Las personas no cumplían los requisitos mínimos necesarios para que sus procesos sean tramitados o presentaron sus solicitudes por fuera de los tiempos estipulados por la Ley, según dijo hoy la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Dentro de los datos, 343 personas son integrantes de la fuerza pública y 1.750 corresponden a exintegrantes de las AUC y otros grupos armados con casos que no hacen parte de las competencias de la JEP. También fueron rechazados 666 casos de delitos comunes relacionados con corrupción o narcotráfico y más de 700 personas de las extintas Farc, a las cuales les conceden amnistías.
La mayoría de estos casos también fueron rechazados porque “no brindaron aportes tempranos, oportunos y exhaustivos a la verdad que vayan más allá de lo conocido y establecido por la justicia ordinaria”, dice el comunicado de la JEP.
