El Reporte Coronell publicó documentos de la denuncia penal que Emilio Tapia radicó ayer ante la Fiscalía contra la exministra de las TIC Karen Abudinen.
Ella salió salpicada en el escándalo del contrato con el consorcio Centros Poblados que tenía la tarea de llevar conexión de internet a colegios rurales del país. El internet nunca llegó y aparte se perdieron 70 mil millones de pesos. También se comprobó que los seguros bancarios de cumplimiento del contrato eran falsos.
Para Tapia, cuyas empresas estaban detrás de la Unión Temporal que administraba ese contrato, Abudinen aprobó esa garantía del contrato, admitiendo su legalidad y veracidad sin cumplir, según él, con la obligación de revisarlas.
Tapias además dice que la unión temporal fue engañada por una empresa de seguros, pero que todo se hubiera podido solucionar si la ministra no hubiera impedido que ellos expidieran unos nuevos seguros. También dice que ella se interpuso para que pudieran ceder el contrato para que se cumpliera.
El empresario acusa en su denuncia a Abudinen de varios delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público. (Esos delitos dan penas entre 6 a 15 años de cárcel).
Los abogados de la exministra sostienen que sin garantías de ese contrato era imposible ejecutarlo y mucho menos cederlo.
