Jorge Enrique Ibáñez Najar nació en Tunja en 1960 y se hizo a pulso, trabajando desde que tenía 11 años en una tipografía, como le contó a la plenaria del Senado en la audiencia de previa a ser elegido magistrado de la Corte Constitucional en agosto de 2020.

En su juventud militó en las juventudes conservadoras en Tunja, de donde fue concejal entre 1978 y 1980, cuando tenía 18 años.

Cuenta que dejó la política por sus estudios de derecho en la Javeriana: “el padre Giraldo (famoso en esa facultad de derecho) me dijo que definiera si iba a estudiar o ser político” y decidió lo primero. 

Incluso, cuenta que cuando participó en otra elección a la Corte en una terna conservadora en 2000 y se usaba ir a los directorios de los partidos a recibir su aval, el senador Antonio Gómez Hermida, director azul, se lo negó por ser demasiado liberal. Ibáñez perdió frente a Rodrigo Esocbar Gil.

Se graduó en 1982 de un curso que dejó estela y al que años después en esa facultad llamaban “La Corte Suprema”. Entre ellos dos exmagistrados de la Corte, Escobar Gil y Guerrero; Mauricio Fajardo, exconsejero de Estado; el penalista Jaime Granados; y la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda.

Ibáñez inició su carrera profesional en el Banco de la República, a donde llegó recién graduado, y donde se empezó a especializar en temas de Hacienda Pública y derecho económico, que fueron su primera gran fortaleza como jurista. 

Trabajó allí de 1983 a 1994, y ascendió de asesor jurídico a subdirector de derecho privado y económico, para luego ser director jurídico del Banco. Participó en la elaboración de una propuesta que cambió al Banco, y en buena medida al país: la independencia de la junta del Banco que quedó en la Constitución de 1991.

De hecho, por cuenta de ese tema (participó en más) fue asesor de la Constituyente de 1991 con otros abogados reconocidos como Eduardo Cifuentes y Ciro Angarita, que luego fueron magistrados de la Corte Constitucional.

Al tiempo que desarrollaba esa carrera fue profesor de cátedra de esos asuntos y de estructura del Estado en la Universidad del Rosario, a dos cuadras del Banco y en pleno centro de Bogotá. 

Al salir del Banco tuvo una oficina en la misma zona: al otro lado del céntrico Parque Santander, en el viejo edificio de Avianca. Era muy clásica: con “madera oscura y llena de libros de derecho empastados en cuero”, recuerda una persona que asistió a reuniones allí en ese entonces. 

Ibáñez había pasado a ser un abogado consultor, profesor e investigador, una carrera clásica a la que luego sumó la de árbitro.

Seis fuentes que lo conocen en diferentes ámbitos coinciden en que ha tenido éxito porque es muy trabajador y estudioso, aunque para algunos con una mirada muy ortodoxa.

“Citaba a reuniones a las 7 de la mañana en su oficina, y cuando uno llegaba llevaba horas trabajando”, dice alguien que lo conoció en una consultoría hace dos décadas, “se notaba que había dormido en la oficina”.

“Es un apasionado del saber” dice otra persona que trabajó con él hace una década. “Es muy juicioso y aplicado”.

Ese apasionamiento y exigencia lleva a que sea exigente, según dos de las fuentes. “Es muy amable pero exigente y regaña si uno no llega con las cosas bien hechas”, dice una persona que trabajó con él en una consultoría

“Un pro y un contra es su temperamento” dice un abogado cercano a Ibáñez, que ha compartido escenarios profesionales con él. “No tiene problema en dejar claro cuando está molesto”.

Ibáñez acepta, en parte, ese punto: “la gente dice que tengo mal carácter, pero no: sencillamente tengo carácter”.

Eso se puede ver en uno de los episodios más sonados: a mediados de 2003, en el primer cuatrienio de Álvaro Uribe, estuvo cerca de ser nombrado viceministro de Justicia de Fernando Londoño Hoyos pero trascendió que en un foro en Ibagué había dicho “tengo razones personales para sostener que el ministro Londoño es el primer corrupto que hay en Colombia”.

(Según contó en ese entonces Semana, lo dijo porque cuando trabajaba en el Banco, Londoño y el ex congresista conservador Pablo Victoria le pidieron que ayudara en una demanda contra el mismo Banco del que era funcionario).

Cuando se publicó eso, Ibáñez explicó que no estaba interesado en ser viceministro, dijo que era una “expresión desafortunada” y que no “tildó” de corrupto a Londoño.

Otro caso que muestra su carácter es que presidió del tribunal de arbitramento que no le dio la razón a Odebrecht y las empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo en su puja contra el Estado, cuando la corrupta multinacional brasileña y sus socios colombianos pidieron una indemnización por la nulidad del contrato de la Ruta del Sol II.

Junto con Catalina Hoyos y Carlos Mauricio González, y tras haber denunciado seguimientos y chuzadas ilegales cuando estaban cerca de decidir, Ibáñez lideró la decisión de anular el contrato y negar las reclamaciones, con lo que fallaron en contra de los intereses de Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país. 

Al preguntarle por esa decisión, Ibáñez responde sencillamente que los abogados de Sarmiento “no tenían la razón”.

Además del caso Odebrecht, lo fue por ejemplo, en la larga pelea entre la privada Recaudos SIT Barranquilla y la pública Transmetro, en el que estuvo en contra de la decisión de sus dos colegas del Tribunal de poner a pagar al Distrito de Barranquilla 56 mil millones de pesos.

Ibáñez no encontró que Transmetro hubiera incumplido su contrato y le debiera el dinero a Recaudos SIT; y luego el Consejo de Estado le dio la razón al anular el laudo.

Es conocido especialmente en la Javeriana, donde es profesor desde 1997, y ha dirigido las especializaciones de derecho constitucional y de derecho administrativo, y de la maestría en administrativo.

“Puede hablar dos horas seguidas con un hilo conductor interesante”, dice una persona que tuvo clase con él y cuenta que su forma de enseñar es muy tradicional: “dicta cátedra” dice para referirse a las clases magistrales.

“Es un tipo inteligente. Es ágil. Es estudioso. Eso lo hace buen profe… a mí me encantaba” dice un antiguo estudiante que preferiría que ganara Ángel. “Aprendí mucho con él”.

Ha publicado unos 30 libros, especialmente de derecho público, administrativo y estructura del Estado (aunque su tesis doctoral, que terminó en 2013 en la Universidad Alfonso X El Sabio de España, es de comisiones de la verdad), lo que muestra su laboriosidad.

Son libros que comentan y organizan normas y jurisprudencia, al estilo de profesores clásicos del derecho público en Colombia como Jaime Vidal Perdomo o Luis Carlos Sáchica.

“Es el típico abogado de publicar artículos y libros larguísimos donde el 80 por ciento son transcripciones”, dice un académico javeriano. “Sus libros son en buena medida entrecomillados”, concuerda otro abogado que cree que es el mejor de la terna.

A finales de los años 90 creó el Instituto de Investigaciones Sociojurídicas para el Desarrollo Sostenible, con el que ha hecho consultoría y ha desarrollado investigaciones.

Su esposa, Ileana Melo, también es abogada constitucionalista, y árbitro, y ha sido profesora de varias universidades como el Rosario y la Sergio Arboleda, y es la subdirectora del Instituto de Investigaciones (de donde fue consultor, entre otros, Luis Arturo Fajardo, el profesor de la Sergio Abroleda que Iván Duque ternó a la Defensoría).

En paralelo a ese trabajo académico, ha sido un exitoso abogado que, como contamos, asesoró a diferentes entidades públicas y participó en la elaboración de varias leyes, como recordó a la plenaria del Senado.

Además, desde hace unos 15 años, ha tenido una carrera visible como árbitro en asuntos de contratación administrativa, y especialmente de infraestructura.

Llegó a la Corte como el candidato más ortodoxo de una terna con el liberal Mario Tadeo Henao y la más progresista Natalia Ángel, sin ser un conservador que anhela la Constitución de 1886.

Ganó con 58 votos contra 38 de Ángel y 6 de Henao, y con el apoyo de las bancadas  de derecha (conservadores, cirstianos, uribistas y Cambio radical).

Por ejemplo, antes de ser elegido dice que con la Constitución de 1991 “hemos hecho conquistas sociales muy importantes. Creo que el interés público no es el que defina la mayoría, como se pensaba antes, sino que está en lo que es inclusivo”.

Pero, a la vez, critica decisiones de la Corte (especialmente en su fuerte que es la estructura del Estado), como la que permitió que las utilidades del Banco de la República entren al presupuesto de la Nación o la que avaló la ley que le da personería jurídica a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Frente a decisiones más sonadas como las que permiten la eutanasia, despenalizan el aborto o permiten el matrimonio igualitario dce que el principio de no regresividad de los derechos impide echarlas para atrás, pero aclara que en algunos casos (no aclara cuáles, para evitar quedar impedido) podría ser necesario revisar excesos.

Con eso, deja abierto un interrogante sobre hasta dónde la ortodoxia se puede convertir en conservadurismo.