lo cual la posición de la Corte Constitucional sigue primando.

Esta derrota de la Corte Suprema está en parte detrás de su retiro del debate. Pero también hay una preocupación real porque la Reforma les está quitando poder y aumentando el del Presidente, en un contexto de reelección.

El proyecto del Gobierno, en un intento por despolitizar a las Cortes, les quita la facultad de presentar ternas para elegir Procurador, Contralor, Registrador y Auditor General de la Nación. Pero concentra ese poder en el Presidente.

La Corte Suprema fue la institución que más se opuso a la reelección del Presidente Uribe y lo hizo con el argumento que esta desequilibraba el esquema de pesos y contrapesos de la Constitución. Con Santos, con quien tienen mucha mejor relación, no existe una oposición política coyuntural, pero la perspectiva institucional sigue siendo la misma: la Corte no quiere darle más poderes al Presidente y a los partidos de su coalición y esta reforma se las da.

No solo le quita el poder nominador a las Cortes sino que se crea un tribunal alterno para investigar y juzgar a los congresistas, a los ministros, al Procurador y al Defensor que hoy en día son juzgados por la Corte Suprema. De acuerdo a como va hoy la reforma, este nuevo Tribunal de Investigación y Juzgamiento –conformado por dos magistrados nombrados por el Presidente de la República, dos por la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura y dos del Congreso- investigará y juzgará en primera instancia a los congresistas y demás funcionarios aforados. La Corte Suprema solo lo hará en segunda instancia.
 

“El proyecto no aborda los retos más inminentes del sistema judicial, como las causas de la congestión, el desconocimiento reiterado de la jurisprudencia por las autoridades administrativas, la consistencia del sistema jurídico y su correlación con la protección de los derechos, el desarrollo económico y la competitividad, el acceso igualitario y universal a la administración de justicia y su cobertura descentralizada, la articulación institucional de los organismos públicos en un contexto de respeto al principio de separación de las Ramas del Poder Público y muchas otras materias ausentes del proceso precipitado de deliberación y aprobación”, dijo en su comunicado.

Lo que no dijo: la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –que es la que hoy gerencia la Rama Judicial- desaparece con la Reforma a la Justicia y es reemplazada por una Sala de Gobierno. Esta Sala actuará como una junta directiva de la Rama, y será integrada por los presidentes de las cortes y sus delegados y por el Ministro de Justicia y la Fiscal con voz pero sin voto. Y tendrá un gerente de la Rama.

La idea es que esta Sala de Gobierno actúe como un verdadero órgano gerencial y no como una Corte, que es como funciona hoy. Hoy la conforman abogados magistrados, que incluso hacen ‘salvamentos de voto” para decisiones meramente administrativas, que además tienen que tomar por consenso.

Esto ha hecho que la Rama Judicial no tenga cifras confiables de nada, que administrativamente sea lenta y desordenada y que ni siquiera tenga la capacidad de ejecutar el presupuesto que piden y que aún así pidan más cada año.

No es raro que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no haya dicho nada sobre retirarse del debate. A hoy, a pesar de que es uno de los órganos más desprestigiados del Estado, va saliendo fortalecida.
 

Lo que no dijo: el Congreso va a seguir adelante con la reforma. Y la razón es que si a alguien le sirve esta Refoma a la Justicia es a los congresistas, pues incluye varios temas que son de su máximo interés.

Para comenzar, crea la doble instancia para el juzgamiento de congresistas que es algo que ellos –con razón- vienen pidiendo hace mucho tiempo. Y en cambio de que esta investigación y juzgamiento esté en cabeza de la Corte Suprema, se crea un tribunal especial –conformado por seis jueces, dos de ellos elegidos por los congresistas- para que los investigue y juzgue en primera instancia.

También se crea una “gradualidad’ para la pérdida de investidura; se crean nuevas excepciones para “la silla vacía”, ya que contrario a lo que decía el proyecto inicial del gobierno, el partido ya no perdería la curul cuando el congresista haya sido condenado por delitos electorales, políticos o culposos; tienen mayor injerencia en la elección del Contralor, Procurador y Registrador. Y además, le devuelven a los militares y policías los privilegios del fuero militar tal como existía hace 20 años.

Lo que dijo: Después del retiro de las Cortes de la discusión del proyecto, tanto el ministro del Interior como el de Justicia han insistido en que el Gobierno seguirá adelante con la Reforma a la Justicia. “Estoy más convencido que nunca de las bondades del proyecto, de las enormes ventajas que significan para la organización y estructura de la administración de justicia, para caminar en la vía de la descongestión de los despachos judiciales”, dijo el Ministro Esguerra el miércoles en una rueda de prensa.

Lo que no dijo: Juan Manuel Santos se comprometió desde su campaña a hacer una reforma a la Justicia, que ayudara a superar la enorme ineficiencia de la Rama Judicial. Y la gente espera que cumpla porque las demoras en la justicia afectan al ciudadano común, incentivan la justicia por mano propia, son un obstáculo para la inversión extranjera.

Por otro lado, Santos quería lograr una relación armónica con las Cortes –que durante los dos gobiernos de Uribe se convirtieron en enemigos del gobierno- y para ello le apuntó en la reforma a solucionar los problemas de poder interno de las ramas, y en particular, el choque de trenes alrededor de la tutela contra sentencias.

Dado que complacer a todo el mundo en este caso está siendo muy difícil, el gobierno ya dejó de lado el tema de la tutela contra sentencias, con lo cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido que ella tiene el último poder de revisar sentencias queda en pie.

Pero hay dos objetivos por los cuales el Gobierno considera que todavía vale la pena darse la pela y sacar adelante esta reforma: descongestionar la justicia y cambiar la gerencia actual de la Rama Judicial.

Sobre el primer punto, el gobierno cree que ayudaría a descongestionar la justicia si permite que abogados particulares, secretarios de despachos judiciales, árbitros, centros de conciliación y notarios tienen la facultad de ejercer funciones judiciales.

Hoy hay más de dos millones y medio de procesos judiciales represados. Un proceso ejecutivo hipotecario, que son lo más fáciles de resolver, dura 6,6 años antes de llegar a una decisión.  Según los indicadores de Doing Business 2011, del Banco Mundial, Colombia es la sexta justicia más lenta del mundo a la hora de resolver conflictos básicos contractuales, lo que es un gran desincentivo para los inversionistas.

Entonces, el Gobierno le apunta a que los notarios, por ejemplo, puedan resolver procesos ejecutivos, que hoy constituyen el 73 por ciento del total de procesos de la jurisdicción civil (una buena porción de estos son cobro de deudas de los bancos); que los secretarios de despachos judiciales puedan hacer diligencias de práctica de medidas cautelares y entrega de bienes sin la necesidad que participe directamente el juez; que los más de mil árbitros inscritos puedan conocer en primera instancia algunos procesos.

En fin, el gobierno quiere que el Estado pueda delegar en los miles de abogados privados que existen en el país algunas funciones básicas que hoy tienen ocupados a los jueces y que estos se dediquen a evacuar los casos más complicados.

Expertos consultados por La Silla Vacía creen que estas medidas de ‘emergencia’ pueden funcionar temporalmente pero que el verdadero problema de acceso a la justicia y de impunidad no se ataca de esta manera. Y que al gobierno le falta mucha creatividad para coger el verdadero problema de la justicia por los cuernos.

El segundo punto por el cual el Gobierno está interesado en sacar al reforma tiene que ver con la administración de la Rama.

El Consejo Superior de la Judicatura ha demostrado ser completamente inepto para gerenciar la justicia. Según la exposición de motivos del proyecto, tienen deficiencias en la información, en las cifras, en la planificación y en la ejecución del presupuesto. Fijan como prioridad en el Plan Sectorial de la Rama unos objetivos y tres meses después solicitan un presupuesto que nada tiene que ver con lo definido inicialmente. Este año, por ejemplo, pidieron en el Plan Sectorial 3 mil millones de pesos y en el anteproyecto 1,3 billones. Además, ni siquiera representan los intereses de su propia rama pues los magistrados de esta Sala son su propio feudo.

El Gobierno piensa que si no se reforma la gerencia de la justicia todo peso invertido en ella termina en un hoyo negro. Y en esto, los expertos le dan la razón.

Lo que muchos se preguntan es si para hacer estas dos reformas Santos tenía que hablar de una “histórica Reforma a la Justicia”, que ha dado pie para que todo el mundo le cuelgue de todo. Y si quizás no habría sido más inteligente pasar unas reformas puntuales dirigidas a hacer más eficiente la Rama. Nadie cree –ni siquiera el Gobierno- que con esta reforma los colombianos vayan a ver una verdadera revolución en la justicia.