Detector: Duque no dejó el dólar encima de los 4.600

En Twitter está circulando un trino del influencer Físico Impuro en el que hace un balance sobre el gobierno del ahora expresidente Iván Duque.

El texto dice: “Iván Duque sacando pecho por la visa, pero no por el dólar que lo dejó por encima de los 4600, los más de 40 manifestantes muertos en el Estallido Social, los 957 líderes sociales y 261 firmantes de paz asesinados, el bombardeo de niños y el saqueo a la SAE y al OCAD-Paz”.

Como el trino ha tenido cerca de mil retrinos y 2.276 ‘me gusta’, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es engañosa porque mezcla afirmaciones ciertas, falsas, debatibles y engañosas sobre el balance del gobierno de Iván Duque.

Iván Duque sacando pecho por la visa, pero no por el dolar que lo dejó por encima de los 4600, los más de 40 manifestantes muertos en el Estallido Social, los 957 líderes sociales y 261 firmantes de paz asesinados, el bombardeo de niños y el saqueo a la SAE y al OCAD-Paz.

— Físico Impuro (@FisicoImpuro) October 19, 2022

Verificamos cada una de las frases y esto fue lo que encontramos:

• “Iván Duque sacando pecho por la visa, pero no por el dólar que lo dejó por encima de los 4.600”: cierto, pero

Según el TRM, el 8 de agosto de 2018 —día en que Duque se posesionó como presidente— el precio del dólar fue de 2.898 pesos colombianos. Y el 6 de agosto de este año —el último día de la presidencia de Duque— el dólar se ubicó en 4.337 pesos.

Es decir, el precio del dólar desde que inició su gobierno hasta que salió tuvo una subida de 1.439 pesos.

Durante esos cuatro años también hubo días en los que el dólar tuvo alzas históricas, como el 13 de julio de este año que se ubicó en 4.627 pesos, un aumento de 1.739 pesos en comparación con el precio del 8 de agosto de 2018.

En suma, con Duque el dólar sí alcanzó los $4.600. Sin embargo, cuando salió del cargo el precio estaba en $4.337, por lo que la frase del trino es imprecisa.

• “Los más de 40 manifestantes muertos en el Estallido Social”: cierto, pero

Las cifras que han reportado la Fiscalía y ONG nacionales e internacionales sobre el número de jóvenes asesinados durante el Paro Nacional difieren, pero sí se acercan a los 40, como La Silla Vacía había verificado antes.

En agosto de 2021, el fiscal Francisco Barbosa informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que la Fiscalía había recibido el reporte de 51 homicidios que habrían ocurrido desde el 28 de abril y que 29 de estos estarían relacionados con las protestas del Paro. No especifica cuántas de estas muertes son atribuibles a algún miembro de la Fuerza Pública.

Se puso en marcha una estrategia con 11 lineamientos específicos y la conformación de grupos especializados de fiscales y peritos que investigan 29 muertes que tendrían nexo con las jornadas de protesta, de los 57 fallecimientos conocidos desde el 28 de abril del año en curso. pic.twitter.com/D09VlCJHb3

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 28, 2021

Esas cifras no son las más completas, pues como reveló La Silla hay casos recopilados por ONG que cumplen con los criterios fijados por la Fiscalía y que esa entidad no incluye en la cifra oficial.

La base de datos del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) es la más grande. Registra, con corte al 23 de julio (cuando ya había cesado la protesta) 80 casos de personas asesinadas en el marco del paro.

Indepaz, además, indica que 44 de las 80 muertes serían homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública. La ONG Temblores, en su último reporte, también reporta esos 44 casos.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW), una ONG estadounidense, recibió denuncias creíbles de 81 muertes que ocurrieron desde el inicio de las manifestaciones. De esas, pudo confirmar 40, y al menos 25 habrían sido a manos de miembros de la Fuerza Pública.

• “Los 957 líderes sociales y 261 firmantes de paz asesinados”: debatible

La cifra de líderes sociales asesinados siempre ha estado en debate porque los datos de diferentes organizaciones no concuerdan, eso porque hay diferencias en las metodologías, en determinar a quién se considera líder social y en los casos pendientes por verificación.

Las cifras a las que se refiere el trino son las que da Indepaz. Según esa ONG, entre el 7 de agosto de 2018 y el 1 de agosto de 2022, hubo 957 líderes sociales y 261 ex combatientes asesinados.

Las zonas del país más afectadas fueron los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.

Cuando la ONG sacó las cifras, el entonces consejero para los Derechos Humanos, Yefferson Mena Sánchez, sugirió que las cifras se tomaron a la ligera.

“Con las cifras de homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos no se juega, no está bien hacerlo, las cifras de homicidios de líderes sociales no se deben tomar a la ligera. Indepaz no es la organización encargada de emitir las cifras oficiales sobre estos hechos”, dijo Mena.

Además, indicó que la fuente oficial para recopilar la información es la Defensoría del Pueblo. “Son bajo estas cifras que se activa toda la capacidad del Estado creada en este gobierno que conlleva a la investigación, judicialización y condena de los responsables de estos actos”, explicó el funcionario.

La oficina de prensa de la Defensoría del Pueblo le dijo a La Silla que asesinaron a 796 líderes sociales entre 2018 y septiembre de 2022.

De acuerdo a datos de la Fiscalía, 259 excombatientes han sido asesinados entre 2018 y febrero de 2022.

Como hay diferentes fuentes y metodologías en la recopilación de asesinatos a líderes sociales y excombatientes, calificamos la afirmación como debatible.

• “El bombardeo de niños”: cierto

Como contamos, si bien la muerte de menores en bombardeos no es un fenómeno nuevo, en el gobierno de Iván Duque sí se presentó en varias ocasiones. Causó la salida de su primer ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien renunció porque omitió advertencias que hablaban de la presencia de menores en un campamento que fue bombardeado.

En 2020 el segundo minDefensa, Carlos Holmes Trujillo, fue citado a moción de censura por nuevas denuncias de muertes de menores no reportadas.

Y en marzo y septiembre de 2021 el tercer ministro, Diego Molano, tuvo que dar respuestas por bombardeos en el que murieron varios menores.

En junio de este año, dos menores fueron asesinados en un bombardeo en Caquetá en el que murió el jefe disidente, Iván Mordisco.

• “y el saqueo a la SAE”: falso

El texto hace referencia al presunto desfase en el inventario de bienes entregados por la Fiscalía a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El 10 de octubre, el presidente Petro publicó un trino refiriéndose a los bienes en extinción de dominio que la Fiscalía le entregó a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, reemplazada por la SAE.

Le agradezco al Fiscal General de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Direccion Nacional de Estupefacientes, hoy SAE.

Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2022

Lo hizo después de que La FM revelara que la Contraloría General está investigando qué pasó con 2 mil inmuebles que supuestamente estaban en el inventario de la DNE pero no aparecen en el de la SAE. A inicios de mes, Daniel Medellín, presidente de la SAE, ya había hablado de inconsistencias en el inventario de la entidad porque al parecer no había “correspondencia ni certeza de la entrega real y material de algunos bienes”.

Toda está discusión se da en el contexto de que Petro planteó en su discurso de posesión que todos los bienes en extinción de dominio de la SAE pasen a ser administrados por las organizaciones campesinas. Hasta ahora la propuesta no se ha aterrizado y en varias partes del país se han presentado ocupaciones de tierras por parte de las comunidades.

De acuerdo con la Fiscalía, entre el 1 de enero de 2020 y el 6 de octubre de 2022, se han impuesto medidas cautelares sobre 21.772 bienes, por un valor de $25,7 billones. De esos 21.772, la Fiscalía ha entregado 19.587 bienes a la SAE. Es decir, hay 2.185 bienes que no se han podido incautar, según la diferencia que se registra entre ambas entidades.

Según el ente investigador, la diferencia de las cifras puede ocurrir porque “algunos vehículos afectados tienen inscrita la medida jurídica, pero no han sido secuestrados o materializados” o porque “resulta imposible materializar las medidas sobre algunos inmuebles urbanos y rurales, dadas las complejas situaciones de orden público en determinadas regiones” entre otras razones.

Después de una rueda de prensa con el presidente Petro, el fiscal, Francisco Barbosa, dispuso la conformación de una mesa técnica de alto nivel para identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de la SAE. A pesar de que sí hay un desfase en el inventario de bienes entregados por la Fiscalía a la SAE, no se ha asociado a Duque con el caso y aún está en investigación.

•  “y al (saqueo) OCAD-Paz”: engañoso

La frase hace referencia a que una ley impulsada por el gobierno Duque y respaldada por la oposición. Con la misma se buscó contribuir a la reactivación económica —tras la pandemia— de los municipios más azotados por el conflicto armado (Pdet), habilitando que los recursos del Ocad Paz (que provienen de regalías del petróleo) que estaban dispuestos para invertirse hasta el 2030, se asignaran en su totalidad entre 2021 y 2022. En el 2021 se aprobaron proyectos por 4.4 billones de pesos.

El supuesto gasto se relaciona con la denuncia que hicieron los periodistas de BluRadio, Valeria Santos y Sebastian Nohra, en junio de este año, según la cual de esos 4.4 billones, 500 mil millones de pesos terminaron en coimas exigidas por funcionarios de Planeación Nacional —DNP—, la Contraloría General y congresistas a los alcaldes de algunos de los municipios Pdet para aprobar sus proyectos. Sin embargo, no se ha denunciado que Duque tenga relación con ese caso pero sí tiene que ver con funcionarios de su gobierno.

La investigación está en curso. Pero según el DNP al 8 de julio se habían desembolsado solo 1,1 billones de pesos, es decir, un 25 por ciento de los 4.4 billones asignados.

Adicionalmente, los 500 mil millones de pesos es el estimado que sacaron los periodistas sobre la base de coimas del 12 por ciento. Pero el monto podría ser mayor o significativamente menor, puesto que hay alcaldes que hablaron de coimas del 6 por ciento como otros que aseguraban que alcanzaba el 15 por ciento.