El Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios desde 1996 es un puente entre el Gobierno Nacional y los gobernadores y alcaldes.

Estudió Derecho en la Universidad de Antioquia y tiene una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín.

Se ha desempeñado en varios cargos en el sector público: fue alcalde de Jericó (Antioquia) dos veces (una designado, la otra tras ganar la primera elección popular en 1988); secretario general del Concejo de Medellín y subsecretario de Gobierno y secretario privado de Fabio Valencia Cossio en la Gobernación de Antioquia en 1992.

En esos cargos hacía parte del grupo conservador que lideraba Valencia Cossio y tuvo el respaldo del dos veces ministro Juan Gómez Martínez, aliado de Valencia.

En 1996 fue elegido por los alcaldes del país como director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, la agremiación de municipios que en ese momento era poco conocida.

Toro convirtió esa Federación en un actor poderoso y por eso se atornilló en el cargo.

Entre otras cosas, logró que la Federación funcionara sin depender de giros de los municipios, participando en convenios grandes con diferentes entidades públicas como un esquema nacional de helicópteros ambulancias o participación en concesiones de sistemas de comparentdos de tránsito en varios lugares.

Esos negocios han creado ruidos, denuncias e incluso procesos judiciales en algunos casos.

De hecho, la Fiscalía le imputó cargos a Toro desde 2012 por los delitos de hurto agravado y usurpación de funciones públicas, por la presunta recaudación irregular de dinero proveniente de multas, comparendos y sanciones de tránsito en la capital, pero en 2019 el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió.

Ese mismo año, sin embargo, la Procuraduría le abrió una investigación por los presuntos malos manejos de esos recursos.

En marzo de 2021 volvió al radar de los medios porque puso a rodar la propuesta de alargarle el mandato dos años al presidente Iván Duque. Aunque inicialmente fue una propuesta verbal que puso el tema en los medios, luego la concretó con un proyecto que radicó en el Congreso, que además incluyó la propuesta de alargarle también el periodo a los alcaldes y gobernadores, al fiscal, el contralor, el procurador y a magistrados de altas cortas, así como de congelar el salario de los congresistas.