En Tibabuyes, un humedal ubicado en Suba, hay un campamento de 20 personas que vive allí hace nueve meses a modo de protesta por las obras que se están construyendo. Se trata de un puente que une dos localidades, Suba y Engativá. La construcción ya tiene un 78 por ciento de avance y cuesta 65 mil millones de pesos.
Hoy el Acueducto iba a desalojar a estas personas y fue cuando hubo desmanes con el Esmad y algunos manifestantes quemaron un bus del SITP.
Claudia López, pese a que ha rechazado las obras y considera que sí endurece esta zona de reserva, ha dicho que no es posible detenerlas pues los constructores tienen derechos adquiridos para desarrollar el proyecto.
En contraste, la gerente del Acueducto, Cristina Arango, dice que es necesario terminarla por el bien de los recursos públicos y el bien del humedal. Este campamento, dice Arango, ”ha generado diferentes situaciones que afectan el humedal. Por ejemplo, inseguridad, violencia de género, hurto a diferentes insumos de obra y afectación ambiental por las diferentes hogueras en estos últimos nueve meses”.
La concejal verde María Fernanda Rojas, y quien criticó la postura de la gerente del Acueducto, le dijo a La Silla que “el problema de fondo tiene que ver con que la Alcaldía no buscó una alternativa jurídica para tratar de finalizar los contratos con un equipo distinto al que los estructuró”.
Es decir, si se hubiera al menos intentado detener la obra, quizá estas personas no estarían protestando en el lugar. Detener las construcciones en los humedales es hasta ahora una de las promesas que Claudia López les hizo a los ambientalistas y no ha podido cumplir.
