Como es un estimativo que triplica la estimación que existía oficialmente ha provocado controversia. Pero la Fiscalía aportó casi el doble de los registros que se conocían públicamente.
La semana pasada, a raíz del auto que publicó la JEP priorizando los casos en los que concentrará la investigación de los falsos positivos, se armó un gran debate político alrededor de la cifra de las 6.402 víctimas que la justicia transicional estima sucedieron entre 2002 y 2008.
Gran parte del debate obedeció a que la JEP escogió el período que registra mayor número de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública para presentarlos como bajas en combate y este corresponde a los años más intensos de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, con lo cual su legado termina siendo cuestionado.
Pero, también, porque esa cifra es mucho más alta que cualquiera de las estimaciones que había hecho del fenómeno hasta ahora la Fiscalía y el Centro de Memoria Histórica. Incluso, ni la ONU ni ninguna ONG de derechos humanos superaban las 5 mil víctimas.
Estos dos factores llevaron a que el expresidente Uribe se fuera lanza en ristre contra el auto de la JEP y que utilizara la discrepancia entre las cifras para deslegitimar el trabajo de la justicia transicional como parte de la propaganda negra de las ONG enemigas de su gobierno.
La Silla Vacía investigó cómo llegó la JEP a esa cifra de 6.402, que en todo caso en el auto advierte que se trata de un universo provisional de víctimas, que podría subir o bajar en la medida en que continúen con sus contrastaciones.
La JEP explica en su auto que llegó a esa cifra a partir de contrastar tres fuentes de información sobre los falsos positivos: la de la Fiscalía, la del Centro Nacional de Memoria Histórica y la de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos (CEEU), que reúne a decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos. A partir de dicha información, la JEP procedió a “desduplicar” las bases de datos para evitar contar dos veces víctimas individuales que aparecieran en más de un informe.
Sin embargo, el auto no ofrece mucha más información para determinar cómo llegaron a la cifra. Por ejemplo, para saber cuántas víctimas sólo aparecen en los registros de las ONG o si estas víctimas están ya individualizadas.
La Silla Vacía solicitó más información a la JEP y habló con funcionarios que trabajaron en la elaboración de los informes tanto de la Fiscalía como del Centro de Memoria Histórica para entender cómo llegaron a la cifra trágica de 6.402 colombianos asesinados por militares para ser presentados como bajas en combate durante el gobierno de Uribe. Y cómo se explica que la cifra sea mucho mayor a la que se había conocido hasta entonces.
Estas son las explicaciones que aclaran de dónde sale el número de víctimas identificadas por la JEP:
Las tres fuentes de información comparten muchas víctimas, pero cada una aporta víctimas que no aparecen en las demás bases de datos
Cada una de las tres fuentes en las que se apoyó la JEP para armar el universo de víctimas responde a mandatos y objetivos diferentes, lo que puede explicar en parte la disparidad en sus estimaciones.
Los registros que tiene la Fiscalía obedecen a noticias criminales que recibió y a partir de las cuales inició las investigaciones. Pero en muchas regiones, a las víctimas les da miedo denunciar el hecho del que fueron víctimas, entre otras, porque creen que la Fiscalía actúa en complicidad con los militares.
Por eso, es factible que una porción de los familiares de los jóvenes asesinados por miembros del Ejército no hubiera puesto la denuncia y que el crimen no hubiera sido registrado por los medios, y, por lo tanto, no aparezca en las bases de datos de la Fiscalía.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), por su parte, armó su documentación a partir de revisar la información que ya era pública: lo que aparecía en medios e informes públicos de organizaciones, por ejemplo, pero no consiguió testimonios directos de las víctimas. Tampoco incluyó la información de la Fiscalía porque cuando la pidieron, la entidad estaba depurando sus bases de datos y no se las pasó.
Las ONG, por su parte, armaron sus bases de datos a partir de relatos de víctimas y de comunidades de lugares donde sucedieron los hechos. Pero no necesariamente pudieron obtener los relatos de todas las víctimas.
“La mayoría de las víctimas no están organizadas y no tramitan sus denuncias a través de las ONG”, dice Andrés Suárez, excoordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Dice que la Fiscalía, Memoria Histórica y las ONG recogieron, cada una, una parte de la realidad. Y que el valor de lo que ha hecho la JEP es articular todas las cifras.
La Fiscalía aportó información de 1.782 víctimas de falsos positivos adicionales a las que aparecen en su informe # 5
Apenas salió el auto de la JEP, algunos líderes de opinión comenzaron a criticar al exFiscal Néstor Humberto Martínez porque en el informe 5 que presentó a la JEP aparecen 2.248 víctimas de violaciones ocurridas entre 1988 y 2014, una tercera parte de las que ahora estima la justicia transicional.
Muy difícil entender que a Néstor Humberto como Fiscal se le embolataron más de 4000 falsos positivos.
— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) February 22, 2021
Sin embargo, según los datos oficiales que le dio la JEP a La Silla, la Fiscalía aportó registros de 4.030 víctimas de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, casi el doble de las que aparecen en su informe número 5 sobre falsos positivos. Lo que pasa es que lo hizo en dos momentos diferentes.
En 2018, la Fiscalía entregó su informe 5, que es el que trae la cifra de 2.248 víctimas a nivel nacional y que se concentra en 30 unidades militares. Es un informe descriptivo de 300 páginas, bastante completo, de las investigaciones abiertas en la Fiscalía y que es la espina dorsal del auto de la JEP.
Según confirmó La Silla con dos fuentes de la Fiscalía que trabajaron en este informe, desde 2016, el entonces fiscal Eduardo Montealegre encargó a la Unidad de Derechos Humanos de depurar sus cifras sobre casos de presuntos falsos positivos.
Para ello, crearon una nueva categoría en el sistema de información de la Fiscalía (Spoa) para que los fiscales de todas las direcciones y seccionales pusieran ‘un chulito’ cuando se tratara de un caso de falsos positivos.
Para la elaboración del informe 5, lo que hizo el equipo de la Fiscalía fue revisar todos los expedientes que tenía la Unidad de derechos humanos y armar el informe a partir de allí.
Aunque en ese informe aparecen reportes de las oficinas de derechos humanos de las seccionales, hay fiscales seccionales que tenían casos de falsos positivos y que no aparecen en el informe 5 porque la Unidad de Derechos Humanos no los tenía en su radar o porque en ese momento figuraban, por ejemplo, como desaparición forzada.
En su mismo informe 5 a la JEP, la Fiscalía dice que en “al menos 99 casos las familias habían interpuesto denuncia por desaparición forzada o secuestro. En ocasiones, debido a los señalamientos, miedos y amenazas, otros familiares no se acercaron directamente a las autoridades judiciales y comunicaron los hechos a la Defensoría, la Procuraduría o las personerías municipales”.
Esos casos, sin embargo, aparecen en un segundo informe que también entregó la fiscalía de Martínez a la JEP con el inventario de la totalidad de delitos cometidos en relación con el conflicto armado, tanto por parte de la guerrilla como de las Fuerzas Militares (1,8 millones de casos).
Dicho inventario, al incluir todos los casos que van siendo actualizados por los fiscales a lo largo del país, contiene muchas más víctimas de falsos positivos que los descritos en el informe 5. Esto era claro, para la JEP y la Fiscalía, que desde un inicio indicó que el conteo de la totalidad de casos en su poder debía fundamentarse en el inventario y no en el informe 5.
La Fiscalía de Néstor Humberto hizo un convenio con la JEP y cada dos meses le actualiza desde entonces ese inventario.
La JEP le explicó a La Silla que, además de la base de datos del informe 5, revisaron la información del inventario de la Fiscalía que tenía la categoría de “Homicidio presentado como baja por fuerza pública” y además encontraron en el Spoa y Sijuf otros registros que presuntamente podrían ser falsos positivos.
“El equipo del caso 03 revisó manualmente cada uno de los relatos de los hechos de cada registro y los clasificó como “homicidio presentado como baja por fuerza pública” cuando el relato tenía suficiente información para inferir que se trataba presuntamente de una muerte ilegítimamente presentada como baja en combate por agentes del Estado”, dice la respuesta de la JEP.
De dicho inventario de la Fiscalía salieron los 1.700 registros de víctimas que no estaban en el Informe 5 y que explican en parte la nueva cifra más alta.
En todo caso, esos 4 mil registros que aporta la Fiscalía no están muy distantes de los 3.259 que reconoce el Ministerio de Defensa, como lo mostró en esta tabla la senadora uribista Paloma Valencia.
Estás son las cifras de diferentes fuentes sobre falsos positivos.
Las de la JEP provienen de organizaciones entre las cuales el “Comité de solidaridad con los presos políticos” la misma que ayuda a Monsalve, el llamado testigo estrella contra ?@AlvaroUribeVel?
Juzguen pic.twitter.com/RJBlMbHfTj
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 18, 2021
Cada una de las 6.402 víctimas aparece con nombre y apellido pero no todos con cédula
Al día siguiente del informe, Uribe dijo que quería que le mostraran “pruebas de los 6.400 falsos positivos”, pues ponía en duda la magnitud de la cifra.
Esa solicitud difícilmente será cumplida pues la JEP no investiga caso por caso sino que identifica los patrones del fenómeno y determina los máximos responsables.
En todo caso, la JEP dijo a La Silla que la base de datos no incluye ningún NN. “Todos los registros cuentan con nombre y apellido y fecha y lugar de los hechos (departamento y municipio). 3.818 (60 %) registran además información sobre número de documento”.
El número de víctimas podría bajar
La cifra de 6.402 víctimas es provisional, como dice la JEP en su auto, y podría subir o bajar a medida que avanzan las investigaciones.
Por ejemplo, entre el 40 por ciento que no están todavía identificados con cédula podrían aparecer algunos que reportan las ONG y que siguen vivos o que ya aparecen contados en las bases de datos de la Fiscalía con el nombre escrito ligeramente diferente.
Excepcionalmente, puede pasar que en los registros de las ONG aparezca como falso positivo una persona que los militares trataron de asesinar, y que incluso mostraron como un ‘positivo’ pero que, tras hacerse el muerto para salvarse, logró llegar al hospital y sobrevivir. No serán muchos casos, pero una de las fuentes con las que habló La Silla que trabajó con estos datos dice que podría suceder.
Y, en todo caso, no es claro si y cómo la JEP contrastó los casos de las ONG que no aparecen en los registros oficiales.
Sin embargo, tanto el funcionario de la Fiscalía como el de Memoria Histórica que trabajaron en la elaboración de las respectivas bases de datos, como un líder de derechos humanos, coincidieron en que no les sorprendía la cifra de las 6.402 víctimas. Sobre todo, porque faltan los de la justicia penal militar y la información que aporten nuevos comparecientes una vez la JEP priorice sus investigaciones por batallón.
Y en todo caso, un porcentaje alto sale en por lo menos dos bases de datos.
Falta el registro de casos de la Justicia Penal Militar, que podían explicar los registros que no tiene la Fiscalía
En principio, todos los falsos positivos deberían ser investigados por la justicia ordinaria (es decir, la Fiscalía) y no por la justicia penal militar porque matar jóvenes inocentes para presentarlos como bajas en combate no se considera un acto del servicio.
La realidad es otra.
Hasta 2005, los muertos por balas del Ejército eran recogidos por el mismo Ejército. Solo fue en esa fecha que el gobierno de Uribe aceptó que el CTI de la Fiscalía hiciera la inspección a los cadáveres. Pero como en esa época hubo combates en todo el país, y en sitios de muy difícil acceso para nadie que no llegara en avión militar, muchos levantamientos los hacían los mismos soldados y la inspección se hacía ya en las instalaciones militares. Eso incluso puede seguir sucediendo, pues la Fiscalía puede ni siquiera enterarse de bajas en combate, que son contabilizadas y registradas por las Fuerzas Militares, y eventualmente investigadas por la justicia penal militar.
“En muchos casos las inspecciones a cadáveres se realizaban en instalaciones militares, perdiéndose elementos materiales de pruebas valiosos para el establecimiento de las circunstancias de estas muertes”, dice el informe 5 de la Fiscalía.
Eso hace creer a los expertos consultados por La Silla que hay decenas o cientos de casos todavía en la justicia penal militar que podrían corresponder a los de las ONG que no aparecen registrados por la Fiscalía.
En su informe 5, la Fiscalía reconoce que “no todos los casos de muertes cuestionadas llegaron a ser conocidas por la FGN y muchos de ellos aún siguen bajo conocimiento de la justicia penal militar”.
Y más adelante agrega: “En la mayoría de los casos los juzgados penales militares resolvieron inhibirse de iniciar acción penal y archivaron los procesos. De acuerdo con jueces militares, no había razones para dudar sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos relatados por los militares.
Solo en 38 casos los juzgados penales militares remitieron de manera oficiosa los procesos a la justicia ordinaria”.
La Silla Vacía consultó a Fabio Espitia, director de la Justicia Penal Militar, quien reconoció que pese a que no debería haber ningún caso de falsos positivos en su jurisdicción es posible que sí los haya.
Él encontró que hay unos 18 mil expedientes en la justicia penal militar, y que alrededor del 20 por ciento de ellos tienen aún el delito “por esclarecer”. Es decir que no han avanzado ni siquiera al punto de determinar si se trató de un homicidio culposo, una deserción o un falso positivo.
Espitia, que fue el Fiscal General encargado cuando renunció Néstor Humberto Martínez y hasta que llegó Francisco Barbosa, dijo que hace un par de meses sacó una circular para revisar todos esos expedientes y determinar si algunos de ellos tendrían que ir a la justicia ordinaria. No se aventura a decir cuántos de ellos, si alguno, es de falsos positivos.
Los procesos de justicia transicional siempre descubren miles de víctimas ignoradas
Cuando el proceso de Justicia y Paz de los paramilitares, las organizaciones de víctimas estimaron en 2005 que había 7 mil desaparecidos. El Registro Único de Desaparecidos que se creó a partir de los testimonios de las autodefensas desmovilizadas que confesaron sus crímenes cuenta 80 mil desaparecidos.
Ese, en últimas, es uno de los grandes propósitos de la justicia transicional: ayudar a la sociedad a enfrentar la magnitud de la tragedia que representó la guerra y a transitar de su estado de negación y justificación al reconocimiento de lo sucedido para evitar que se repita.
