Dejusticia, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres demandaron la elección del Superintendente de Salud Gustavo Morales porque el Gobierno volvió a violar la ley de cuotas, pues al momento de su nombramiento Santos debía nombrar una mujer y decidió nombrar un hombre. Mientras que en la dirección de las superintendencias debería haber un mínimo de 30 por ciento de mujeres por la Ley de Cuotas, actualmente solo hay hombres. Con esto, el porcentaje de participación de mujeres en la dirección de las superintendencias es nulo. Como Morales es el primer superintendente que es técnico y que no llega como cuota de los barones y baronesas de la salud del Congreso, más de un congresista estará frotándose las manos y volviéndose feminista.
Hace algunos días Metrocali, la empresa pública encargada de las obras del MIO, decidió terminar un contrato para una estación clave para el buen funcionamiento de ese sistema de transporte masivo, por incumplimiento del contratista. Se trata de un contrato firmado por el alcalde encargado Sabas Ramiro Tafur en 2007 para una obra que nunca comenzó. Y en ese contrato aparece una persona que estuvo cerca de varios protagonistas del ‘cartel de la contratación’ de Bogotá.
Cuando se firmó el contrato la representante legal de Hafira Ve Hatziva, la empresa contratista, era Laura Patricia Hincapié Villamizar. Al año siguiente, en 2007, Hincapié apareció en otro negocio polémico y que terminó mal: fue representante legal de una empresa extranjera socia de los Nule.
Hincapié fue apoderada de la empresa italiana Grandi Lavori Fincosit en la Unión Temporal GTM, con la cual los Nule y la esposa de Julio Gómez se ganaron un contrato para recuperar parte de la malla vial de Bogotá en 2008, y cuyo abogado era Álvaro Dávila. Mejor dicho, era una alianza de varios de los protagonistas del ‘cartel de la contratación’ de Bogotá. Ese contrato fue liquidado en 2011 por incumplimiento de los contratistas.
Grandi Lavori, con Hincapié como apoderada, también fue socia de los Nule en su fallido intento por construir el túnel de La Línea.
Así como el contrato de GTM fue liquidado, el turno ahora fue del de Cali, que tenía como objetivo construir la Terminal Calima del MIO. Inicialmente el valor era de casi 23 mil millones, el municipio pagó un anticipo de casi 7 mil y la obra nunca empezó, pues el contratista dijo que los costos eran de casi 70 mil millones, lo que empantanó todo el proceso.
