Después del asesinato de Mateo Matamala y Margarita Gómez, los funcionarios públicos -de Juan Manuel Santos para abajo- han salido a rasgarse las vestiduras y a anunciar contundentes medidas. Pues bien, la Unidad de Evaluación de Riesgo de la Defensoría, que es la encargada de hacer las alertas tempranas, está desmantelada.
Aunque la Defensoría todavía mantiene defensores en cada región, desde que se suspendió la cooperación internacional para el sistema de alertas tempranas, los analistas locales se quedaron sin contrato. En Bogotá, quienes analizan la información de las regiones para hacer los informes de riesgo, están sin contrato desde que arrancó el año y solo está trabajando el direcotr de la Unidad. Algunos van de puro ‘amor al arte’ por las tardes.
La situación de la oficina es tan precaria que a comienzos del año querían emitir un comunicado urgente sobre la situación en Córdoba y no había quién lo hiciera. Quizás asignarle presupuesto de la Nación a esta Unidad para que pague los analistas de riesgos podría ser más efectivo que trasladar batallones completos a Córdoba para evitar nuevos asesinatos.
