Mañana, el presidente Gustavo Petro hará oficial el cambio de cúpula militar y con ello estrenará la nueva política de seguridad de su gobierno”. Una política que parte de unos supuestos, unos indicadores de éxito y unas expectativas muy diferentes a las que tradicionalmente ha tenido la Fuerza Pública. Y que se pondrá a prueba apenas empiecen a enfrentar las múltiples amenazas de seguridad en el terreno.
Ese cambio de paradigma se puso en evidencia desde el mismo lunes, durante el primer programa radial del nuevo comandante del Ejército. En esa intervención, el general Luis Mauricio Ospina habló a todos los oficiales de la Nueva Política de Seguridad Humana y dijo que tenía tres “pilares” que se deben manejar en todos los niveles de mando.
El triple objetivo, según lo planteó, es garantizar tres libertades:
- Vivir sin miseria: desarrollo social sostenible
- Vivir sin miedo: que se sienta la paz
- Vivir en libertades: defensa de los derechos humanos para la población
En la misma línea, va el documento que salió del empalme y que fue presentado por organizaciones sociales y Naciones Unidas ante la comisión de paz del Senado para proteger líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. También fue presentado directamente al presidente Petro.
“Esperamos que el Gobierno emita su concepto de seguridad humana, pero igual no nos preocupa tanto porque este plan fue entregado y aceptado por el presidente”, dijo el senador verde Ariel Ávila, vicepresidente de la Comisión de Paz y parte de la coalición petrista.
Pero la implementación de esta política es lo que preocupa a los expertos. Después de la purga de la Policía, Petro contará con una capacidad reducida de aterrizar su política para llegar a la prometida “potencia mundial de la vida”.
La Seguridad Humana de Petro
La nueva política de seguridad está en construcción y aún no ha sido presentada oficialmente. Pero el viceministro de Defensa, Alberto Lara, le confirmó a La Silla Vacía que ésta será una “estrategia de protección a la vida y de crear las condiciones de construcción de paz”. Y reiteró que la política buscará “profundizar la política de relacionamiento con las comunidades” y de “reordenar el talento humano en función de procesos de seguridad territorial hacia las comunidades”.
El nuevo Gobierno parte del supuesto de que la prioridad de la Fuerza Pública ha sido tradicionalmente perseguir a las organizaciones armadas y criminales que amenazan la seguridad y proteger los bienes de la Nación y de los privados, más que proteger específicamente las vidas de las poblaciones. De ahí, creen ellos, los cientos de asesinatos de líderes sociales y de exguerrilleros que firmaron la paz, crímenes que vienen sucediendo año tras año sin que el gobierno de Santos o Duque hubieran podido detener la tendencia.
El cambio de paradigma es poner en el centro la protección de la vida de las poblaciones más amenazadas, y en un segundo plano la persecución de las organizaciones criminales o la protección de bienes como antenas o instalaciones petroleras.
En consecuencia, plantean nuevos indicadores de éxito que guiarán el trabajo de las fuerzas de ahora en adelante. Sus medallas y reconocimiento de honores no serán ya por el número de cabecillas de grupos criminales dados de baja o capturados ni por las hectáreas de coca erradicadas o la cocaína incautada sino por la protección de poblaciones o líderes amenazados.
El nuevo presidente lo dejó muy claro en este trino:
La comisión de masacres y su impunidad en jusrisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos
Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de lideres sociales
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2022
¿Cómo lo harán? No es totalmente claro todavía porque no ha sido expedida la política. Pero el viceministro Lara explicó que tendrá una lógica similar al esquema que se implementó para cuidar a los desmovilizados de las Farc, cuando se concentraron en zonas veredales transitorias para entregar las armas y reincorporarse a la vida civil.
Durante ese período, había varios círculos concéntricos de seguridad blindando estas zonas y esa seguridad estaba a cargo de miembros de la Fuerza Pública, delegados de la guerrilla y delegados internacionales.
Ahora hablan en el documento del empalme de implementar puestos de mando unificados (PMU) –como los que hay en las ciudades en situaciones de alteración del orden público– pero permanentes en los 65 municipios priorizados a partir de las bases de datos de la misión de verificación de la ONU, que muestran donde la situación en materia de seguridad es de emergencia para los líderes sociales.
Estos PMU preventivos tendrán no solo presencia de delegados del Estado como el Ministerio de Defensa o los entes de control, sino que también podrán participar representantes de organizaciones internacionales y organizaciones sociales de derechos humanos del territorio, así como los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Estos líderes reemplazarían el rol que tuvieron los delegados de la guerrilla durante la dejación de armas.
Y es que uno de los elementos sustanciales del nuevo paradigma es el rol que le asignarán a las comunidades en toda la política, tanto para identificar las amenazas como en las estrategias de prevención, ya que son ellas las que normalmente saben de dónde viene el peligro.
Los desafíos de aterrizar la estrategia
Este cambio de enfoque del gobierno Petro no es del todo nuevo. De hecho, en la política de Seguridad Democrática del primer gobierno de Uribe había ese enfoque: que el indicador de éxito fuera la protección de la población y fue ese el principio que guió la exitosa estrategia de reducción de secuestros.
Sin embargo, cuando la entonces ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, trató de aterrizar ese concepto a, por ejemplo, los criterios para entregar la medalla a los servicios distinguidos del órden público, conocida como “la gris”, uno de los máximos honor para los militares, la oposición de la cúpula fue tan grande que a la postre provocó su intempestiva salida.
En todo caso, muchos expertos coinciden en que esa reorientación de indicadores de éxito es clave porque —como quedó demostrado durante el gobierno Duque— descabezar organizaciones criminales no se traduce ya en mayores niveles de seguridad dado el nuevo contexto de las organizaciones criminales después de la desaparición de las Farc con el Acuerdo de Paz.
“El cambio de indicadores es bueno —dice María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, un tanque de pensamiento sobre temas de seguridad— es bueno que el presidente haya dicho que va a calificar a los miembros de la Fuerza Pública por proteger líderes, pero ¿cómo lo van a hacer? La estrategia no es solo decir cuál es el marco teórico, se necesita un esquema de protección territorial, una hoja de ruta, no solo unos mecanismos de participación.”
“El cambio de la cultura de las fuerzas tiene que ver con los indicadores que se les impongan —dice el ex general de la Policía y ex vicepresidente Óscar Naranjo— Y es bueno tener indicadores no del conflicto armado de ganar una guerra, sino de proteger a las comunidades. Es un buen indicador, pero no debe ser el único para no crear estímulos perversos a la ‘donbernabilidad’, que un comandante haga pactos con la organización porque sabe que por una masacre se le acaba la carrera”.
“El cambio de paradigma es ajustar la política de seguridad a la realidad estratégica luego del fin del conflicto, que es precisamente lo que no hizo Duque y lo que explica su fracaso estruendoso en materia de seguridad —dice Sergio Jaramillo, ex viceministro de Defensa y ex Comisionado de Paz— Se necesitan nuevos instrumentos para nuevas realidades. Por ejemplo, un trabajo mucho más estrecho entre la justicia y la fuerza pública, con nuevos mecanismos de coordinación, en las regiones donde están asesinando los líderes.”
En toda la política de seguridad de campaña no había ninguna mención de enfrentar con la fuerza a las organizaciones criminales. Y tampoco está en el documento del empalme. Sí han hablado, en cmabio, desde el arranque de un cese bilateral para el ELN en medio de las negociaciones, una política de beneficios para los del Clan del Golfo, la no extradición a los narcotraficantes. Además en el plan de acogimiento de la justicia que se plantea para grupos criminales también se propone unas penas alternativas similares a las de Justicia y Paz.
En todo caso, según el viceministro Lara, la idea de la nueva política es que al ‘blindar’ esas poblaciones claves, las organizaciones criminales tendrán que replegarse en sus retaguardias y que será allí donde la Fuerza Pública las atacará.
El problema para el Gobierno es que la renovación de la cúpula de la Policía decapitó a 22 generales, incluyendo a los que más experiencia operativa tenían. Con eso desmanteló la primera línea de combate al crimen organizado que ha sido la Policía, y en particular, la Dipol, que es la que tiene la inteligencia y la que había dado los golpes más duros a la delincuencia.
Según estableció La Silla con tres fuentes que han interactuado con la Policía esta semana, la desmoralización de la fuerza es total porque sacaron de tajo dos generaciones enteras de generales. “Es prácticamente un detrimento patrimonial”, dijo una de ellas. “La pérdida de capital humano es incalculable”, agrega Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá.
Los expertos consultados alertan del peligro de que suceda lo que pasó en México. El presidente López Obrador planteó una política de “abrazos, no balazos” para combatir a los narcotraficantes, y el resultado fue un fortalecimiento de las organizaciones criminales que tienen sitiada a la sociedad.
