Caso contra Richard Aguilar enreda a la Gobernación de su hermano

La Silla conoció el auto en el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la captura del exsenador de Cambio Radical, Richard Aguilar. En el documento la Corte determinó que había razones suficientes para llevarlo a juicio por su participación en un presunto entramado de corrupción cuando fue gobernador de Santander, entre 2014 y 2015.

En medio de la cadena de presuntos delitos, la Corte encontró que podría haber un intento por obstruir la investigación a través de la falsificación de documentos. Actividad que habría sido desplegada desde la Gobernación de Santander, que hoy encabeza Mauricio Aguilar, hermano de Richard, quien habría aprovechado “su vínculo de sangre con el actual Gobernador”.

Esta línea de investigación abre un nuevo frente legal para el clan Aguilar, que tiene a su patriarca, Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, y a Richard, capturado por presunta corrupción. La Procuraduría ya anunció la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios de la Gobernación de Mauricio. 

Además, el auto la Corte detalla otros siete hechos por los cuales consideró que había indicios suficientes para procesar a Richard Aguilar por concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Según las cuentas de la Corte, Aguilar se habría apropiado de, al menos, 2.400 millones de pesos del presupuesto público.  

Aguilar renunció al senado hace dos semanas, con lo que perdió su fuero de congresista. Por eso, ahora el caso será investigado por la Fiscalía, que ya le asignó el caso al fiscal Fernando Bolaños. Aún así, por el fuero que tienen los gobernadores, su juez será la Corte Suprema. 

Aguilar ha negado todos los cargos. Pero su caso llega a la Fiscalía con una investigación adelantada de estos ocho hechos de presunta corrupción, que cuentan con evidencia sólida aportada por ex miembros de su administración y contratistas que han hecho extensas confesiones.

1. La gobernación de Mauricio Aguilar estaría obstruyendo la justicia 

Según el auto de la Sala de Instrucción de la Corte, los funcionarios de Mauricio Aguilar perdieron una caja con 9 libros de resoluciones del despacho del gobernador emitidas entre 2009 y 2017, es decir, que contenía actuaciones de la administración de Richard Aguilar. Por estos hechos, la Procuraduría este fin de semana anunció la apertura de una indagación preliminar.

Además, la Corte estableció, con herramientas electrónicas, que documentación relacionada con el proceso remitida a ese alto tribunal por la administración de Mauricio Aguilar fue fabricada.

“(La administración de Mauricio) aporta a la investigación varios documentos que nunca fueron encontrados en las inspecciones (…) pero que ahora aparecen milagrosamente siendo remitidos en formato electrónico”. 

Son tres documentos que el CTI no encontró en las inspecciones que hizo a la Gobernación en diciembre de 2020 pero en enero de 2021 el entonces secretario de Planeación de  Mauricio Aguilar, Javier Orlando Acevedo, los envió a la Corte en formato electrónico. 

Uno de esos era la aprobación del Mindeporte a la adición del contrato del estadio, por el que se destapó el entramado de corrupción. La Corte encontró que el documento que le aportaron fue creado el 18 de diciembre (cuatro días después de la inspección del CTI a la Gobernación). 

De hecho, la Corte obtuvo el original a través del Ministerio y encontró diferencias que dejaron en evidencia la falsificación. 

La inspección electrónica de los otros dos documentos arrojó que, aunque reportaban fechas de 2015, en realidad la metadata mostraba que fueron elaborados el 15 de enero de 2021, un mes después de la visita del CTI.

El exsecretario le dijo a La Silla que los documentos sí eran reales y que no lo habían notificado de ninguna investigación al respecto. 

Por  su parte, Iván Cancino, defensor de Richard Aguilar, aseguró: “Aquí se da por hecho que se habían falsificado unos documentos y que se habían extraviado otros y no es cierto. Las explicaciones las daremos dentro del proceso y no le corresponden a Richard Aguilar, sino a los funcionarios de la Gobernación, pero no hay nada absolutamente irregular en ello”. 

Cancino ha sido cuestionado porque además de defender a Richard Aguilar, ha suscrito contratos con la administración de Mauricio Aguilar para asesorar a la Gobernación de Santander en temas jurídicos. Cancino se ha defendido diciendo que no hay ninguna irregularidad porque los contratos no están relacionados y los de la Gobernación no tienen nada que ver con su defensa al exsenador Richard.

En todo caso, la Corte consideró que la desaparición de documentos y sospechas sobre su falsificación mostraban un riesgo de que Richard Aguilar podría tratar de sabotear el proceso de investigación aprovechando su parentesco con el actual Gobernador de Santander y esa fue una de las principales razones por las que pidió su captura.

2. El comité superpoderoso de la contratación

Seis meses después de posesionarse como gobernador de Santander, Richard Aguilar implementó una figura sin precedentes en ese departamento: creó un “Comité Asesor” al que le dio superpoderes sobre la contratación de la Gobernación.

Ese comité tenía la facultad de ejercer vigilancia y control sobre toda la inversión de la plata del departamento y estuvo integrado por tres personas: el secretario jurídico, el secretario general y Julián Jaramillo, un contratista de bajo perfil en Santander que, como asesor de la gobernación, fue mano derecha de Richard Aguilar en su administración. 

Según las pruebas que recopiló la Corte, Jaramillo era el hombre clave en ese comité y estaba allí en representación directa de Aguilar. 

Aunque Jaramillo negó tener injerencia en la contratación de Santander, la Corte no le creyó porque es quien aparece figurando en la gran mayoría de actas de las que quedó registro de las actuaciones de ese comité. (Vea aquí quién es Jaramillo)

Además, la versión de la exsecretaria de Infraestructura, Claudia Toledo, quien confesó haber hecho parte del entramado de corrupción y quien es uno de los testigos clave contra Aguilar, también señaló a Jaramillo de tener un rol clave dentro de la estructura.

Según el relato de Toledo, Jaramillo era el encargado de hacerle seguimiento a las directrices de Aguilar sobre los direccionamientos en las licitaciones y el pago de coimas. Para asegurar esa tarea tenía bajo su cargo un equipo de funcionarios que le ayudaban en ese propósito. Para sustentarlo aportó varios correos electrónicos en los que quedaba prueba de los roles que cada uno tenía dentro del entramado.

Esa condición de Jaramillo también fue verificada por Andrés Díaz, interventor de uno de los contratos salpicados en el escándalo. Diaz relató que había funcionarios de la Gobernación bajo órdenes de Jaramillo para torcer licitaciones.

El “Comité Asesor” solo funcionó un año y las razones por las que se diluyó son motivo de sospecha para la Corte. 

Según actas oficiales, la razón fue que sin ese comité el departamento se ahorraba más tiempo y plata. Curiosamente, las mismas razones se esgrimieron para crearlo.

La Corte cree que la razón verdadera de eliminación del comité fue Roberto Ardila, el primer secretario jurídico de Richard Aguilar. Ardila salió justo después de que revocaron esa figura y, según lo que le dijo a la Corte, en el tiempo que estuvo en la Gobernación terminó atajando varios intentos de torcer contratación.

3. Las listas de excel con contratistas

Aunque en el papel desapareció el comité asesor, según el auto, en la práctica jamás dejó de funcionar. Quien continuó a la cabeza, dice la Corte, fue Julián Jaramillo, quien pasó a ocupar otro cargo recién creado: asesor de proyectos de la Secretaría de Infraestructura. 

A través de ese cargo, según el relato de la exsecretaria Toledo y correos electrónicos que adjuntó, Jaramillo llevaba control de la adjudicación de los recursos de la entidad y le entregaba reportes privados a Aguilar. Toledo contó que en una oportunidad Jaramillo le entregó una USB con un listado de contratistas.

“Ese listado contenía los nombres de los futuros contratistas que irían a ejecutar las obras previo a la publicación de los procesos contractuales”, dijo Toledo.  

La versión de la exsecretaria la corrobora otro funcionario de la administración de Richard Aguilar, quien fue grabado por Toledo.

“(Julián) era el que los colocaba, él tenía un cuadro diferente, entonces decía coliseo tal, tal persona (…) iba descontando de ahí del proyecto qué le iba dando”, decía el funcionario que hacía parte de la oficina de contratación paralela . 

En un chat entre Richard Aguilar y la exsecretaria Toledo, el mismo Aguilar hace referencia a los cuadros de excel en los que se relacionaban licitaciones y se especificaban “compromisos”.

Los contratistas que debían ser favorecidos terminaban marcados en esos cuadros con el nombre de “Eli”, que era la clave para “el idóneo” o “el elegido”.

4. La coima para Aguilar en el contrato del estadio Alfonso López

Este contrato, de 24 mil millones para arreglos en el estadio, fue el que abrió la caja de pandora sobre las presuntas irregularidades en la administración de Richard Aguilar. 

Según el relato de la exsecretaria de Infraestructura, Claudia Toledo, Aguilar, quien direcciona los contratos, les cedió esa atribución a ella y a Julián Jaramillo, bajo la condición de que le respetaran a él un 10 por ciento de la coima, es decir, 2.400 millones.

Toledo cuenta que usó a su esposo, Lenin Pardo, para buscar un contratista que accediera a compartir las coimas con ellos, y darle a Aguilar su parte. 

Por su parte, Pardo aseguró en su versión que, con base en la delegación de su esposa, buscó a Octavio Reyes, quien a su vez habló con Jaramillo para concretar su participación. Ese contratista les dijo que les podía dar el 16 por ciento de todo el contrato.

Toledo, su esposo Pardo, el interventor del contrato Andrés Díaz, y el contratista Octavio Reyes ya confesaron corrupción en la ejecución de esa obra.

Sin embargo, la particularidad de la confesión del contratista Reyes –también salpicado en el escándalo de corrupción de Odebrecht– es que asegura que Aguilar no tuvo nada que ver en el entramado de corrupción. El defensor de Reyes se llama Jhon Franco y es un abogado de vieja data de la familia Aguilar.

La Corte cree que la declaración de Reyes sobre la inocencia de Aguilar no es cierta. En cambio, le cree a los esposos de Toledo y Pardo, porque días antes de que finalizara el Gobierno de Aguilar, en una carrera contrareloj, adicionaron al contrato 6.748 millones de pesos siguiendo una orden directa de Aguilar.

Para la Sala de Instrucción ese hecho le da fuerza al relato de Pardo: 

“En diciembre de 2015 Julián me cita a su oficina de la Gobernación y me informa que el gobernador Aguilar había decidido adicionarle a la obra de reforzamiento del estadio unos dineros (…) Me informó Julián que, a raíz de la pérdida de la campaña a la Gobernación del candidato que Richard apoyaba, él quiso recuperar algunos dineros antes de irse de su administración”.

Además, porque el interventor de la obra, en su relato a la Corte contó que el contratista Reyes le confesó que quería cruzar cuentas de las coimas de ese contrato con otros contratos que le iban a entregar en la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant. 

En ese momento, el gerente de esa entidad era Edwin Ballesteros, hoy congresista del Centro Democrático y a quien la Corte ya llamó a indagatoria por este entramado de corrupción (será el 6 de septiembre). 

“Él (Octavio Reyes) me confiesa haber sacado dos mil millones (de pesos) para la compra de unos contratos que serían adjudicados a él en diciembre de 2015 en la Esant, a través de su amigo Edwin Ballesteros (…) que él le va a solicitar a Richard Aguilar que crucen cuentas con las coimas del contrato del estadio”, contó el interventor Diaz. 

5. Cómo se sacó plata del contrato del estadio 

Para la Corte, en total fueron malversados 5.900 millones de pesos del contrato del estadio. De ese monto, además de los 2.400 millones habrían quedado en manos de Richard Aguilar, otros 3.500 millones terminaron en manos de terceros.

Según el auto, Aguilar no ejecutó las trampas para lograr que las personas señaladas se quedaran con los contratos, pero sí dio la orden a sus subalternos de hacer lo necesario, siendo consciente de que implicaba romper la ley. 

Lenin Pardo dijo que el mismo Aguilar le dio la fórmula para sacar la plata de las coimas: generar facturación ficticia para que el contratista pudiera justificar gastos ante la fiducia para que les aprobaran retirarlos. 

Más allá del testimonio de Pardo, la Corte inspeccionó las cuentas con las que el contratista de la obra del estadio justificó el pago del anticipo. Encontró que le giraron 620 millones de pesos a Ciaming Ltda, la empresa de Pardo, sin haber ejecutado ninguna obra. 

Ese modus operandi, el mismo de la corrupta Odebrecht, también se aplicó con:

• Asending Ingeniería SAS, de propiedad de Artemio Suárez, quien a su vez hacía parte del consorcio de la obra del estadio a través de otra empresa llamada Movipetrol por 1.195 millones de pesos.
• Hugo Alberto Sánchez Maldonado, contratista al que le entregaron 744 millones de pesos.
• Ivy Xiomara Suárez Gómez, esposa de un primo del interventor del contrato, quien facturó 645 millones.
• IM Ingenieros SAS, facturó 1.144 millones de pesos. 

Además, la Corte encontró que la unión temporal cobró 366 millones de pesos por unas instalaciones eléctricas que nunca hizo, y que se inflaron gastos por 2.198 millones de pesos.

El testimonio del interventor, Andrés Díaz, que contamos arriba, es otra prueba para la Corte. 

La Sala de Instrucción de la Corte también consideró que los primeros 700 millones de pesos de la coima de ese contrato habrían sido para el gobernador Aguilar siguiendo esta ruta: 

Octavio Reyes y Artemio Suárez, los contratistas,  y Andrés Díaz, el interventor, entregaron esa plata a Pardo y Toledo en su casa. 

Ellos, a su vez, la entregaron a Aguilar a través de Julián Jaramillo. Puntualmente, se la enviaron con Rubiel Marino Bermudez, un contratista de la Gobernación que trabajaba como conductor y mensajero exclusivamente de Jaramillo. 

La Corte también considera como una de las pruebas claves de que la plata de las coimas llegó a Richard Aguilar, la grabación que le hicieron los esposos Pardo Toledo a Jaramillo en 2019, cuando ya estaban siendo investigados. 

En ella Jaramillo les dijo que les podía conseguir 2.800 millones de pesos para que hicieran un preacuerdo con Fiscalía sin delatar a Aguilar, y que incluso les daba una manutención por el tiempo que estuvieran en casa por cárcel. 

“La situación la estamos mirando ya saben con quien (…) que no sea la excusa la plata porque si son 3000, 3000 están el viernes, entonces la excusa no es plata, es lo que ustedes quieran hacer”.

Los esposos, dicen que a quien se refería Jaramillo, era a Richard Aguilar.

6. Primo de los Aguilar se ganó otro contrato sospechoso

La Corte consideró que hay indicios de que Aguilar habría ordenado a sus subalternos, Toledo y Jaramillo, que un contrato para pavimentación de vías, conocido como corredor Agroforestal, fuese adjudicado a la Sociedad Futura Unidos por Santander SAS. De esa empresa era empleado Aureliano Naranjo, primo del parapolítico Hugo Aguilar, el papá de Richard. 

El corredor Agroforestal es el mejoramiento de vías que conectan 20 municipios de Santander y que costó 146 mil millones de pesos. 

Según Toledo, Richard se había comprometido con Aureliano Naranjo, inicialmente, a entregarle otro contrato a Naranjo, el de la construcción de la vía San Gil – Charalá. Pero, no pudo porque la oferta con la que se presentó en ese momento no cumplía requisitos.  

Para soportar esa afirmación, Toledo entregó chats en los que en clave le contó a Aguilar de la molestia del primo Naranjo. 

La Sala le da credibilidad porque de la molestia de la empresa contratista de la que hacía parte el familiar de Aguilar quedó prueba en las actas oficiales del proceso de adjudicación. En una de ellas, esa sociedad reprocha que Richard Aguilar no hubiera estado en el proceso de selección, cuando Toledo tenía la delegación oficial para liderar la adjudicación.

Como al final ese negocio San Gil- Charalá no se concretó, en compensación, la nueva directriz de Aguilar habría sido adjudicarle el corredor Agroforestal al primo Naranjo, quien se presentó como parte de una nueva sociedad. 

La Corte también le da credibilidad a esa versión, porque Toledo aportó conversaciones de WhatsApp con el entonces gobernador que, a juicio de los magistrados, dan cuenta del interés que habría tenido en el contrato.

Toledo asegura que Aguilar le pidió quitar un requisito del pliego de condiciones que ese proponente no cumplía, y que, para hacerlo, con esa sociedad acordaron que se hicieran observaciones al proceso que posteriormente fueron acatadas para habilitarlos.

7. Los chats que muestran el interés de Aguilar por favorecer al contratista Reynaldo Bohórquez

Para la Corte hay indicios de que Aguilar dio directrices para direccionar el contrato para la construcción del tercer carril de la vía que conecta a Floridablanca con Bucaramanga.

Esa fue una de las principales megaobras del Gobierno de Aguilar y, según los chats que aportó Toledo, el entonces gobernador quería favorecer a Reynaldo Bohórquez, contratista conocido por financiar campañas bajo la mesa en Santander.

En los chats se habla en clave de Bohórquez (a quien se referían como “barrio Bellavista”) y del grupo Valderrama (al que se referían como “Virolín”).

En esas conversaciones, Aguilar indaga a Toledo sobre beneficiar a “Bellavista”.

Esa conversación coincide con el día y la hora que se llevó a cabo la audiencia de adjudicación del tercer carril, y se vuelve explícita cuando Toledo le cuenta a Aguilar el consorcio al que finalmente se adjudicó.

Además, la Corte le da credibilidad porque en los documentos de la licitación se verifica que el contratista Bohórquez se había presentado para ejecutar la obra y obtuvo menos puntaje porque no cumplió con unos requerimientos del pliego de condiciones.

8. El entramado de relaciones entre todos lo vinculados

Para la Sala de Instrucción de la Corte uno de los hechos más reveladores dentro de la investigación es el entramado de relaciones que hay entre todas las personas que pudieron haber hecho parte de la estructura que se armó en la gobernación de Richard Aguilar para quedarse con plata pública en Santander.

Hay desde parentescos familiares, hasta filiaciones políticas y de amistad probadas y reconocidas por todos los presuntos implicados.

El eje son las relaciones entre la familia Aguilar, y los miembros de la oficina de contratación paralela en la que varios funcionarios de la Gobernación diseñaban los pliegos y condiciones de los contratos a la medida de ciertos contratistas.