Detector: Uribe no ha sido condenado por masacres de Ituango

Al chat de WhatsApp de La Silla Vacía (+57 310294010) llegó un trino del usuario @HFCardonaG que indica que el Tribunal Superior de Medellín confirmó la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en las masacres de El Aro y La Granja.

Le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es engañoso porque el Tribunal sí ha mencionado la posible responsabilidad de Uribe en esos hechos y ha ordenado que otras instituciones competentes como la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investiguen, pero no existe una sentencia condenatoria que lo responsabilice penalmente. De hecho, cuando Uribe renunció al Senado, una indagación sobre su “presunta intervención” en esas masacres que adelantaba la Corte Suprema pasó a la Fiscalía y sigue en etapa preliminar.

Este es el trino: 

El Tribunal Superior de Medellín confirma la responsabilidad de Uribe no sólo en la masacre de El Aro sino también en la masacre ocurrida en el corregimiento La Granja.#Justicia pic.twitter.com/jZHHxH1bUV

— Héctor Fabio Cardona (@HFCardonaG) April 13, 2023

El Tribunal compulsó copias para investigar a Uribe, pero no ha sido declarado responsable penalmente

El 11 de junio de 1996, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron cinco campesinos en la vereda La Granja de Ituango por, supuestamente, ser colaboradores de la guerrilla. Casi un año después, el 22 de octubre de 1997, un grupo de paramilitares del Bloque Mineros de las AUC mató a 15 campesinos en el corregimiento del Aro, del mismo municipio, y desplazó cientos de personas.

En esos años el expresidente Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. En varias ocasiones, con ocasión de procesos contra exparamiliates, el Tribunal Superior de Medellín ha mencionado la posible responsabilidad de Uribe en esos hechos y por eso ha pedido a entidades competentes que lo investiguen.

En septiembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar al expresidente Álvaro Uribe “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República”.

Esa decisión estuvo dentro del Auto de Control de Legalidad de Cargos que excluyó de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a siete exparamilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El Tribunal indica en esa providencia que Uribe “está detrás de las omisiones en la masacre del Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situación y a cuya comunidad no le brindó apoyo durante 7 días y luego desmintió las denuncias”. Uribe ha negado las acusaciones.

Un año después, luego de una apelación, la Corte Suprema de Justicia declaró nulo ese auto. Pero en 2015 el Tribunal retomó el proceso y ratificó la compulsa de copias para investigar a Uribe.

A inicios de 2015 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín también compulsó copias, esta vez a la Fiscalía, para que investigue la responsabilidad de Uribe en la masacre de El Aro. Esto tras el testimonio de una víctima que indicó que vio un helicóptero de la gobernación de Antioquia mientras ocurría la masacre. Uribe también ha negado eso.

Años después el Tribunal vuelve a pedir que se investigue a Uribe. En 2017, en una decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín condena a los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio por el asesinato de Jesús María Valle, el presidente del Comité de Derechos Humanos en Antioquia y principal denunciante de que las masacres del Aro y La Granja las habían cometido los paramilitares con complicidad de la Fuerza Pública.

En esa sentencia el Tribunal volvió a compulsar copias a la Fiscalía para que investigue las conductas de varias personas, entre estas Uribe, “para que obre en las investigaciones por las masacres del Aro y La Granja, e igualmente para que adelante -si aún no lo ha hecho- las investigaciones penales a que haya lugar en contra de los acá citados y demás responsables por el homicidio del Dr. Valle”.

Estas dos últimas fueron adicionadas al proceso formal que por esos hechos ya llevaba la justicia desde el 2000. Ese año la Fiscalía ordenó la apertura de investigación contra Uribe por “la presunta conducta omisiva cuando fungía como gobernador de Antioquia, frente a los ataques a la población civil en el municipio de Ituango”. Pero a finales de 2000, por instrucción del fiscal general de la época, Alfonso Gómez Méndez, no se inició la investigación porque no había “mérito” para hacerlo.

En 2011 la investigación dio un giro. Ese año el senador Iván Cepeda allegó a la Fiscalía testimonios de exparas presos de que a mediados de 1990 un grupo paramilitar tenía como base la hacienda Guacharacas, que sería en ese entonces de Uribe. Eso, junto a una demanda formal que Cepeda puso contra Uribe en 2012 por la conformación del Bloque Metro de las AUC, hizo que la investigación se reanudara en 2013. El proceso en 2014 pasó a la Corte Suprema porque Uribe se volvió senador, pero en 2020 la Corte lo remitió a la Fiscalía porque el expresidente renunció al Senado. Desde entonces sigue en indagación preliminar; es decir, ni siquiera ha empezado la investigación formal.

En conclusión, en el marco de otros procesos contra exparamilitares, el Tribunal Superior de Medellín sí ha mencionado la posible responsabilidad de Uribe, principalmente, como gobernador de Antioquia en esa época, de las masacres de El Aro y la Granja, y ha compulsado copias para que lo investiguen las entidades competentes. A la fecha la Fiscalía lleva una investigación en su contra por esos hechos iniciada desde 2000, pero no ha pasado de la etapa preliminar. Entonces, no hay una condena definitiva que establezca la responsabilidad de Uribe en esos delitos. Por eso calificamos la información del trino, que dice que el Tribunal Superior de Medellín confirmó la responsabilidad del expresidente en las masacres del Aro y La Granja, como engañosa.