Por proteger a los afros, el Mira termina de defensor de los gays

Senador Carlos Alberto Baena, presidente del Movimiento Político Mira Foto: Terra.

Hoy ante el Congreso se presentará el proyecto para conciliación que impulsó el Movimiento Político Mira para penalizar la discriminación en Colombia. La historia de este proyecto es interesante, porque no sólo demuestra los problemas técnicos y políticos que tiene el tema de la discriminación, sino porque el Mira -movimiento político ligado a la Iglesia Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, de orientación cristiana- termina como abanderado de las minorías discriminadas, incluidas las sexuales.

El Senador Hemel Hurtado del PIN (arriba) y  el Representante del Partido Verde Alfonso Prada (abajo) fueron los coordinadores de ponentes en Senado y Cámara.  

En julio del año pasado el Mira, bajo iniciativa de su presidente el senador Carlos Baena, radicó dos proyectos de ley dirigidos a la población afro, pero sólo uno de ellos logró ser aprobado, el de la penalización.

El proyecto -que no llegó a primer debate- proponía tratar el tema de la discriminación desde un enfoque de política pública: incluía una variable étnica en los planes de desarrollo nacional y territorial, en los presupuestos generales y territoriales, en páginas web de las entidades nacionales y en las encuestas realizadas por el Dane.  Pedía básicamente fortalecer proyectos de inversión -culturales, laborales o educativos- para mejorar la calidad de vida de la población negra.

“Lo hicimos porque veníamos estudiando el tema de pobreza en el partido y descubrimos que una de sus causas es la discriminación racial”, dijo Baena a La Silla Vacía. “Pero ese proyecto necesitaba presupuesto y no obtuvimos voluntad política en la Comisión Primera del Senado para que saliera adelante”.

En cambio, el segundo proyecto, que originalmente sólo penalizaba la discriminación racial, era más fácil de aprobar en Cámara y Senado. Primero, porque no modifica presupuestos, no es necesario negociar con el Ministerio de Hacienda para financiarlo, se asume que los mismos órganos judiciales con el mismo presupuesto pueden llevar a cabo las medidas necesarias para penalizar la discriminación. Y, segundo, por ser una política de mano dura que siempre es taquillera.

Efectivamente, este proyecto no sólo consiguió rápidamente voluntad política -su coordinador de ponentes fue el senador Hemel Hurtado del PIN-, sino que en todos los debates la iniciativa fue votada con amplias mayorías y con el apoyo de todos los partidos. 

Aunque puede criticarse que el enfoque penal para solucionar la discriminación es un paso insuficiente frente a un enfoque educativo o uno de política pública, la penalización sí era una de las tareas pendientes del Gobierno frente al tema afro.

Como lo explicó en su columna del domingo César Rodríguez, director del Observatorio de Discriminación Racial, Colombia estaba en mora de expedir una ley en este sentido. Tanto la Convención de la ONU sobre discriminación racial, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Corte Constitucional, ordenan al Gobierno expedir una ley que penalice los casos más graves de racismo. El problema está en el cómo hacerlo.

Varios penalistas como el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez y ex vicefiscal Francisco José Sintura criticaron que el Congreso no se haya tomado el trabajo de especificar dónde se traza la línea de la discriminación, con lo cual la redacción del proyecto, que tiene tan solo tres páginas, quedó tan amplia que será muy difícil de aplicar (ver proyecto).

“El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo y orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, dice el proyecto aprobado en Cámara. ¿Podría especificarse más?

La respuesta es sí. Ya lo había hecho la Defensoría del Pueblo en un proyecto de ley que presentó en 2007 y que discutió ampliamente desde 2003 con organizaciones sociales afrocolombianas, organizaciones de personas discapacitadas, de mujeres, de población con orientación sexual diversa (LGBT), organizaciones del pueblo Rom y organizaciones indígenas. “En este proceso quedó evidenciado que cada grupo quería ser considerado, porque querían medidas diferenciadas para protegerse”, dijo a La Silla un miembro de la Defensoría que trabajó en el proceso.

El proyecto de ley de la Defensoría, que se hundió por falta de voluntad política, tenía muchas más precisiones que el proyecto del Mira. Discriminación de género podía ser restringir el acceso a la información sobre planificación y métodos anticonceptivos; discriminación por motivos raciales podría ser no impartir a las comunidades afro o indígenas educación básica en castellano y en su lengua nativa; discriminación a discapacitados podría ser no adoptar medidas apropiadas para eliminar los obstáculos que impidan o limiten la accesibilidad al transporte o información.

En cambio, en el caso del proyecto del Mira, serán los jueces quienes tendrán que ir determinando estos puntos sobre la marcha, cuando comiencen a llegar a sus despachos las demandas por discriminación.

Pero el proyecto trae otro problema, que puede ser letal, y es su falta de consulta previa. El proyecto no fue consultado con los Consejos Comunitarios, la autoridad en los territorios de las comunidades afrocolombianas, aunque este es de esos proyectos que sin duda tiene que ver con las comunidades étnicas. Para solucionar este problema, se decidió ampliar el proyecto para que penalizara la discriminación contra todo tipo de minorías.

“Cuando surgieron cuestionamientos sobre la consulta, nosotros decíamos que no era necesaria porque es un proyecto que los beneficia, no que los afecta. Pero teníamos dudas jurídicas y, por eso, si el proyecto cubría a todos los grupos, no sería necesaria la consulta porque era una ley general”, dijo el senador Baena a La Silla Vacía.

Aunque inicialmente fue el representante del Partido Verde Alfonso Prada en la Cámara quien propuso ampliar el proyecto a otros grupos vulnerables, el Mira cree que con esto el proyecto se salvó de caerse en la Corte Constitucional por falta de consulta previa. Pero quizás peque de optimismo. La Corte ya ha tumbado otras leyes generales como el Plan Nacional de Desarrollo de Uribe, o la Ley Forestal por falta de consulta previa.

Guillermina Bravo, candidata a la gobernación del Valle por el Mira.

Lo paradójico es que, por quitarse el chicharrón de la consulta previa, el Mira terminó también cobijando a la comunidad LGBT en Colombia, que tradicionalmente ha sentido que el Mira les da más su espalda que su mano por razones religiosas. 

“Cuando nosotros legislamos, no juzgamos por raza o religión, este proyecto es una prueba más de eso”, dijo a La Silla Vacía la Representante del Mira Gloria Estella Díaz. “Siempre hemos sido respetuosos de las minorías”.

Sin embargo, cuando en 2005 fue presentado un proyecto de ley para garantizar igualdad de los derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo y este logró superar las votaciones en Senado y Cámara, se terminó hundiendo en conciliación. Y los grupos LGBT que apoyaban la iniciativa recuerdan que fue el Mira el que puso una tranca en su aprobación.

Cuando el proyecto llegó a ser conciliado en la plenaria del Senado, el senador del Mira Manuel Virgüez solicitó que la votación en este caso fuera nominal y no a pupitrazo. Ahí el proyecto se hundió con 34 votos por el no y 29 por el sí. Tras la derrota, varios senadores se opusieron al hundimiento del proyecto de ley, solicitando a la Presidencia del Senado que volviera a abrir el debate sobre el informe de conciliación y se permitiera votarlo nuevamente. La primera en intervenir en contra fue la senadora del Mira, Alexandra Moreno Piraquive, quien se opuso a reabrir el debate y la Presidenta del Senado Dilian Francisca Toro le dió la razón (ver gaceta).

Y más allá de los derechos patrimoniales, el Mira fue uno de los partidos que no quería que la Corte se pronunciara sobre la adopción de niños por parejas gays. Cuando otros dirigentes como Rafael Pardo y Clara López se pronunciaban a favor, Alexandra Moreno dijo a RCN: “Sería una irresponsabilidad que la Corte se pronuncie cuando no se ha hecho un debate para entender cómo se va a comportar el desarrollo sicológico de un niño en este tipo de familias”. 

Con estos antecedentes en el Congreso, la comunidad LGBT no tenía razones para creer que los incluirían en el proyecto de ley del Mira. No los han incluído, eso si, en las celebraciones, puesto que en Facebook yTtwitter el Mira sigue hablando más de la iniciativa contra el racismo que contra todo tipo de discriminación.

El interés del Mira en los afros

Si bien es gratamente sorprendente que el Mira intente una mayor protección para las minorías sexuales, también lo es que haya acogido a las comunidades afro. Y llegaron a este tema gracias, en parte, a Luis Fernando Ovalle, que ahora es candidato del Mira para el Concejo de Bogotá.

“La organización Afroamigos hizo mucha presencia en los debates”, dijo a La Silla Vacía Carlos Baena. Esta organización afro es liderada por Ovalle, director también de Fundesarrolloafro, una fundación que nació hace cuatro años para fomentar el desarrollo de las culturas negras en el país.

El Mira también ha estado trabajando más activamente en zonas donde hay mayor presencia de la población afrocolombiana. Para las elecciones locales tienen su mayor número de candidatos para Concejo en el Valle del Cauca, donde también tienen candidata a la Gobernación, la diputada Guillermina Bravo, y candidato a la alcaldía de Cali, Héder Gómez.

“Y el movimiento tiene muchos candidatos afros”, dijo Baena a La Silla Vacía. Como lo explicó en un artículo el periodico El Tiempo, el Mira también cuenta con un buen número de concejales en Quibdó, Itsmina y Buenaventura. Y en 2010, la lista al Senado del Mira obtuvo buena parte de sus votos en el Valle: 42 mil 700, casi 15 por ciento de su votación.

Aunque el principal fortín electoral del Mira siempre ha estado en Bogotá, para estas elecciones esperan mejorar su representación regional. La pregunta es, ¿a los votos de las poblaciones negras que les sumará este proyecto de ley se les restarán los votos de sus seguidores tradicionales que suelen oponerse a que las minorías sexuales tengan los mismos derechos o, por el contrario, con este gesto a favor de la igualdad, se volverán un partido mucho más incluyente?