Los sonados casos de la fiscal que negó que los campesinos de Las Pavas fueran víctimas

Más de cien campesinos llegaron ayer desde el Sur de Bolívar a Bogotá para pedirle una disculpa pública al Gobierno. Son los campesinos de Las Pavas que piden que se les reconozca que son víctimas auténticas y que sufrieron desplazamiento por parte de los paramilitares. Algunos funcionarios del Gobierno lo pusieron en duda luego de que la fiscal especializada de Cartagena, Miriam Martínez Palomino, archivó un proceso de desplazamiento con el argumento de que en la zona donde están Las Pavas, en El Peñón, el conflicto no llegó y por lo tanto, los campesinos no fueron forzados a abandonar la tierra.

La decisión de la fiscal Martínez Palomino generó un fuerte debate porque los argumentos que usó estaban llenos de imprecisiones y por eso la Fiscal General Viviane Morales, quien al comienzo le dio respaldo total a los argumentos de la fiscal de Cartagena, resolvió abrir una investigación para esclarecer si hubo o no desplazamiento de 123 familias campesinas en 2003 y 2006. La fiscal Martínez Palomino sólo analizó hechos de 2009.  

La fiscal General de la Nación, Viviane Morales, se reunió con la fiscal especializada de Cartagena Miriam Martínez Palomino para analizar su decisión sobre Las Pavas. Después de esto Morales inició una investigación por desplazamiento.

Los campesinos de Las Pavas llevan más de una década peleando con el Gobierno para que les titulen la tierra que han venido trabajando desde hace años. 

El de Las Pavas no ha sido el único escándalo de la funcionaria barranquillera que trabaja en la Fiscalía desde el 14 de enero de 1997.

A este cargo llegó después de que fuera Juez Municipal de Barranquilla, un cargo donde tampoco estuvo lejos de la polémica.

Por una decisión que tomó en el caso del millonario desfalco de Foncolpuertos fue denunciada por prevaricato por acción. El 21 de mayo de 2009 fue condenada por el Tribunal Superior de Barranquilla en primera instancia, pero la Corte Suprema de Justicia decidió absolverla en septiembre de ese mismo año porque la reposición al fallo de primera instancia estuvo fuera de tiempo.

Ya en la Fiscalía varios de los casos que han llegado a sus manos se han convertido en escándalos mayores y por uno de ellos tiene una investigación activa por prevaricato por acción, amenazas a testigo, constreñimiento ilegal, prolongación ilícita de la libertad, en el Tribunal de Delitos contra la Administración Pública.

Los procesos sonoros

Uno de los casos más sonados que tuvo en sus manos la fiscal Miriam Martínez Palomino fue la investigación por presunto concierto para delinquir y el homicidio de unas prostitutas en Cartagena contra Alfonso “El Turco” Hilsaca. La fiscal fue la responsable de este proceso que después se cayó porque no había pruebas convincentes. La Procuraduría respaldó esta tesis.

Cuando el proceso llegó a Bogotá se encontraron vicios e inconsistencias en el concepto de la Fiscal que no permitieron mantener la imputación contra Hilsaca. Por ejemplo, la Fiscal ordenó el decomiso de los bienes del investigado cuando los delitos no tenían ninguna relación con los recursos que manejaba y realizó la captura apenas con los testimonios.

Parte de los problemas fueron esos testimonios pues los paramilitares que declararon contra “El Turco” presentaban inconsistencias en unos casos y retractaciones en otros. Además, porque en este caso se comprobó que el ex fiscal de Justicia y Paz José Alfredo Jaramillo Matiz extorsionó al investigado para “arreglar” el caso a cambio de 500 millones de pesos. La Corte Suprema de Justicia condenó a este ex fiscal.

Y específicamente sobre la fiscal Miriam Martínez Palomino varios de los paras que hablaron desde la cárcel la acusaron de presiones indebidas y esto sirvió como una de los causales para que no se diera una condena contra Hilsaca.

Uno de los paramilitares, Manuel Castellanos, aseguró a los fiscales de Bogotá que ella presionó a sus compañeros para que hablaran y también a él mismo “porque ella me lo dijo a mí, que al señor Turco lo ponía preso fuera por la cabeza de quien sea". Otro de los que se retractó fue Eugenio José Reyes Regino quien aseguró que “la doctora Myriam Martínez me asustó cuando me dijo que como yo cambiara mi versión, ella no descansaría hasta sacarme de Justicia y Paz (…) ella siempre quiere que uno diga lo que ella quiere escuchar y no lo que realmente pasó".

Un escenario parecido se vio en el proceso que también tuvo en sus manos la fiscal Martínez Palomino contra el corresponsal de Telesur en Colombia, Freddy Muñoz Altamiranda, por sus presuntos vínculos con la guerrilla y que llevó la Fiscal Martínez Palomino en 2006.

La defensa del periodista siempre argumentó que las decisiones judiciales fueron tomadas con base en testimonios inconsistentes de informantes profesionales que habían pertenecido a un grupo guerrillero y estaban pagando penas en las cárceles barranquilleras.

Y después lo ratificaron algunos de los denunciantes. “Yo no puedo estar acusando gente que no conozco, yo hablé muy claro con la doctora, que el 'Jorge Eliécer' que yo conozco se desertó de la guerrilla y lo mataron las autodefensas en Ñanguma", dijo Yainer Rodríguez a la Procuraduría, en la cárcel donde paga una condena de 12 años por rebelión y terrorismo.

"La doctora" a la que se refiere Rodríguez es Martínez Palomino y “Jorge Eliécer” es el alias que según las denuncias, usaba Freddy Muñoz en las filas de la guerrilla. En la declaración al Procurador el guerrillero también dice que la Fiscal lo presionó con pedir un castigo de 30 ó 40 años si no le colaboraba.

El periodista emitió un comunicado cuando estaba detenido en 2007 donde acusó a la fiscal Miriam Martínez Palomino de ser responsable de capturas masivas denunciadas por la Defensoría que terminaron en la absolución de los acusados. 

Las denuncias van mucho más allá porque Muñoz Altamiranda asegura que hay nexos de la fiscal con grupos paramilitares. Para hacer esas afirmaciones, aludió la denuncia de un grupo de abogados en 2004.

“Estos abogados, cansados de la corrupción y de la entrega de la Fiscalía al paramilitarismo, denunciaron en un comunicado que Miriam Martínez Palomino, en compañía de Demóstenes Camargo de Ávila, -hoy jefe de los fiscales especializados de Cartagena, y quien en su momento acusó a Alfredo Correa de Andreis y a dirigentes como Amaury Padilla Cabarcas- los fiscales Pedro Díaz Pacheco y Jesús García Castillo, encabezados por el director seccional de la fiscalía de Cartagena, Jaime Cuesta Ripoll, están comprometidos con el paramilitarismo”, dice la comunicación.

Este caso denunciado por los abogados fue investigado pero no se encontró responsable a ninguno de los implicados durante la administración de Luis Camilo Osorio.
 

La fiscal Miriam Martínez Palomino ha estado a punto de perder su puesto pero siempre ha logrado quedarse gracias a las tutelas.

En agosto de 2004, el fiscal Luis Camilo Osorio declaró insubsistente a la Fiscal sin justa causa, pero ella refutó la decisión e interpuso una tutela que le fue concedida por la Corte Constitucional porque se consideró que el fiscal Osorio le violó el derecho al debido proceso, al mínimo vital y al trabajo de la Fiscal que en ese momento era delegada ante los jueces penales del circuito especializado en la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena y estaba dentro de la carrera administrativa.

Años después, el ex fiscal Guillermo Mendoza Diago la trasladó a Medellín pero la decisión nunca se hizo efectiva. 

Fiscales de Cartagena que la conocen aseguran que sus decisiones son "sonadas" porque es algo que ella misma planifica, ante todo porque quiere ascender en su carrera. En la época del proceso de Alfonso "El Turco" Hilsaca era vox populi en la Fiscalía de Cartagena que ella quería convertirse en Delegada ante el Tribunal. De hecho se presentó pocos días después en el concurso para elección de fiscales delegados, pero no fue admitida.

Ahora con el caso de Las Pavas, la fiscal Morales tiene la palabra para evaluar el trabajo de su subalterna.