Con la caída de la emergencia invernal, el Gobierno se queda sin plata para la reconstrucción y sin las nuevas CAR

Hace unos minutos, la Corte tumbó el decreto que declaró, por segunda vez, la emergencia económica y social por el invierno. Y con ello, quedan en el aire varias de las medidas que tomó el Gobierno y, sobre todo, más de la mitad de la plata que tenía prevista para atender la emergencia y reconstruir la infraestructura afectada. Es un golpe fuerte para el gobierno de Santos [1] (y una falla grave de la Secretaría Jurídica de Palacio).

La Corte Constitucional ya había avalado la declaratoria [2], por 30 días, de la emergencia social, económica y ecológica decretada por el gobierno en diciembre de 2010. Pero ahora tumbó por unanimidad (9-0) el segundo estado de excepción decretado por el gobierno el siete de enero.

Para la Corte, el problema de la nueva emergencia, en esencia, es que el Gobierno decretó una nueva emergencia sin explicar por qué las herramientas de la anterior no eran suficientes para enfrentar la tragedia invernal. El decreto 020 [3] del 7 de enero presenta como motivos para la emergencia la prolongación de la oleada invernal y todas sus consecuencias, la interrupción de servicios públicos esenciales en varios municipios o el riesgo de hacinamiento en los albergues temporales.

Presidente Santos en Bello, Antioquia, supervisando los trabajos para atender una de las tragedias más dolorosas de la emergencia. Foto Colombia Humanitaria

Santos en Mosquera, Cundinamarca, viendo el temaño de las inundaciones. Fotos Colombia Humanitaria

Los magistrados María Victoria Calle, Humberto Sierra Porto y Nilson Pinilla fueron tres de los magistrados que tumbaron la emergencia, que se cayó por unanimidad.

La inundación en un barrio marginal de Cartagena.

La situación invernal sí es grave, según la Corte. El problema no fue ese sino que el Gobierno no explicó por qué las medidas de la primera emergencia no fueron suficientes.

El decreto dice que los nuevos hechos "conllevan un cúmulo de riesgos imprevisibles que debe atender el Gobierno Nacional" y que "se requiere de medidas adicionales", pero dado que el Gobierno no explica en detalle por qué las medidas excepcionales que ya tenía no eran suficientes para encararlos, la Corte consideró que no había motivación suficiente.

La Corte fue clara en reconocer la gravedad de la emergencia pero aún así tumbó el decreto que la declaraba porque jurídicamente no se sostenía, lo cual crea un cuestionamiento grande sobre el equipo jurídico de Palacio. Y en particular, sobre Cristina Pardo, quien se empeñó, contra el consejo de varios asesores, en declarar una nueva emergencia en lugar de prorrogarla. Esto último era lo obvio y probablemente hubiera evitado que se cayera en la Corte.

El error fue mayúsculo porque ya había un antecedente, con el caso de DMG, en el que la declaratoria del Estado de Emergencia se cayó por estas mismas razones.

Por eso la votación fue 9-0, que no es lo común en esta Corte salvo en casos que son muy blanco y negro. Esta votación unánime también muestra que el gobierno Santos no tiene ningún voto asegurado en la Corte como si lo tenía Uribe en los temas cruciales con Mauricio González y Jorge Pretelt. Esto es bueno para el país y para la independencia judicial.

Los decretos que se cayeron

Con la caída del decreto 020, se caen, por efecto dominó, más de 10 decretos. 

El primero de ellos es el que creaba [4] el Programa Especial para la Reforestación, un programa de reforestación especialmente dirigido a las áreas que hubieran sido afectadas por el invierno y que incluía un incentivo especial del Ministerio de Agricultura.

También se cayó [5] una reforma al esquema de aseguramiento agropecuario, que incluía alivios a los créditos actuales, la posibilidad de que compañías extranjeras emitieran seguros agropecuarios, y la creación de una dirección de riesgos agropecuarios en el Ministerio de Agricultura.

Otro decreto [6] que desaparece es el que permitía que se invirtieran recursos públicos en inmuebles que sirvieran de escuelas, así fuera de manera temporal y aunque no fueran propiedad del Estado.

También se pierden [7] las ayudas tributarias a compañías damnificadas. Por ejemplo, les permitían deducir de su impuesto a la renta las pérdidas sufridas por el invierno, restar de la base para calcular el impuesto al patrimonio el valor de los bienes afectados por el invierno, presentar y pagar más tarde la retención en la fuente y el IVA. Además, se permitía a los usuarios de zona franca afectados por el invierno pedir una ampliación en el plazo para demostrar la inversión y la generación de empleo a la que se comprometieron.

Una herramienta importante [8] para ayudar a los damnificados más pobres, el subsidio excepcional para el pago de los servicios públicos, cuando los tengan, y la exoneración del pago mientras no estuvieran conectados, también se cae. Esto quiere decir que los damnifcados sí deberán pagar por los servicios públicos y, aunque implica un ahorro para el Estado, es un duro golpe para los afectados por el invierno.

Se cayeron algunas modificaciones [9] al llamado empleo de emergencia, que se salvó porque se creó antes de la prórroga.

Pero quizás el estruendo más fuerte lo hará la caída [10] de las nuevas CAR y la modificación de las juntas que manejan estas entidades. Esta reforma, que fue una cirugía de alto riesgo al sector ambiental, fue uno de los grandes lapos que se dio el Gobierno a raíz de la emergencia invernal.

Aunque a decir verdad, dejó a los mismos directores y solo nombró dos nuevos para las dos CAR -creadas tras la fusión de otras cinco-, pierde la posibilidad de hacerlo una vez se venzan sus períodos en diciembre.

Además, se cayeron [11] los Planes de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos que debían crear estas CAR para enfocar su trabajo en la catástrofe ya que esta fue una nueva función creada por el decreto de emergencia. 

Otro decreto que se cae [12] es uno que incorpora algunas modificaciones al Fondo de Adaptación, la entidad encargada de la reconstrucción. Este decreto incluía poderes importantes como la posibilidad para el gobierno de tomar posesión y terminar el contrato de obras de reconstrucción que estuvieran andando mal y la de modificar o terminar las concesiones afectadas.

La plata

Uno de los efectos más graves de que se haya caído la emergencia en la Corte es el presupuestal. Un asunto clave de la segunda emergencia eran las adiciones al presupuesto [13] por más de cinco y medio billones de pesos, incluyendo un billón y medio para el Fondo de Adaptación, medio billón para el Fondo Nacional de Regalías y tres billones para la atención de emergencias y desastres en el Ministerio del Interior, además de casi otro billón de saldos del cuatro por mil para el Fondo de Calamidades.

Otro decreto importante [14] que pierde validez es el que establecía una serie de medidas para asegurar la transferencia en los gastos de la emergencia. El decreto 146 del 21 de enero permitía, entre otras cosas, que la Contraloría General reversara la declaratoria de emergencia manifiesta de algunas obras (es decir, revisara si esa declaratoria, que permite saltarse muchos requisitos de la contratación, era válida) y pudiera controlar las donaciones; que el Fondo Nacional de Calamidades contratara como si fuera una entidad privada sin tener que hacer todo el trámite de una licitación pública que toma meses; y que el Estado regulara los precios o estableciera marcos de referencia de los arrendamientos de inmuebles y de la compraventa de inmuebles y otros bienes para evitar la especulación de precios. Esto que suena muy técnico, era la herramienta que le daba dientes al Estado para evitar que se roben los recursos para las víctimas del invierno.

También se cayeron [15] las posibilidades de expropiar las zonas ribereñas, la reducción en los plazos [16] para decidir sobre el otorgamiento de licencias de construcción para establecimientos institucionales y de reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas, los planes municipales de reducción de riesgos hídricos, la ampliación de plazos [17] y reducción de requisitos para el envío de algunas informaciones por las alcaldías de los municipios afectados, la aplicación de reglas [18] de contratación especiales por los fondos de Adaptación Nacional de Calamidades.

Es decir que a pocos días de que arrecien de nuevo las lluvias, y cuando hasta el momento el gobierno no había podido hacer más que atender víctimas y mitigar daños (ver artículo [19]), se quedó sin las herramientas fundamentales para empezar la reconstrucción.