Querido diario

Precisamente en el año en que el programa anticontrabando de la Federación de Departamentos llega a La Guajira, el presidente de ese gremio llegó al cargo gracias al lobby de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, el gobernador de La Guajira señalado de tener nexos con contrabandistas.

La historia es la siguiente. El año pasado en la Federación de Departamentos, que agrupa a todos los gobernadores del país, se había decidido que este año el presidente sería el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, como representante del bloque de los gobernadores del Caribe, a quien le tocaba el turno en la presidencia. Pero después, en una reunión de los gobernadores de esa región, hubo un cambio de última hora.

Gracias a un lobby intenso de ‘Kiko’ Gómez terminó siendo elegido el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien es aliado y pariente de Gómez vía la familia Gnecco Cerchar. Además, Gómez es del sur de La Guajira, una zona con intensos vínculos con el Cesar.

La Federación es un gremio con poca incidencia, salvo su proyecto bandera contra el contrabando. Después de que ganaron la demanda contra la Philip Morris por el contrabando de cigarrillos, que terminó en una millonaria conciliación, la multinacional aceptó pagar 200 millones de dólares a los departamentos. La plata está destinada a comprar una sede para la Federación y a un proyecto contra el contrabando, para el que contrataron al ex director del DAS Felipe Muñoz y a la ex fiscal general Viviane Morales, entre otros, para diseñarlo.

El proyecto se ha enfocado en crear políticas anticontrabando en los departamentos a través de la creación de oficinas dedicadas a esa lucha, que, especialmente tabaco y alcohol, es un desangre para las finanzas de las gobernaciones. El año pasado empezaron con varios departamentos, algunos de ellos con buenos resultados. De hecho el Cesar, con Monsalvo a la cabeza, ha sido uno de los más efectivos.

Este año la prioridad es entrar a La Guajira, quizás el departamento donde hay más contrabando abierto y donde hasta ahora la Federación no ha hecho nada.

La pregunta que se están haciendo algunos es qué van a hacer si tienen que lidiar con ‘Kiko’ Gómez, el padrino de Monsalvo en la entidad, y cuyos supuestos vínculos con el contrabando son dados por hecho incluso por la Dian, según reveló Semana.

El Auditor General es poco conocido por la opinión pública pero en los tinglados políticos se mueve. Y como contó La Silla desde que fue elegido hace dos años se ha venido moviendo una iniciativa legislativa para aprobar su reelección. La Corte Suprema le acaba de dar un "empujoncito" para que Jaime Ardila pueda quedarse en su cargo otros dos años como lo desea.

Ayer la Corte Suprema publicó en su página web que el 30 de mayo va a integrar la terna para auditor. Nunca abrió convocatoria para hacerlo, como es la costumbre, y apenas se inscribió la primera persona interesada en que la tengan en cuenta para esa terna, que todos los que conocen los vericuetos de la elección dicen que será de uno: de Ardila

Para que él logre entrar en la terna, la Corte Constitucional -que tiene en el orden del día desde hace varias semanas el estudio de la ley estatutaria que le permitiría al actual auditor quedarse en su cargo otros dos años-  tendría que fallar antes del 30 de mayo.

El candidato

Jaime Ardila es un abogado de origen liberal nacido en San Gil (Santander) que quiso ser magistrado y terminó de Auditor General con el apoyo de sus coterráneos el Procurador Alejandro Ordóñez y Ruth Marina Díaz, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, como ya lo ha contado La Silla.

Un fuente que trabajó en un alto cargo en la Auditoría General le dijo a La Silla que Ruth Marina Díaz no sólo había apoyado la elección de Ardila sino que era una suerte de “madrina política” para él.

Por otro lado, el procurador Ordóñez -quien también respalda la candidatura de Ardila- pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la norma que autoriza la reelección del Auditor.

El principal papel del Auditor es controlar a la Contralora y a los contralores departamentales. Pero en este caso, Ardila también cuenta con el apoyo de Sandra Morelli.

Ahora solo falta que falle la Corte Constitucional para que Ardila pueda quedarse dos años más y beneficiarse de una ley que ha sido hecha a su medida.

Contrario a lo que pueden hacer partidos como La U y Cambio Radical, en los estatutos del Partido Verde no está contemplada la figura de la suspensión preventiva a un militante y por lo tanto en esa colectividad tendrán que permitir que en sus toldas continúe el concejal José Juan Rodríguez, a quien hoy la Fiscalía le está imputando cuatro delitos por su presunta participación en el cartel de la contratación en Bogotá, hasta que la justicia lo condene o él decida renunciar por voluntad propia.

La Dirección verde quisiera poder suspender a Rodríguez para evitar que sobre la colectividad lluevan críticas como las que se le han hecho al Polo por no haber suspendido en su momento a los hermanos Moreno Rojas. Además de que el tema de la responsabilidad política de los partidos en el cartel vuelve a estar sobre la mesa hoy que el senador Juan Lozano dijo que La U debe pedir perdón, pues una de sus principales figuras en la ciudad, Hipólito Moreno, ayer aceptó su participación en el robo a la capital.

Por eso a Alfonso Prada, director del Partido Verde, no le queda hoy otra alternativa distinta a reiterar públicamente su petición a José Juan Rodríguez de que renuncie a la colectividad, mientras se surten tanto el proceso disciplinario que se le abrió en el partido como las investigaciones en la Fiscalía.

En realidad, desde octubre del año pasado la representante verde Ángela María Robledo pidió que se tomaran acciones sobre el tema de José Juan Rodríguez y Antonio Sanguino, quien también está indagado por el cartel de la contratación. 

El vocero de la bancada verde en el Concejo Edward Arias, por su parte, le dijo a La Silla que en las próximas horas sacarán un comunicado pidiendo "excusas" a la ciudadanía por las acciones que se le endilgan a Rodríguez.

Como lo contó La Silla, Rodríguez fue hombre clave para que la también investigada Liliana Pardo llegara a la dirección del IDU. El cabildante se ha declarado inocente de las acusaciones de la Fiscalía, pero si llegase a renunciar al Partido Verde lo reemplazaría en su curul Lucía Bastidas, hoy directora de Democracia en el Ministerio del Interior.

Nota de la Editora: después de publicada esta nota, agregamos información sobre las primeras denuncias de Ángela María Robledo.