Hoy terminó la audiencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó las posiciones del Estado y las víctimas en el caso del exterminio de la Unión Patriótica (UP).
Lo que sigue es el fallo, que puede tardar varios años.
¿Qué está en juego?
Que se declare o no culpable al Estado por el homicidio de unos 6.000 militantes de la UP, partido creado en los 80, tras los diálogos de paz de las Farc con el gobierno de Belisario Betancur. Y que deba asumir la reparación o no de ellas.
Aunque el Estado, representado en la Agencia de Defensa Jurídica que hace parte del Gobierno, reconoce su participación en esos crímenes, argumenta que hasta ahora sólo hay 219 víctimas reconocidas.
