La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, citó para este martes la versión voluntaria del excongresista caqueteño Luis Fernando Almario para establecer si -como ya lo han dicho algunos exguerrilleros y otros testigos- él se alió con las Farc para exterminar a la familia de políticos liberales Turbay Cote a finales de los años noventa.

La diligencia se venía aplazando desde el año pasado, cuando la JEP había aceptado el sometimiento de Almario. 

La JEP accedió a estudiar el proceso de Almario porque, además del compromiso de aportar al esclarecimiento de los hechos, excomandantes del Bloque Sur de las Farc, lo mencionan en las versiones individuales y colectivas que han presentado sobre los crímenes cometidos en ese departamento.

Una verdad pendiente

Para la Sala de Reconocimiento que lo aceptó con el salvamento de voto de dos de los seis magistrados, lo que ha propuesto hasta ahora el excongresista es prometedor porque representa una oportunidad de “comprender el conflicto desde una perspectiva amplia que supere su entendimiento como simples confrontaciones armadas entre actores o grupos armados”. 

Como contamos en esta historia, Almario no piensa aceptar esas acusaciones en la JEP, según le dijo a La Silla Vacía. El político nos dijo que cree que, a diferencia de la justicia ordinaria, ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz sí tendrá garantías para demostrar que todo por lo que lo han acusado es supuestamente un montaje de testigos falsos. 

Pero si la JEP lo encuentra culpable y él no reconociera su culpa, Almario volvería a la justicia ordinaria y pagaría cárcel hasta por 20 años.