Detector al debate del Equipo por Colombia

Echeverry fue presidente de Ecopetrol entre 2015-2017, cuando la empresa afrontaba una de las crisis económicas más severas por cuenta del desplome de los precios del petróleo que entre 2014 y 2015 cayeron de más de 100 dólares el barril, a unos 50 dólares el barril.

En ese periodo de crisis Ecopetrol pasó de tener pérdidas por 3 billones de pesos en 2015 a ganancias de 1 billón en 2017 y de 2,8 billones en 2018. Como en esos dos años el precio del petróleo se mantuvo en el orden de los 50 dólares, parte de la recuperación viene de decisiones estratégicas que tomó Echeverry, como recortar costos de exploración de la compañía y reorganizar la empresa para reducir el costo de sacar cada barril de petróleo de 11,2 dólares por barril a 7,6 dólares por barril.

El candidato acierta parcialmente. Hace 12 años el alcalde de Santa Marta era Juan Pablo Díaz Granados, quien fue avalado por La U, Cambio Radical y un sector conservador.

Pero los mandatarios elegidos en 2011, 2015 y 2019 sí hacen parte de un equipo político de izquierda: Fuerza Ciudadana, un movimiento liderado por el primero de esos exalcaldes , el exprecandidato presidencial (perdió en consulta con Gustavo Petro en 2018) y actual gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.

En 2015 ganó Rafael Martínez, quien fue la carta de Caicedo en esas elecciones y estuvo avalado por firmas por el mismo movimiento. Fuerza Ciudadana se mantiene en el poder desde 2019 con Virna Johnson, quien es aliada y amiga de Caicedo.

En suma, la izquierda sí gobierna Santa Marta hace varios períodos, pero suman poco menos de 10 años y no 12 (Caicedo se posesionó el 1 de enero de 2012).

El precandidato David Barguil dijo que “la pandemia nos dejó 21 millones de pobres”. Su afirmación coincide con la cifra de personas en situación de pobreza monetaria en 2020, según el Dane. Un matiz en esta afirmación es que no todas esta cifra es consecuencia directa de la pandemia: el aumento de la pobreza frente a 2019 fue de cerca de 6,8 %. Es decir, tras la pandemia hubo 2,5 millones de pobres más que antes.

El precandidato Federico Gutiérrez dijo que “estamos saliendo de una pandemia que tiene 42 millones en la pobreza”. Esta afirmación es falsa. El último reporte del Dane, del 2020, señala que en Colombia hay 21 millones de personas en pobreza monetaria. El lapsus de Gutiérrez puede tener que ver con el dato de porcentaje de personas en situación de pobreza, que es del 42,5 % del total de la población de Colombia.

En cuanto a pobreza multidimensional (que toma otros factores de medición más allá de los ingresos como acceso a la educación, salud, entre otros), la cifra oficial de Colombia es de 18,1 % en 2020. Esto equivale a 8,4 millones de personas.

Según datos del Dane, en noviembre la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 5,26 por ciento y la variación del año corrido fue 4,86 por ciento.

Entre enero y noviembre de 2021 la división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación año corrido de 14,85 por ciento. Los mayores incrementos se registraron en productos como las papas (75,08%), aceites comestibles (44,28%), y carne de res y derivados (29,55%).

El Dane hoy reveló que la cifra de productividad del año fue del 1,19 por ciento.

La productividad, junto a la inflación, son los dos elementos que se tienen en cuenta para la discusión del incremento del salario mínimo cada año. Los dos factores sumarían 6,45 por ciento, no 8 por ciento como Echeverry dijo.

En el marco de las negociaciones del salario mínimo para 2022, presentamos ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales información estadística sobre mercado #laboral, #ingresos laborales, #precios y #productividad ???? https://t.co/XeDmI0r29k pic.twitter.com/kGq1kjLKG3

— DANE Colombia (@DANE_Colombia) December 10, 2021

Como Echeverry atinó en las cifra de inflación anual y de alimentos, pero no en la de productividad, calificamos su afirmación como más cierta que falsa.

Aunque Colombia sí está haciendo lo que dice Barguil, eso la hace parecerse más a un país latinoamericano de ingresos medios, como lo es, que a un país rico o “desarrollado”. Colombia hoy, según Our World in Data, tiene una cobertura de vacunación del 76 por ciento con al menos una dosis, y del 50 por ciento con esquemas completos.

Aunque esa cobertura del 76 por ciento es similar e incluso un poco más alta que la de países de altos ingresos como Estados Unidos (71%), Reino Unido (75%) y Francia (77%), también es similar a la de otros países latinoamericanos con ingresos similares o menores a Colombia, como Ecuador (77%) y Perú (69%). Pero está por debajo de la cobertura que manejan algunos países de la región, como Chile (88%), Argentina (81%) y Uruguay (79%).

Es decir, aunque la cobertura de vacunación con al menos una dosis en Colombia es similar a la de países ricos, también lo es a la de otros países latinoamericanos, y no le da una distinción especial a Colombia ni la hace más similar a países “desarrollados” que a otros países de ingresos medios de la región.

En cuanto a cobertura con esquemas completos, el 50% de Colombia está por debajo de la de sus vecinos: Ecuador va por 64%, Perú va por 58% y Argentina por 67%. Y los países ricos también están por encima. En ese sentido, Colombia no se asemeja ni a un país desarrollado ni países latinoamericanos de de ingresos similares.

En cuanto a las terceras dosis, los países de la Unión Europea y Estados Unidos las ofrecen hace varias semanas para toda la población mayor de 18 años, igual que países similares a Colombia como Ecuador y Perú . Y otros como Uruguay y Argentina ya ponen terceras dosis, aunque todavía no las han extendido a la totalidad de la población adulta.

Con la vacunación de niños sucede algo similar. Ecuador, Chile y Argentina están vacunando niños desde incluso antes que Colombia (de hecho, parte de la evidencia que usó el Invima para aprobar la vacunación en niños con Sinovac vino de la experiencia de Chile), y Uruguay empezó recientemente.

En resumen, todo lo que señala Barguil que asemeja a Colombia a países desarrollados es común a varios países de ingresos medios con economías equiparables a la colombiana e incluso más pequeñas.

Según el último reporte del Departamento Nacional de Estadísticas, Dane, el 48,1% de la población ocupada está en la informalidad. Eso equivale a 10,6 millones de personas.

Como el presupuesto del Sistema General de Regalías para los años 2021 y 2022 es de 15,4 billones pesos, el 30 por ciento de esto es 4,62 billones de pesos, lo que daría 2,31 billones al año.

En septiembre el presidente del Sistema Universitario Estatal (que reúne a las universidades públicas del país) y rector de la universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, dijo que el déficit de las universidades públicas en Colombia suma 15 billones de pesos. En un proyecto de ley, la misma organización dijo que para solucionar ese déficit y no volverlo a abrir, ni dejar de invertir en el sistema, se necesitan entre 4,6 y 6,5 billones de pesos al año. Esto quiere decir que el 30 por ciento de las regalías no alcanzaría a cubrir ni el déficit de la educación superior, pues le faltaría por lo menos otro 30% de las regalías.

Y eso sin contar lo que se necesitaría para financiar además “un gran plan de infraestructura de los colegios públicos de Colombia, un fondo para los maestros y un revolcón en el Icetex.

El candidato hizo la afirmación al referirse a una conversación que sostuvo con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Como no existen datos oficiales del régimen de Maduro, la cifra más aproximada la da la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi), que realiza desde 2014 anualmente la Universidad privada Andrés Bello de Venezuela.

En septiembre, el estudio evidenció que el 94.5 por ciento de los hogares consultados (17 mil en 22 estados) está bajo el umbral de pobreza, medida por sus ingresos mensuales y capacidad de gasto; y el 76 por ciento está debajo de la línea de la pobreza extrema.

Por lo que calificamos la afirmación como cierta. Si bien el dato del 96 por ciento no es exacto, los insumos disponibles sobre la pobreza en Venezuela se acercan bastante.

La afirmación del candidato es más falsa que cierta.

Hace referencia al episodio de captura de Jesús Santrich acusado de narcotráfico en 2019 tras dejar las armas. Los senadores Cepeda y Petro argumentaron que esa captura se dio por un “entrampamiento” de la Fiscalía que en ese momento manejaba Néstor Humberto Martínez. Cepeda ha insistido en que no se arrepiente de oponerse a esa detención y Petro ha señalado que la captura sirvió al presidente Duque para “acabar con la JEP”.

Pero en varias oportunidades, ambos congresistas han rechazado que Santrich, El Paisa y Márquez volvieran a las armas. En noviembre de 2020, cuando Santrich publicó un video en el que le agradeció a los dos senadores y a Roy Barreras haber defendido la tesis del entrampamiento, Cepeda dijo que defendía el acuerdo y no quienes volvieron a las armas.

Y Petro, en varias entrevistas, como esta en Semana , dijo que de ser presidente solicitaría en extradición a guerrilleros como El Paisa, Santrich y Márquez a Venezuela. Y en Caracol los calificó de “estúpidos” por volver a las armas.

El candidato Gutiérrez habla de que los congresistas “iban y recogían a Santrich” a la salida de la cárcel. Hace referencia a la excarcelación del exguerrillero por el caso de narcotráfico, ordenada por la Corte Suprema en mayo de 2019. Como Cepeda defendía la tesis de que a Santrich le tendieron una trampa, lo acompañó en mayo de 2019 a la salida del búnker de la Fiscalía y trinó en “solidaridad” con él.

Calificamos su afirmación como más falsa que cierta, porque mezcla algunos datos verdaderos, como el acompañamiento de Cepeda a Santrich en el búnker de la Fiscalía, con datos falsos, como que él y Petro defendieron el regreso a las armas de los disidentes, para decir que fueron defensores no solo de Santrich sino de otros líderes de La Segunda Marquetalia.

No es la primera vez que el candidato Barguil se refiere a esta cifra. El 29 de octubre, cuando entró en vigencia la ley, el senador dijo: “Son alrededor de 10 millones de colombianos que dentro del próximo año van a tener el chance de pagar o de reestructurar su deuda, para recibir el beneficio de quedar cero kilómetros en Datacrédito o Transunión”. En agosto dijo en este podcast que el proyecto beneficiará a entre 7 y 8 millones de personas.

En ambas ocasiones el candidato conservador dijo que la cifra era el potencial de personas que se podía beneficiar de la ley, pero ayer dijo que eran las personas que ya habían sido beneficiados por el proyecto. No obstante, las dos centrales de riesgo, Datacrédito y TransUnion, hace doce días < le dijeron a El Tiempo que, sumadas, habían eliminado el reporte negativo a 3,6 millones de personas.

El candidato también habló de sacar a las personas de Datacrédito, algo impreciso porque la ley no saca a las personas de la base de datos de las centrales de riesgo como ella, sino que se les quita el reporte negativo si cumplen con unas condiciones.

Montería ha sido gobernada por el grupo conservador al que pertenece Barguil desde 2008. Pero en ninguno de los casos tiene ahora los mejores indicadores del país (para transformación urbanística no existen indicadores).

En reducción de la pobreza, según los datos del Dane, entre 2008 y 2018, de las 13 ciudades principales del país Montería fue la sexta en más disminuir de la pobreza monetaria. Barranquilla, Manizales, Ibagué, Pasto y Cartagena tuvieron una mayor reducción. Y en disminución de pobreza monetaria extrema, a ocho ciudades les fue mejor a que a Montería.

Tampoco es la ciudad con mejores indicadores en salud. Según datos recopilados por el DNP, en 2019 Montería tenía la novena mayor cobertura del régimen subsidiado en salud entre las 33 capitales de departamentos; en mortalidad materna había 14 capitales con un mejor indicador y en mortalidad de menores de 1 año, para 2018, tenía la tercera tasa más alta (es decir, es la tercera peor).

Y en educación, en 2019 Montería tenía el puesto 24 entre las capitales en cobertura bruta y el 19 en cobertura neta. De hecho, tenía un puesto más alto en 2007, antes de que iniciara la hegemonía conservadora en la Alcaldía: ocupaba los puestos 12 y 16 respectivamente. En deserción escolar, a otras 11 capitales les va mejor, y en calidad, medida según puntajes del Icfes, se lleva el puesto 14. Lejos de tener “los mejores indicadores.

Es cierto que la aprobación de ese proyecto no obedeció a una repartija de poder en particular en ese momento, pero porque Peñalosa había distribuido burocracia desde que se posesionó, con lo que aseguró una coalición en el Concejo con Cambio Radical, el Centro Democrático, conservadores, liberales y La U. Les dio cuotas en su gabinete, y en particular en la Secretaría de Integración Social en las localidades y en alcaldías locales, dependencias que manejan presupuesto local y relación directa con las personas en los barrios.

Además, la segunda valorización era menos ambiciosa (recaudaba 400 mil millones menos) y por eso los concejales corrían un menor costo político al decirle que sí. A pesar de eso, hubo un pulso sobre todo con Cambio Radical, partido que lo había avalado y no quería votar el proyecto. Pero, como contamos en ese momento, la mayoría de concejales de ese partido lo terminó aprobando para proteger la burocracia que ya tenían, bajo la premisa de que el alcalde no se las mantendría si le hundían el proyecto por segunda vez.

Peñalosa anunció su proyecto de valorización en abril de 2017 y en junio lo hundió la Comisión de Hacienda del Concejo en primer debate. Peñalosa hizo un segundo intento a finales de 2018, con un proyecto menos ambicioso, y logró que se aprobara la financiación de 16 obras por casi un billón de pesos. Esa aprobación, como dijo el candidato, coincidió con el trámite de la primera tributaria del gobierno de Iván Duque.

Revisamos la aprobación de cobros de valorización en Bogotá desde 1992, que es desde cuando se establecen las reglas actuales de interacción del Concejo y Alcaldía, y no encontramos reportes de un proyecto de valorización que se hubiera hundido y hubiera sido presentado por segunda ocasión por el mismo mandatario.

Como la afirmación no dice que sea una cifra exacta de dosis, sino unas cuentas personales hechas por Barguil, solo se puede comparar con un cálculo aproximado similar. Pero al realizarlo el resultado es más falso que cierto.

Según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas inglés), en 2020 Colombia tenía 245.000 hectáreas sembradas de coca; para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que tiene una metodología más precisa, las estimó en 143.000.

Ahora, las dos fuentes tienen un dato similar de producción de cocaína: la Ondcp estima que Colombia produjo 1.010 toneladas de cocaína en 2020 y la Unodc dijo que el potencial era de 1.228 hectáreas. Como una dosis de cocaína (línea) es de unos, 20 miligramos, las 1.010 toneladas darían 50.000 millones de dosis y las 1.228 poco más de 66.000 millones.

La pregunta es cuánta de esa cocaína se exportó, cuánta se quedó y cuánta fue incautada. Aunque no hay cifras precisas,en 2013 El Tiempo dijo, con base en datos de inteligencia de la Policía Nacional y estadísticas de la rama judicial, que cerca del 20 por ciento de la cocaína producida se queda en Colombia.

Si se aplica esa cifra más alta de toneladas producidas, daría un dato muy similar al de Barguil: unas 13.200 dosis de cocaína circularon en Colombia. Pero la afirmación de Barguil omite un dato clave: cuántas de las toneladas producidas fueron incautadas.

En 2020 se incautó el 41 por ciento de las toneladas de cocaína producidas en Colombia. Por lo tanto, lo máximo que salió a venderse o a exportarse fueron unas 719 toneladas, o 36.000 dosis de 20 miligramos. SI se quedaron en Colombia el 20 por ciento, unas 7.200 dosis de cocaína circularon en el país el año pasado, la mitad de las que calculó Barguil.

Según datos del Ministerio de Educación, en 2020 el 40 por ciento de los bachilleres que graduaban pasaban inmediatamente a la educación superior y la cobertura en educación superior a nivel nacional llegaba al 52,8 por ciento. Las dos cifras son inferiores al 60 por ciento que señaló Peñalosa.

20 años antes, en 2000, la cobertura era de 23,5 por ciento, 14 puntos más alta de la que indica Peñalosa.

Eso quiere decir que Peñalosa acierta en la tendencia general de aumento de la cobertura de educación superior, pero la exagera: sus cifras significan que habría aumentado 4,3 veces en 20 años pero solo aumentó 2,2 veces. Es decir, aumentó rápido pero a la mitad de la velocidad que implican las cifras de Peñalosa.

Gutiérrez señala una tendencia real pero exagera su impacto en las empresas, pues dice que las que sobrevivieron al paro (no algunas ni la mayoría) se quebraron por el paro, y los datos muestran que fue una minoría.

En mayo la Cámara de Comercio de Cali elaboró la Encuesta Ritmo Empresarial Especial Valle del Cauca y Cauca para evaluar la percepción de 4 mil empresas registradas en esos dos departamentos y medir el impacto del Paro Nacional en las empresas de esa región.

El 29,9 por ciento de las empresas no estaba operando; el 63,3 por ciento lo estaba haciendo parcialmente; el 36,2 por ciento dijo continuaría con su actividad económica reduciendo la capacidad instalada: y el 17,7 por ciento consideró cerrar la empresa. Es decir, es cierto que quebraron empresas pero no todas las que habían logrado sobrevivir a la pandemia.

Con respecto al desempleo, según el Dane, en Cali cayeron las personas ocupadas de 1.140.000 en abril, antes del paro, a 1.048.000 en mayo, y la tasa de desempleo subió del 19,9 al 24,3 por ciento, en ese mismo momento. Es decir, con el paro el desempleo sí aumentó en el Valle; de hecho, Cali fue la única de las cinco ciudades principales del país en la que el desempleo creció en esos meses.

Peñalosa se refiere a Transmilenio, el sistema de transporte público de Bogotá que impulsó e inauguró en su primera alcaldía (1998-2002). Este informe de Calidad de Vida de Bogotá Cómo Vamos —que toma datos de la Secretaría de Movilidad— dice que la velocidad promedio del transporte público es más alta en las troncales, que fue la primera parte del sistema Transmilenio. Por eso, quienes solo usaron buses troncales de Transmilenio iban más rápido que los ciudadanos en carro.

Sin embargo, también muestra que entre 2002 (cuando acabó su primera alcaldía y Transmilenio llevaba un año funcionando) y 2016 (cuando estaba arrancando su segunda alcaldía) el promedio de velocidad del transporte público de la ciudad siempre estuvo por debajo de la media de la velocidad promedio del transporte motorizado particular (carros y motos).

El transporte público tuvo su pico máximo de velocidad en 2002, con 27.1 kilómetros por hora, ese año la velocidad promedio de los particulares era de 30 kilómetros por hora. Para 2016, la velocidad era de 16.6 para Transmilenio frente a 21.8 para los particulares.

El informe da cuenta que en 2018 la Secretaría de Movilidad cambió su sistema de monitoreo, por lo que los datos de ese año y 2019 (cuando Peñalosa terminó su segundo periodo) no se pueden comparar con años anteriores. En 2018 la velocidad de las troncales era de 24,83 kilómetros por hora, contra solo 21,8 de todo el transporte motorizado.

Hay incluso más de 5 millones de mujeres dedicadas a cuidar sus hogares. Según el Dane, el 59,5% de las mujeres que podrían trabajar pero no lo hacen (lo que técnicamente se llama población inactiva) se dedican a actividades del hogar. Eso equivale a 5 millones 958 mil mujeres.

Sin embargo, no hay un dato preciso de cuántas de ellas se mantienen inactivas porque tienen que cuidar a su familia. Lo que sí se sabe es que es es un factor importante, pero no el único. Según un estudio realizado por la Oficina del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en Bogotá y el Banco de la República, hay otros factores que hacen que las mujeres se mantengan inactivas en el mercado laboral, como por ejemplo que existen empleadores que prefieren contratar hombres, o hay mujeres que prefieren ser mamás y tener tiempo para cuidar a sus hijos.

Que es importante se nota en la Encuesta de Nacional del Uso de Tiempo de este año, que muestra que las mujeres en promedio dedican 10 horas a actividades de cuidado de otras personas o del hogar, una cantidad de tiempo que hace vireutalmente imposible que tengan un empleo.

Más allá de si son 5 millones o menos, la pandemia ha empeorado su situación: antes de la pandemia en promedio las mujeres dedicaban 3 horas menos al día a labores de cuidado, y en octubre de 2019, previo a la pandemia, había 722 mil mujeres menos dedicadas a actividades del hogar.

David Barguil ha tenido como bandera la lucha contra los abusos del sector financiero, y los datos que da son ciertos con una salvedad: son 13 leyes.

En 2010 logró la aprobación de la ley 1430 que le puso techo a los cobros de los bancos y en la que tuvo el respaldo de Juan Carlos Echeverry, entonces ministro de Hacienda y hoy compañero en la coalición.

En 2012 logró que salieran la ley 1547, que eliminó los intereses de los créditos educativos del Icetex para estratos 1, 2 y 3, y la ley 1555, que permite pagar por anticipado los créditos financieros por hasta 880 salarios mínimos (unos 400 millones de pesos), cuando los bancos incluían usualmente sanciones si el deudor pagaba por anticipado.

En 2014 sacó adelante de la ley 1748 , para que las personas tengan información clara sobre sus aportes pensionales; ese mismo año, la Comisión de Regulación de Comunicaciones adoptó su propuesta de eliminar las cláusulas de permanencia en telefonía móvil (su proyecto de ley fue archivado).

En 2016 salió la ley 1793 para que los bancos deban dar una rentabilidad mínima en las cuentas de ahorros, y la que eliminó el interés de créditos educativos a los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro de estratos 1, 2 y 3, priorizados en el Sisbén.

En 2019 logró aprobar de ley 2009, que definió que los bancos que cobren cuotas de manejo por las cuentas de ahorros, tarjetas débito y tarjetas crédito deban garantizar el acceso a un paquete mínimo de productos o servicios sin costo adicional. También logró que su propuesta de una sobretasa de cuatro puntos en el impuesto de renta para el sector financiero fuera incluida en la reforma tributaria de ese año. Y, con la bancada cordobesa, logró la aprobación de la ley 1974 de inversión en infraestructura y ampliación de la oferta académica de la Universidad de Córdoba.

En 2020, en coautoría con el resto de la bancada conservadora, logró aprobar la ley 2032 que permite el pago anticipado de créditos sin sanción en cooperativas, fondos de empleados y establecimientos de comercio.

Y este año, con el senador liberal Luis Fernando Velasco, logró sacar la ley Habeas Data Financiero o ‘de borrón y cuenta nueva’, por la que se eliminará registros negativos de personas reportadas en centrales de riesgo como Datacrédito por incumplir con sus obligaciones financieras.

Ahora tiene dos proyectos de ley en conciliación: el financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios y mecanismos para la repatriación de cuerpos.

Según el censo de 2018, en el país había 14.243.223 hogares, de los que el 40,7% tienen jefatura femenina. Es decir, son casi 5,8 millones, muy distantes de los 12,3 mencionados por Barguil que no obstante, son citados por algunos medios. Los conceptos de madre cabeza de hogar y jefatura femenina son los mismos, según la ley 82 de 1993 , que crea ayudas para esa población.