La Ministra

El artículo 105 del proyecto establece que aún habrá financiación estatal para las universidades públicas. Pero que ahora ésta se calculará dependiendo del crecimiento del PIB. El gobierno está convencido que en los próximos años habrá un auge económico, sobre todo por una bonanza minera y energética. Y su idea es que sean estas locomotoras las que terminen jalonando a la educación. La Ministra admite que puede que aun así no sea suficiente el recaudo que se va a las universidades públicas. Y por eso invita a que hagan alianzas con el sector privado.

El sector educativo

Depender del PIB implica que, en época de vacas flacas, tampoco habrá más recursos para investigación o inversión en las universidades. El diario Portafolio realizó un simulacro en el que suponía que la reforma que propone la Ministra se aplicaba a los últimos ocho años, y el resultado que encontraron es que era mucho mejor quedarse con el calculo del IPC que depender del PIB sobre todo cuando la tasa de crecimiento no es alta. Las universidades vienen diciéndole al gobierno que necesitan que se haga un cálculo de acuerdo al crecimiento de los cupos, a los decretos que han aumentado los costos, a las necesidades de infraestructura y a la renovación tecnológica. Hay que tener en cuenta “la canasta educativa de la educación superior”, según dice un informe del Comité Profesoral de Univalle.

Y con respecto a las alianzas público-privadas, según el rector de la Universidad Nacional, “El sector privado no va a financiar pupitres”. Una cosa es que puedan aumentarse el número de investigaciones que realice la Universidad para las empresas (cosa que ya hacen las universidades), pero la logística y la administración de una universidad no es negocio para una empresa.

El problema

Por falta de cupos en los últimos diez años, tres millones 600 mil estudiantes de bachillerato no pudieron ingresar a educación superior, según cifras del Ministerio de Educación.

La Ministra

La Ministra propone que para aumentar la oferta, ahora sea posible crear Instituciones Educativas Privadas con ánimo de lucro. Aunque algunas universidades cobran matrículas muy altas, las universidades no pueden funcionar legalmente como una empresa privada que reparte utilidades entre los socios, sino que éstas se tienen que reinvertir en la misma univeridad. La Ministra quiere cambiar esto y permitir que funcionen como un negocio y para ello, se ha basado en el caso brasilero. En Brasil, la última reforma a la educación superior permitió este tipo de universidades para aumentar la cobertura. “Logró pasar de 1'868.529 estudiantes en 1996 a 5'958.135 en 2008, con una participación cercana al 80 por ciento de la educación privada y la mayor parte de ella en instituciones con ánimo de lucro”, dice María Fernanda Campo.

El sector educativo

Desde la academia consideran que el que las universidades funcionen como negocio podría afectar la calidad de la educación. Y dicen que el caso brasilero que menciona la Ministra solo cuenta la mitad de la historia. Primero, porque Brasil permitó las universidades con ánimo de lucro al mismo tiempo que aumentó los recursos para educación pública. Y hoy en día son las universidades públicas brasileras las que compiten en los ránkings mundiales por su calidad educativa. De acuerdo a un estudio de José Díaz Sobrinho y Márcia Regina F. de Brito, especialistas en educación superior en Brasil, estos institutos con ánimo de lucro han incentivado la cantidad e estudiantes pero no la calidad de la educación que reciben.

“Las instituciones educativas privadas se parecen cada vez más a organizaciones mercantiles; se someten a la racionalidad gerencial y fortalecen la ideología de la productividad, de emprendedores y del lucro”, dice el estudio. Y 92 por ciento de los estudiantes en Brasil estudian en estas instituciones.

El Problema

El año pasado 600 mil jóvenes salieron de bachillerato, según datos del Ministerio de Educación. La mayoría no puede pagar educación privada y debe competir por los pocos cupos en instituciones públicas. Muchos terminan saltando del colegio directamente al mercado, sin calificación ni competencias.

La Ministra

La Ministra dice que aumentará la inversión pública para créditos estudiantiles. Campo piensa invertir 2,4 billones adicionales en los próximos tres años para los estudiantes que no puedan pagar sus estudios. Y un gran aporte de la reforma es que los estudiantes tendrán que comenzar a pagarlos sólo cuando tengan empleo y un salario fijo. Este es quizás uno de los puntos de la reforma que profesores y estudiantes han celebrado.

El sector educativo

El sector considera que ofrecer más créditos también tiene su lado negativo. Las universidades públicas hoy dependen sobre todo de las matrículas de los estudiantes. Al invertir en la demanda y no en la oferta, van a depender aún más del dinero de los estudiantes y no les permite bajar los precios de la educación pública (que es mucho más cara que en otros países de América Latina).

“Eso no hace la educación ni más accesible, ni más barata. No impide la deserción estudiantil, porque los estudiantes no responden bien porque no están bien nutridos, porque no tienen cómo movilizarse”, dijo a La Silla Giovanni Páez, presidente de Fenares, la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles.

El problema

El artículo 45 de la reforma define quiénes son los miembros de los Consejos Superiores de las Universidades. Estos Consejos son el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad, y actualmente es el Ministerio de Educación quién preside el Consejo para todas las universidades públicas de orden nacional. Ahora lo harán los gobernadores y el Ministerio solo presidirá el Consejo de la Universidad Nacional y la Pedagógica.

La Ministra

El argumento de la Ministra es que de esta forma las universidades públicas de orden nacional responderán a las necesidades de sus departamentos. Según un comunicado del Ministerio, esta cartera quiere “adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales”.

El sector educativo

En la academia tienen miedo que los intereses electorales de los gobernadores terminen influyendo en la administración de la universidad. Y consideran que la universidad ya viene respondiendo a las necesidades regionales.

Además, en el artículo 46 de la reforma se establece que será el Consejo Superior quien determine la integración y las funciones del Consejo Académico, que hoy se encarga de la calidad de los programas en las universidades. Hoy en día el Consejo Superior y el Consejo Académico están al mismo nivel y de hecho con frecuencia mantienen un pulso de poder. La crítica en este punto es que se está debilitando al Consejo Académico, que vela por la calidad de la educación universitaria, frente al Consejo Superior, que ahora tendrá una visión más política.

El problema

La propuesta tiene un capítulo especial dedicado a garantizar estándares de calidad, a supervisar la acreditación y la evaluación de la educación superior, ya que la ley 30 original solo tenía cuatro artículos sobre el tema y el Comité de Acreditación no se había fortalecido para verificar la calidad de los institutos. Hoy en día se estima que hay más de 111 instituciones universitarias privadas, sin rango ni estatus de universidad.

La Ministra

“Con estricta observancia y respeto de la autonomía universitaria, será fundamental fortalecer la información y los mecanismos con base en los cuales la comunidad en general y el Estado podrán vigilar y hacerle seguimiento a la calidad y a las condiciones de oferta de la educación superior en el país, única garantía para que la prosperidad sea una realidad para todos”, dice Campo. Ella ha insistido en sus debates que la educación debe ser la institución que dé ejemplo de rendición de cuentas ante los organismos del Estado.

El sector educativo

El miedo de la academia es que más rendición de cuentas sobre los programas y la formación de cada institución de pie para un abuso de poder y a una intromisión sobre cómo se debe enseñar. “Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales”, considera José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Presidente de la Asociación Colombiana de Universidades. Según contó a La Silla Vacía, Isaza considera que en en el caso de que haya un gobierno que no respete la crítica y las posiciones divergentes en una universidad, se correría el riesgo de que use este poder que le da la reforma para acallar lo que no va acorde con las posiciones del gobierno.