Por tercera vez, la corporación aplaza el primer debate con el que la alcaldía busca, a través de EPM, una transferencia extraordinaria de 330 mil millones de pesos.
La oposición a la administración logró romper el quórum de la Comisión Primera, bloqueando la discusión del proyecto de acuerdo. Con este, Quintero busca terminar de financiar su presupuesto en 2023. Este fue aprobado por un monto de 7.5 billones de pesos, y supuso un incremento de cerca del 16% frente al 2022.
Una coalición en apuros
“Estoy pesimista. Vamos a perder”, le dijo a La Silla un concejal de la coalición quinterista, quien pidió la reserva de su nombre, antes del inicio del debate. La estrategia de la oposición era clara: si no lograban los votos para aprobar la proposición de aplazamiento iban a desbaratar el quórum, según pudo confirmar la Silla con dos concejales que pidieron la reserva de su nombre.
Fue justamente lo que sucedió. Después de dos horas de debate, y en medio de recusaciones y un ambiente hostil en las barras, seis concejales abandonaron el recinto y se aseguraron que el debate no se diera. Entre ellos, el concejal Alfredo Ramos, del Centro Democrático, y los concejales Simón Pérez y Daniel Duque, precandidato a la Alcaldía por el Partido Verde.
Se trata de una nueva señal de la frágil gobernabilidad de Quintero en Medellín, quien ha sufrido otras importantes derrotas en el Concejo, como el rechazo en cinco ocasiones consecutivas de la venta de las acciones de EPM en Tigo-Une.
Sentados, y sin posibilidad de intervenir, estuvieron Jorge Carrillo, gerente de EPM, y Óscar Hurtado, secretario de Hacienda, quienes asistieron para dar explicaciones sobre la salud financiera de la compañía y la destinación de los recursos solicitados por Quintero respectivamente.
Las barras, de nuevo, fueron protagonistas
“¡No más plata para Quintero!, ¡No más plata para Quintero”, gritaban las barras opositoras a la administración, quienes han marcado la temperatura en medio de la polarización en torno al alcalde.
El enfrentamiento llegó a tal nivel que la concejala Lina García, quien presidía la sesión, tuvo que pedirle a la Policía la expulsión de algunos de los asistentes. Luego de anunciar el aplazamiento del debate, la mesa directiva del Concejo anunció que la próxima discusión iba a darse a puerta cerrada.
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