La Sala Plena del Consejo de Estado presentó en una carta varios cuestionamientos sobre la reforma a la Procuraduría que promueve Margarita Cabello y está siendo actualmente discutida en el Congreso.
Esta reforma está dirigida al código disciplinario y, además de aumentar la planta y el presupuesto de la entidad, le daría a la Procuraduría funciones de juez que hoy no tiene.
El Consejo de Estado se pronunció en contra de este cambio, afirmando que afecta el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de los funcionarios públicos que sean sancionados, así como su derecho “a controvertir los actos de la administración a través de los medios de control previstos por la ley”.
Los magistrados del Consejo de Estado manifiestan que no está previsto en la Constitución que la Procuraduría forme parte de la rama judicial. Así, consideran que el proyecto de ley iría en contra de la división de poderes.
Contexto
Ayer la procuradora Cabello movió el tema diciendo que si no se aprueba el proyecto en el Congreso habrá impunidad. Esto porque el código disciplinario que entra en vigencia en julio de 2021 permitirá que se prescriban los procesos que llevan más de cinco años. La reforma de Cabello dejaría este punto como estaba en el código disciplinario anterior: solo se prescribe si a los cinco años no se ha abierto una investigación.
Aunque es usada como estrategia para promover la aprobación de la reforma, la situación termina por enfatizar la inoperancia de la Procuraduría.
