No todos los sectores políticos se han solidarizado con el gobernador de Antioquia suspendido Aníbal Gaviria.
A esta hora, en un Facebook live, el diputado del Polo Democrático Luis Peláez, el representante a la Cámara del mismo partido Jorge Gómez, el excandidato a la gobernación Felipe Palau y la vicepresidenta nacional de Mujeres del partido Clara Giraldo, están hablando sobre los argumentos que tienen para pedir la renuncia de Gaviria y solicitar a nuevas elecciones.
Entre sus argumentos está la otra pata que le salió a esa investigación la semana que pasó: otro contrato que se firmó en 2012, cuando Gaviria era alcalde de Medellín, entre la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, y Cass Construcciones, una empresa que es propiedad de la familia Solarte Enríquez, en cabeza de Carlos Alberto Solarte Solarte y sus hijos Claudia, Paola y Carlos Andrés.
Peláez argumenta que hay indicios de corrupción en la investigación de 300 páginas que se leyó, y resalta que tanto el contrato de la Gobernación que investiga la Fiscalía como el de la Alcaldía, benefician a la familia Solarte, involucrada en Odebrecht, y que ambos los firmó Margarita Ángel Bernal, en el primero como secretaria de Infraestructura y el segundo como directora de la EDU.
Aprovecho para recomendarles esta historia que detalla en manos de quién está el poder mientras Gaviria está suspendido.
