En Facebook está circulando una publicación que muestra información sobre Indra, Ia empresa española encargada de contar los votos en las elecciones colombianas. También menciona al registrador nacional, Alexander Vega.

La publicación comienza así:

Sergio Alzate el abogado que recogió la bandera de Hervin estuvo 12 horas seguidas en la fiscalía y entregó todas las pruebas del fraude y explicó cómo estaba configurado el software para este propósito. Esta es una noticia bomba !! Enviado por un colombiano radicado en España -sabe lo que dice-: El Registrador es un petrista que funge de honesto OjO Colombia. Tienen EL REGISTRADOR Y EL SOFTWARE de $27.000 millones, hecho por la empresa INDRA, propiedad del gobierno socialista español, para ROBARSE LAS ELECCIONES. Por favor entiendan el problema, ES MUY GRAVE. La multinacional INDRA es propiedad del PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)”.

Como varios usuarios calificaron esa publicación como falsa y como se ha compartido cerca de 900 veces, le pasamos el Detector de Mentiras y en efecto lo es. Indra no es propiedad del Gobierno español ni del Psoe.

Esta es la publicación:

Verificamos cada una de las frases chequeables y encontramos esto:

  • “Sergio Alzate, el abogado que recogió la bandera de Hervin, estuvo 12 horas seguidas en la Fiscalía y entregó todas las pruebas del fraude y explicó cómo estaba configurado el software para este propósito”: cierto, pero

Como contaron Rcn Radio y W Radio, la ong Colombia Transparente denunció que al menos 300.000 jurados de votación de las elecciones legislativas del 13 de marzo habrían votado dos veces.

Alzate, director de Colombia Transparente, indicó que recogió 634 archivos en los que supuestamente se evidencian 849 fallas en la organización de las elecciones.

“Se ha probado que hay un fraude a resolución judicial, que hay un voto fraudulento evidenciado y que hubo un favorecimiento para que ese voto fraudulento ocurriera, es decir que votarán dos veces. Está probado que hubo un fraude al sistema, que hubo una alteración de datos”, dijo Álzate.

Según Rcn Radio, Colombia Transparente estuvo en la Fiscalía durante dos días ampliando la denuncia y entregando más pruebas sobre el supuesto fraude.

Días después de la denuncia de la ong, el registrador Alexander Vega desmintió la denuncia de Colombia Transparente.

“Rodaron unos audios por parte de la cadena radial RCN Radio donde se presumía un fraude electoral de una fundación, fundación que yo mismo denuncié porque ha alegado un fraude sin pruebas. Utilizaron y engañaron al medio de comunicación con una grabación, donde dos señores presuntamente decían que iban a asignar jurados”, indicó Vega.

Según el registrador, los audios tienen datos falsos, como la designación de jurados en Chía, Cundinamarca y en los departamentos del Meta y San Andrés.

“Decían que iban a asignar jurados de votación en el puesto de Centro Chía, en Centró Chía no hay puesto de votación y decían que iban a asignar puestos de votación en el departamento del Meta y San Andrés a través directamente de las delegaciones, el software no se maneja en las delegaciones, entonces los medios también han sido engañados con esta información”, dijo Vega.

Es cierto que entre los puestos de votación del municipio de Chía no está el Centro Comercial de Chía.

Como dice Vega, tampoco es verdad que los registradores delegados tengan incidencia en el software electoral ni que con el software se puedan asignar mesas de votación.

El software que opera la española Indra está encargado de la consolidación y divulgación de los datos del preconteo y del escrutinio de los votos, no de definir las mesas.

Aunque Alzate sí presentó pruebas de un supuesto fraude electoral, el material está siendo analizado y aún no se ha probado.

  • “El software de 27 mil millones”: cierto

Como contamos aquí, en el trámite del nuevo Código Electoral que impulsó el registrador Alexander Vega en 2020, sectores de oposición lograron que se incluyera que el Estado comprara el software para hacer el conteo oficial de los votos. Ese es un proceso que técnicamente se llama escrutinio y permite seguir la huella de cada voto para evitar que se presenten irregularidades.

El software consolida los datos de los formularios que llenan los jurados de votación, llamados E14. Esa información puede diferir a la del preconteo del día de la elección, que solo sirve para fines informativos.

Hasta las elecciones de 2019 la Registraduría siempre le había alquilado a un tercero el software de conteo de votos, y se habían presentado errores.

Por eso, ante la petición de la oposición y argumentando que las elecciones son un asunto de seguridad nacional, la Registraduría inició el proceso de selección a finales de 2021 y finalmente le adjudicó, tras un proceso de selección abreviada de mínima cuantía, el contrato de 27 mil millones de pesos a la empresa española Indra, que venía alquilando el software de los escrutinios en las últimas cinco elecciones.

Ahora, es clave recordar que el mes pasado la Corte Constitucional tumbó la reforma.

  • “Indra, propiedad del gobierno socialista español. La multinacional Indra es propiedad del Psoe (Partido socialista obrero español”: falso

La compañía tiene múltiples accionistas, la mayoría privados. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), controlada por el Ministerio de Hacienda, tiene el 18,7 por ciento de las acciones.

La Sepi es el accionista individual más grandes, pero está lejos de ser la única propietaria y de tener el control, como lo muestra la composición accionaria de Indra:

También es falso decir que “es propiedad del Psoe o del partido socialista obrero español”, pues, así el actual gobierno de ese país sea de ese partido, las acciones en Indra son del Estado y no el partido.

Esa información la corroboró la oficina de la empresa española en Colombia. “Es cierto que el software costó $27 mil millones, de resto el contenido de la cadena es falso. El estado español, a través del Sepi, tiene una participación del 18%. El resto del porcentaje está en bolsas de valores”, nos dijo la oficina de prensa.

En febrero pasado, la Sepi, controlada por el Ministerio de Hacienda, informó que el Consejo de Ministros autorizó “el incremento de su participación en el capital social de la sociedad Indra Sistemas, hasta alcanzar un 28% de su capital”.

De esta forma, la Sepi elevará su participación en Indra del 18,75% que posee en la actualidad hasta el 28%.

El Gobierno justificó la operación como una forma de “reforzar la participación del Estado en una compañía estratégica para el país, especialmente en el ámbito de la seguridad y la defensa (…) Dicha decisión responde al renovado compromiso del Estado con una compañía que recientemente ha asumido retos de especial trascendencia para los intereses de nuestro país y de nuestros aliados más cercanos”, dijo Belén Gualda, presidenta de la Sepi.

Es decir, es falso decir que Indra es del gobierno español y del Psoe.

Por lo anterior, calificamos la publicación que circula en Facebook como falsa.