Desde la semana pasada está circulando una publicación en Facebook de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en la que solicita arresta al presidente de Iván Duque para que “responda ante los Tribunales de Justicia por su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos”.

Como ha sido compartida más de 27 mil veces en esta red social y varios usuarios la marcaron como falsa, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es más cierto que falso, porque la Fundación sí solicitó el arresto del Presidente y otros funcionarios públicos, pero su solicitud no tiene efectos judiciales.

Esta es la publicación:

La Fundación sí solicitó arrestar a Duque

El pasado sábado 29 de mayo, la Fundación Internacional de Derechos Humanos solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) arrestar al presidente Iván Duque, los ministros Diego Molano y Wilson Ruiz, el director de la Policía Jorge Vargas y el subdirector Hoover Pinilla.

Lo hizo con un documento de cuatro páginas en las que denuncia 16 asesinatos, 346 desapariciones forzosas, 1,445 arrestos arbitrarios y 22 casos de violencia sexual ocurridos en el marco de las protestas del paro nacional de 2021.

También pide a la Rama Judicial y la Fuerza Pública colombiana que los arresten e ignoren el principio de inmunidad de los Jefes de Estado para que la investigación sea efectiva, no se eliminen pruebas y se disminuya el riesgo de fuga.
Así se ve en el escrito de la Fundación:

A pesar de lo fuerte de la solicitud y del nombre de la entidad que la hizo, no se trata de una decisión de una institución oficial o internacional, sino de una petición de una ONG.

¿Qué es la Fundación Internacional de Derechos Humanos?

La fundación se define a sí misma como una “institución no gubernamental, laica y sin ánimo de lucro, dedicada a la difusión de los principios y valores de la Declaración Universal de los Derechos”.

Se trata de una entidad creada en España en 2004, que tiene su sede en Madrid. Esta fundación no está adscrita a la ONU ni se debe confundir con la Federación Internacional de Derechos Humanos que sí lo está y con la que comparte la sigla Fidh, ni con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la OEA.
Su presidenta actual es la abogada argentina María Claudia Cambi, una activista crítica de la derecha española; uno de sus vicepresidentes es el profesor Jaume d’Urgell; y otra es Consuelo Cruz Arboleda, abogada y política española de origen caleño.

Tanto ellos como otros líderes tienen cercanía o han militado en el Partido Socialista Obrero Español, Psoe.

La solicitud no tiene efectos judiciales

Como la fundación es una ONG sin competencia judicial, su solicitud no obliga a nadie a arrestar a Duque y los demás funcionarios.
Incluso frente a la CPI, solo la ONU o los Estados que aceptaron la competencia de ese tribunal puede pedirle a la Fiscalía de ese Tribunal que arreste a alguien.
Santiago Vargas Niño, experto en derecho penal internacional que trabajó en la CPI, le dijo a La Silla que como no hay una investigación, la Fiscalía no ha solicitado una orden de detención y la orden no ha sido expedida por una Sala de Cuestiones Preliminares, “nadie puede atribuirse la competencia de solicitar la detención del Presidente y sus ministros”.

Ante la CPI, lo que hace la Fundación es sumarse a las organizaciones que aportan información y hacen un llamado a la opinión pública para que la fiscalía del Alto Tribunal determine si se han cometido crímenes de su competencia y decida, por sí mismo, investigarlos.

En el caso de que se llegue a expedir una orden de detención competente, Colombia tendría que cumplirla sin importar la condición de presidente, ministro o miembro de la Fuerza Pública, de acuerdo al artículo 27 del Estatuto de Roma.

Es de recordar que el senador Iván Cepeda junto otras organizaciones como la ONG Temblores (a quien cita la Fundación) denunciaron al presidente Duque ante la CPI a mediados de mayo.

Como contamos aquí y hasta el momento, el Alto Tribunal no se ha pronunciado sobre esa denuncia. En el caso de que decidiera estudiar los hechos ocurridos en el paro, se tendría que abrir un examen preliminar diferente al que existe desde el 2004. Eso es altamente improbable y puede demorarse varios años si es que ocurre.

Las otras alternativas, que autoridades colombianas o de otro país arresten a los altos funcionarios también es improbable.

Como la es cierto que la Fundación Internacional de Derechos Humanos pidió el arresto, calificamos la publicación como más cierta que falsa.