En Facebook está circulando una publicación realizada el 22 de julio que afirma que “al menos siete actos terroristas se registraron en menos de 48 horas en el país”. Según la publicación, los crímenes ocurridos fueron estos: “Un carro bomba en Arauca, maquinaria de la obra de la vía Popayán-Santander de Quilichao y un camión en la vía Aguachica-Río de Oro Cesar, incinerados. Dos atentados con explosivos en diferentes puntos de Arauca, un secuestro y un asesinato también allí, atentado con granada en Cauca, y dos atentados en Jamundí”. Supuestamente, esta sería una “oleada de atentados a manos de gestores de Paz Total”.
Agrega: “Este es el infierno que se vive en el país mientras el presidente del cambio dice en discursos que la guerra del Estado con los grupos armados ilegales está llegando a su fin (debe ser porque dejó de combatirlos. Y la guerra de los grupos armados entre ellos y contra el Estado. ¿Como para cuándo cree que se acaba?”.
Como esta ha sido compartida más de 300 veces, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es engañosa. En el país sí ocurrieron nueve hechos violentos entre el 20 y el 22 de julio en los departamentos de Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Cesar, pero hasta ahora las autoridades no han dado con los responsables de todos ellos.
Sólo se conoce que el Estado Mayor Central fue el autor de los tres atentados en Jamundí, Valle del Cauca, y del carro bomba en Tame, Arauca. Se sospecha que las disidencias de las Farc o el ELN sean los responsables de quemar un vehículo en Cesar.
Así se ve la publicación:
Sí hubo un atentado con carro bomba en Arauca
Sucedió el 21 de julio en el municipio de Tame. El carro bomba explotó cerca de un puesto de control del Ejército ubicado en la zona de Naranjitos, donde hay una base militar. Las dos personas que estaban en el vehículo fallecieron y seis soldados resultaron heridos.
Debido al atentado, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario y tras este, el comandante de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, señaló que los responsables de la explosión fueron las disidencias de las Farc. El general de la octava división del Ejército, Fabio Caro, precisó que el atentado fue realizado por los frentes 10 y 28 del Estado Mayor Central (EMC).
En Arauca hay una disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el EMC, disidencia comandada por alias “Iván Mordisco”. Días después del atentado, el gobierno nacional dio a conocer quiénes serían los representantes del Estado Mayor en la mesa de diálogos.
Ese mismo día, como afirma la publicación, también se presentaron un homicidio y un secuestro en el departamento de Arauca. En Tame, el mismo municipio donde explotó el carro bomba, una menor de edad fue asesinada en zona rural. Y en el casco urbano de Arauquita fue secuestrado el firmante de paz, Omer Navarro Baza. Ambos crímenes siguen sin esclarecer.
En Cauca también quemaron un vehículo
La maquinaria, que hacía parte de la construcción de la doble calzada que conectará a Popayán y a Santander de Quilichao, fue quemada en la noche del 20 de julio. El contratista que está ejecutando la obra, el consorcio Nuevo Cauca, publicó un comunicado para manifestarse en contra de lo sucedido.
El incendio ocurrió en la vereda El Descanso del municipio de Caldono, Cauca, donde hay presencia de grupos armados como el ELN y disidencias de las Farc. El 21 de julio, en el municipio de Miranda, ubicado en este mismo departamento, hubo una explosión que dejó una persona muerta y otras cuatro resultaron heridas. Sin embargo, las autoridades no han establecido quiénes fueron los responsables de estos hechos.
En Jamundí, Valle del Cauca, entre el 19 y el 22 de julio también se presentaron tres atentados con explosivos. El primero, en la zona urbana del municipio, fue ocasionado por un explosivo lanzado a dos miembros de la policía y dejó 11 heridos.
Al día siguiente una granada fue lanzada a una patrulla de policía, pero esta fue detonada de manera controlada por las autoridades; y en la noche del 21 de julio explotó un artefacto en una bomba de gasolina.
El 24 de julio, el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, anunció que los responsables de los atentados fueron capturados.
Los tres hombres responsables eran parte de la columna móvil “Jaime Martínez” de las disidencias de las Farc, que opera en el norte y el sur del Cauca. En agosto de 2022 este grupo anunció que recibía órdenes del EMC de “Iván Mordisco” y que quería hacer parte de los diálogos de paz total que adelanta ese grupo criminal con el gobierno.
Y en Cesar quemaron un camión de cerveza
Por otra parte, el 21 de julio en el sur del Cesar, hombres encapuchados detuvieron y quemaron un camión de la empresa Bavaria mientras transitaba en la vía que conecta a los municipios de Río de Oro y Aguachica.
El secretario de gobierno de la Gobernación del Cesar, Eduardo Esquivel, le dijo a Radio Guatapurí que los responsables podrían ser las disidencias de las Farc o el ELN, pero que están a la espera de las investigaciones para identificar a los autores del hecho.
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No se ha establecido que los responsables sean los gestores de la paz total designados por el gobierno
A pesar de que en varios de estos hechos violentos se tenga certeza o se sospeche que los victimarios fueron integrantes de disidencias de las Farc o del ELN, no hay pruebas que demuestren que hayan sido cometidos por gestores de paz. Esta figura está enmarcada en el proceso de paz total que adelanta el gobierno Petro.
Los gestores son miembros de grupos armados designados por el presidente encargados de gestionar acuerdos en los diálogos de paz entre el gobierno y sus organizaciones criminales. Si bien por medio de esta figura se puede solicitar a las autoridades la suspensión de medidas judiciales, esta no significa que el gestor no tendrá que responder ante la justicia por los delitos que haya cometido. La designación no es un indulto ni una amnistía.
Por otra parte, la publicación dice que el presidente menciona en discursos que la guerra del Estado con los grupos armados ilegales está llegando a su fin, “debe ser porque dejó de combatirlos. Y la guerra de los grupos armados entre ellos y contra el Estado. ¿Como para cuándo cree que se acaba?”, agrega.
En efecto, las cifras de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados han disminuido por los ceses acordados entre ambas partes dentro del marco de la política de Paz Total. Pero han sido de doble vía, no solo el Ejército ha dejado de combatirlos.
Como contó La Silla aquí, estos se redujeron en un 45 por ciento en comparación con el último año de gobierno del expresidente Iván Duque. 29 de las subestructuras que conforman el Estado Mayor Central, en el primer cuatrimestre de 2023, evitaron incidentes armados con la Fuerza Pública, y el Clan del Golfo redujo sus enfrentamientos con la Fuerza Pública en un 49 por ciento.
Uno de los efectos de estos ceses ha sido la disminución de bajas de miembros de la Fuerza Pública. En comparación con el último año de Duque, en los primeros 12 meses de gobierno de Petro estas se redujeron en un 57 por ciento. Estas cifras van en contravía del mensaje de la publicación chequeada de que la Fuerza Pública está siendo víctima de atentados de manera desbordada con respecto a otros períodos.
En conclusión, en el país sí ocurrieron nueve hechos violentos entre el 20 y el 22 de julio en los departamentos de Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Cesar, pero hasta ahora las autoridades no han dado con los responsables de todos ellos. Sólo se conoce el autor de los tres atentados en Jamundí, Valle del Cauca, y del carro bomba en Tame, Arauca, que fue el Estado Mayor Central. Se sospecha que las disidencias de las Farc o el ELN sean los responsables de quemar un vehículo en Cesar, por tanto es engañoso decir que los atentados fueron cometidos por gestores de paz.
Por otro lado, la fuerza pública sí ha dejado de combatir a los grupos criminales, pero estos también han reducido los enfrentamientos como parte de los ceses al fuego acordados en el marco de la política de paz total del gobierno. Uno de los efectos que ha tenido es a su vez la disminución de bajas de miembros de las fuerzas militares y Policía, a diferencia del mensaje que envía la publicación chequeada de que están siendo víctimas de ataques de forma extraordinaria.
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