Querido diario

A finales de abril la Unidad de Víctimas señaló que el número total de desplazados el año pasado era de 99.150 personas y que era menor al esperado. Codhes -que lleva dos décadas monitoreando el desplazamiento en el país- acaba de terminar su informe del 2012 y concluyó que la cifra es de 256.590 personas, más del doble que la del Gobierno y prácticamente igual a la del año anterior.

Hay varias cosas que explican el desfase de 150 mil personas entre los cálculos de la Unidad y de Codhes. Primero, la Unidad sólo tiene en cuenta a las personas que han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas y, dado que todavía no ha terminado de hacer la valoración de quienes han pedido ser incluidas en la Ley de Víctimas, esa cifra es todavía parcial. En cambio, Codhes hace el cálculo con el número total de personas que acuden a las personerías municipales señalando que han sido expulsadas del lugar donde viven. Es decir, desde que declaran ser desplazados.

Segundo, el desplazamiento intraurbano -aquel que ocurre dentro de la misma ciudad y que está creciendo en niveles preocupantes en ciudades como Medellín, Tumaco o Buenaventura- es difícil de medir. Ese subregistro se debe a que, como contó La Silla, la mayoría de sus víctimas no se reconocen como tales y tienen miedo de declarar. Codhes, quien más ha seguido este fenómeno, estima que a él corresponden 20 mil desplazados y uno de cada cinco desplazamientos masivos. Muchos de ellos, como los 6 mil casos que se dieron dentro de Buenaventura entre octubre y noviembre pasados, no están en las cuentas de la Unidad.

Pero hay una razón aún más fuerte. La Unidad de Víctimas no tiene manera de contar a las víctimas de las bandas criminales, que no están contempladas por la Ley de Víctimas. Y según Codhes, éstas fueron las responsables de aproximadamente el 43 por ciento de los casos en todo el país.

Antioquia sigue siendo el departamento con más desplazados del país, pero para Codhes el aumento en el número de desplazados más alarmante está en el Pacífico. El número de desplazados alcanzó los 92 mil -un 22 por ciento más que el año anterior- y se registraron desplazamientos en más de la mitad de los municipios de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Y en doce meses, se registraron 86 éxodos masivos a causa de las disputas territoriales por el control del narcotráfico y la minería criminal.

Este es el informe de Codhes.

Informe desplazamiento 2012 Codhes by lasillavacia

Tal y como ocurrió cuando los tres exalcaldes de Bogotá, 'Lucho' Garzón, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, se unieron para dirigir juntos los destinos del Partido Verde, -acompañados de Sergio Fajardo y del senador Jorge Londoño- esa colectividad quiere volver a tener una gran presidencia colegiada con miras a las elecciones de 2014.

Hoy el Partido Verde tiene a un presidente vocero (el representante Alfonso Prada) y a un copresidente (el senador Jorge Londoño) y la idea es que a ellos se les sume el exalcalde Alonso Salazar y uno o dos representantes del sector mockusiano, como por ejemplo la representante Ángela María Robledo, según precisó La Silla con fuentes de esa colectividad.

La nueva Presidencia colegiada podría llegar a ser hasta de siete miembros y hace parte de los acuerdos internos para que entren a las directivas verdes los fajardistas.

La Silla conoció una carta que el viernes pasado le enviaron los copresidentes Prada y Londoño y el director ejecutivo Carlos Ramón González a Alonso Salazar en la que le piden poner fecha a la reunión en la que la Dirección Nacional del Partido definirá la entrada del exmandatario a la Presidencia verde, en representación del fajardismo. En esa misma carta se menciona lo de la presidencia colegiada como uno de los puntos a tratar en el encuentro.

La Dirección Nacional verde se reúne mañana, pero el tema principal no será este sino la posición que tomarán frente al proceso de revocatoria en contra del alcalde Gustavo Petro. Un asunto en el que están divididos, pues mientras Prada promoverá que la apoyen abiertamente, el sector de Opción Centro se opondrá a la revocatoria.
 

Ayer, tras acoger el concepto del Consejo de Estado que declaró nulas dos circulares expedidas por la Superintendencia de Salud en 2009 y 2011 -mediante las cuales ésta dictó instrucciones en relación con el servicio de interrupción voluntaria del embarazo-, el Procurador Alejandro Ordóñez aprovechó para poner en duda el cumplimiento de una circular expedida por el Supersalud el pasado 26 de abril. Pero el Supersalud ha sido claro en que sigue vigente.

En esta última circular, la Superintendencia recordó a IPS y EPS la responsabilidad que les asiste en garantizarle a las mujeres el derecho a practicarse un aborto en los tres casos que señala la ley (grave peligro para la vida o la salud de la madre, malformación del feto que haga inviable su vida o cuando el embarazo sea el resultado de una violación)

“La Circular 003 de 2013 no ha sido demandada, está vigente y es de obligatorio cumplimiento”, dijo el Supersalud después del fallo del Consejo de Estado al principio de esta semana.

El Procurador, sin embargo, en un comunicado oficial, relató cómo en una audiencia de control político en el Senado, se le había cuestionado al Ministro de Salud y su Superintendente sobre “la motivación y fundamento” de la última circular “así como a las competencias de esa entidad para proferirla y al hecho de que allí se hubiese dispuesto que el aborto en los casos despenalizados pudiera practicarse en los nueve meses del embarazo (instrucción décimo segunda)”.

Y acto seguido, dijo que “sin perjuicio de lo manifestado por el superintendente nacional de Salud para sustentar la Circular Externa 000003 de 2013, ahora que se han declarado nulas las anteriores circulares proferidas por esa misma entidad, la Procuraduría General de la Nación procederá a evaluar las acciones que sea pertinente adoptar, de conformidad con sus competencias, con el fin de garantizar el cumplimiento de las decisiones del Consejo de Estado y hacer valer los efectos que la Ley les asigna a las mismas.”

De estos dos comunicados se deduce que el Procurador seguirá dando su batalla personal para que la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en casos excepcionales quede en el papel.