El precandidato presidencial de la Alianza Verde y ex gobernador de Nariño, Camilo Romero, se fue a las afueras del búnker de la Fiscalía, llamó a algunos medios para que cubrieran la noticia y dijo que hay un “sicariato judicial en su contra”. Esto porque está ad portas de un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un contrato de concesión de licores de 2016 que adjudicó como gobernador.

La Fiscalía ya lo imputó, ya radicó el escrito de acusaciones y la Corte deberá juzgarlo. 

Sobre el caso

El proceso que enreda a Romero tiene que ver con la adjudicación de un contrato de licores que entregó la Gobernación de Nariño en cabeza de Romero supuestamente a un aliado político. Aquí se lo explicamos.

La Fiscalía lo imputó por falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto. 

La denuncia de Romero

Según Romero, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez “durmió” el proceso durante estos años y Francisco Barbosa lo reactivó recientemente justo en el arranque de su campaña a la Presidencia. Sin pruebas dice que las ías no le permiten el ejercicio de la político. 

Según Romero el proceso que le abrió la Fiscalía de Martínez está lleno de irregularidades y que el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Jorge Soto, que llevaba el proceso había recaudado pruebas de manera ilegal. 

Por otro lado Romero denunció que la Corte no le aceptó pruebas que demostrarían que no es culpable y por eso recusó a un magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte. Una recusación que tendrá que resolver la Sala Plena.

Mientras esto se resuelve su llamado a juicio está demorado, pero tiene un fantasma en la sombra que podría asustarlo muy cerca a las elecciones presidenciales de 2022.