Pero algunos políticos tienen las CAR como fortines burocráticos. El gasto de esas entidades ambientales sirve para aceitar su maquinaria, especialmente en un año de elecciones locales como el 2011. Es probable que intenten oponerse a este decreto o señalar su inconveniencia. 

El decreto 4823 permite al Invías utilizar maquinaria y personal de contratistas y concesionarios para atender emergencias. Con esto, el país puede usar recursos privados para enfrentar las dificultades en infraestructura. De manera similar, el decreto 4824 permite disponer escombros en predios privados y aprovechar minas y canteras privadas para extraer materiales. En estos dos últimos decretos, se prevé que el Estado le pague al propietario por usar sus bienes a precios de mercado, pero el propietario no puede negarse a ese uso.

Estos dos fondos, además, contratarán como si fueran empresas privadas. Y el decreto 4830 permite que el Fondo Nacional de Calamidades transfiera recursos a entidades privadas. Nada de licitaciones públicas o  de poder decretar la caducidad de los contratos. Con esto se busca que los dos Fondos sean ágiles en la contratación y se supere rápidamente la emergencia, pero también elimina filtros y procedimientos de la contratación estatal que están pensados para evitar que el Estado haga malos negocios y para evitar la corrupción.

El decreto 4824 permite también extraer minerales sin títulos mineros, con un permiso temporal para extraer los recursos para la emergencia. Además, establece que esos permisos se deben entregar de forma inmediata.

Aunque en principio sólo pueden usar esas regalías para atender la emergencia, y deben pasar por el filtro del gobierno nacional y del Consejo Asesor de Regalías, se abre la puerta para que entidades sancionadas por el mal manejo de recursos, recuperen la capacidad de decidir sobre ellos. Y esta posibilidad se agrava porque el mismo decreto permite que el Fondo Nacional de Regalías utilice el dinero que tenía ahorrado en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, que es de unos USD 70 millones. 

El desmonte de los parafiscales es una solicitud reiterada de empresarios y economistas, que los ven como recargos al trabajo que hacen que haya más desempleo porque hacen costosos contratar personas. Pero es una propuesta impopular, y por ello hace dos años el entonces presidente Uribe rechazó la propuesta. Y lo mismo hizo Juan Manuel Santos durante la campaña.